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La Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presidió un día histórico en el marco de sus funciones, pues dio inicio al primer juicio en sus siete años de vida. El acusado es el coronel en retiro Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa con sede en Valledupar (Cesar), quien está sometido a la Jurisdicción, pero que no ha aceptado responsabilidad alguna por las probadas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus hombres, entre 2002 y 2005. En su caso particular, la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación) lo culpa por presuntamente ordenar, participar y encubrir al menos 75 asesinatos, los cuales fueron presentados como operaciones legítimas del Ejército. Tales fueron las consideraciones de la Fiscalía de la JEP sobre el expediente de Mejía, que lo consideró un “Leviatán”, haciendo referencia, en el contexto bíblico, a esa bestia mitológica que simboliza el caos y el poder para una región.
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Mejía está en juicio porque se niega a aceptar culpas y, así, someterse a un programa de justicia restaurativa en favor de las víctimas del paramilitarismo y su alianza con la Fuerza Pública. Así como lo están haciendo otra decena de militares de La Popa, oficiales y suboficiales, imputados ya hace tres años. El coronel en retiro, quien llegó a Valledupar nombrado por el expresidente Andrés Pastrana, tiene seguridad absoluta en su inocencia y, por ello, se arriesgó a ir a juicio en la JEP y enfrentarse, en el peor de los casos, a una condena de 20 años de prisión. De hecho, las primeras palabras que se le escucharon durante la diligencia, a propósito desarrollada en Valledupar, fueron: “por la verdad y la historia que la JEP debe reconocer al país, no acepto los cargos. No puedo aceptar lo que nunca hice”, explicó, con mirada directa a los magistrados de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad.
El expediente registra que Mejía sería responsable por la muerte de 75 personas, entre ellas 72 hombres y tres mujeres, contando un adolescente y tres indígenas de la etnia Kankuamo, originarios de la Sierra Nevada. Otros comparecientes militares, durante el proceso, explicaron que Mejía “coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos”. Bajo su comandancia se pusieron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. A toda esa red criminal, el fiscal de la JEP rotuló como “El Tren del Horror”, pues habría sido una estrategia que ya estaba andando cuando Mejía llegó, pero que no frenó y, al contrario, fortaleció en perjuicio de los habitantes del Cesar.
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Para el fiscal de la JEP, Mejía “enlodó el buen nombre de 36 oficiales, 142 suboficiales, 1.813 soldados, que se encontraban vinculados a la unidad, que ofrecieron su vida por la defensa de los derechos de la sociedad. Pactó con los paramilitares del frente Mártires del Cesar”, explicó. Su teoría del caso establece que, en principio, el acusado habría presentado como resultado los cuerpos de quienes fueron acribillados por paramilitares, simulando combates y elaborando documentos para corroborar. Luego, la conexión con la fuerza pública llegó al punto de que los grupos ilegales retenían a campesinos, quienes eran baleados por los mismos soldados de La Popa. “Pero, el Leviatán no se quedó solo con ello”, dijo el fiscal, pues habría prueba de que los mismos soldados escogieron a sus víctimas para mantener el prestigio de su comandante militar.
El paso de Mejía por La Popa, en palabras del fiscal, fue un legado de “familias estigmatizadas, mutiladas, destruidas por la violencia y sin oportunidades. Hijos huérfanos. Viudas. Madres sin sus hijos”. Para sostener esa teoría, la Fiscalía llamó al estrado a Alid Alfonso Pacheco, indígena kankuamo y hermano de Anuar de Armas Rincones, asesinado y reportado por el Ejército como guerrillero del ELN, en 2002. El testigo, nervioso ante el micrófono, recordó haber reconocido a su hermano por un pantalón que siempre le pidió prestado y que se había llevado el día que desapareció en Valledupar. “Se fue a una cita y no supimos nada más de él durante 15 días. Se me hizo extraño que tuviera tiros en las dos rodillas y otros dos en el pecho, a la izquierda y a la derecha a la misma altura. Ahí comenzó la familia a desintegrarse y comenzó mi mamá con problemas de nervios y del corazón. Tuvimos miedo, porque nos tildaron de guerrilleros”, dijo.
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Otro de los testigos en participar en el juicio fue Heber Hernán Gómez Naranjo, quien entre 2001 y 2003 integró la plana mayor del Batallón La Popa. Estuvo siete años encarcelado por su participación en ejecuciones, hasta que se sometió a la JEP en 2017. Gómez Naranjo explicó que bajo la comandancia de Mejía nunca se hizo una operación real en contra de las Autodefensas y, en realidad, estaban aliados con ellos para la comisión de los crímenes. De hecho, una vez llegó Mejía al batallón se presentó el primer resultado en años, que correspondía a un hombre asesinado y en el que se reportó un combate inexistente. Con el tiempo, “él ya daba la orden precisa. Me decía que me dirigiera a un sitio. Que llevara un teniente. Y allá iba a encontrar cuerpos. La orden puntal era que se debía reportar combates. Pero obviamente combates no había”, testificó.
La defensa del coronel (r) Mejía, representada por el abogado Germán Guillermo Navarrete, aseguró que logrará el expediente termine en absolución, por cuanto, en realidad, su defendido fue quien le dio seguridad al departamento. “Testigos mostrarán durante el juicio cómo el nombramiento del coronel Mejía Gutiérrez no obedeció a políticas de Estado de sacrificios, matanzas o barbarie. Sino a políticas de seguridad del gobierno Pastrana. Lo mandó porque era un gran soldado, sin tacha. No lo mandó a gerenciar un ‘tren de la muerte’. Lo mandó a asegurar la comunidad. La verdadera comunidad: los otros 500.000 habitantes del Cesar que no conoce Colombia”, aseguró. Y le advirtió a la magistratura que los militares que han salpicado a Mejía son quienes en verdad conformaron una banda criminal que asesinó a las víctimas reconocidas.
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La teoría del caso a favor de Mejía busca probar que, aunque era el comandante de La Popa, no tenía cómo cuidar de todos sus soldados. Además, que jamás estuvo directamente en el lugar de un asesinato y que, de hecho, durante su comandancia realizó más de 500 operaciones legítimas, lo que demuestra que tenía un batallón funcional. “Nunca impartió una orden ilegal y, al contrario, judicializó a los bandidos que traficaban con armas para los paramilitares”, explicó. Ahora, la sección de la JEP a cargo del juicio escuchó a más testigos de parte y contraparte, y con ello formará su decisión final. El juicio tendrá cuatro sesiones semanales y finalizará el 4 de diciembre próximo. Después de ello, Mejía obtendrá su primera sentencia en justicia transicional, pues ya cuenta con una en la ordinaria, en la que resultó preso a 14 años por patrullar junto a las Autodefensas y suministrarles armas y uniformes de guerra.
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