Pasó rozando

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La suerte acompañó a la Dimayor y cuando ya habían elevado sus voces de sorpresa e indignación, unidas a una tímida amenaza de suspender el campeonato profesional, la Corte Constitucional les tiró un salvavidas al declarar inexequible el artículo 58 del nuevo Código de Policía referente a las reuniones públicas.

Esta vez se salvaron los equipos, pero el tejemaneje del asunto indica que hay unas fuerzas grandes y poderosas, acolitadas por Vargas Lleras, que quieren promover los grupos de seguridad privada en ese tipo de eventos. El proyecto lo maneja Varón Cotrino, un alfil del candidato, y parece responder a compromisos políticos de su jefe con el mundo de la vigilancia y seguridad privada.

Alegra que hayan caído ese artículo y otros seis de ese tenebroso Código de Policía que confisca libertades de pensamiento y que parece redactado por un servidor de la dictadura de Maduro y no por un presidente que se presenta como liberal y reformista. Empero, como existen probabilidades de que Vargas Lleras y sus amigotes lleguen al poder, sería bueno que la Dimayor y los clubes vayan implementando medidas que les permitan en un futuro no muy lejano enfrentarse a la posibilidad de fútbol sin policía en los estadios. La Dimayor tiene la obligación de empezar a aplicar medidas como la tarjeta electrónica, el chip de seguridad, el control de la venta de boletería, las medidas de aislamiento de los violentos, el tratar de erradicar a los delincuentes de cualquier color de camiseta que están alejando a las familias de los estadios.

Aplaudo la determinación con la que Jorge Perdomo quiere acabar con la convivencia entre estos delincuentes y clubes. Pérdida de puntos, exclusión de los campeonatos, sanciones de por vida para aquellos dirigentes que les hacen asados a los barras bravas, los que les facilitan las boletas para la reventa, los que se toman fotos y llevan su pasión al punto de convertirse en socios y amiguetes de quienes enlodan el fútbol. Perdomo ha anunciado la presentación de un plan de choque para castigar a los dirigentes cómplices y alcahuetes de los barras bravas. Y al que le caiga el guante que se lo chante, porque todos saben quiénes son y cómo actúan.

Afortunadamente se cayó la proyectada medida de la seguridad privada en los estadios, pero la Dimayor debe seguir buscándole soluciones al problema no solo en castigar al cemento –sancionar una tribuna es tan ridículo como inútil–, sino en castigar a los promotores de la violencia.

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