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La jueza Carmen Helena Ortiz se tomó casi 12 horas para explicar por qué, para ella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí debe ir a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal. Lo hizo de la mano de su oficial mayor, en una audiencia en la que ambos se turnaron para leer la decisión de más de 300 páginas, en la que enumeraron, una a una, las pruebas que entregaron las partes del proceso y la Fiscalía. Las intervenciones fueron detalladas y claras, una estrategia que resultó clave para entender los pormenores de un expediente de miles de pruebas y testimonios cruzados, en el que había dos hipótesis: la de la Corte Suprema de Justicia y las víctimas, que apunta a que Uribe sí debe responder en juicio, y la de la Fiscalía, que le pidió a la justicia cerrar todo el proceso.
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Después de toda una jornada de audiencia, que solo tuvo un receso de una hora, triunfó la primera. Para Ortiz, la Fiscalía no logró probar que Uribe Vélez fue ajeno a una supuesta manipulación de testigos, como había dicho la Fiscalía en su solicitud de preclusión. En varias ocasiones, durante la diligencia, el juzgado criticó el trabajo del ente investigador, que estuvo liderado por la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa: el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán. Para Ortiz, la Fiscalía omitió presentar evidencias y tomar testimonios claves en el proceso, que sí había tenido en cuenta el alto tribunal, en los que quedaba en evidencia la supuesta participación de Uribe Vélez en la manipulación de testigos.
“El exsenador pudo saber de las actuaciones que realizaba Diego Cadena a su nombre y de lo delicadas que estas podían ser y que además el mismo exsenador daba instrucciones a Cadena en relación con las declaraciones de los testigos más relevantes”, señaló en un momento la jueza. Allí se refería, en concreto, a las prebendas ofrecidas al exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Pero en otro aparte agregó, refiriéndose a otro de los testigos claves del caso: “Existe una duda razonable acerca de si se hizo un ofrecimiento de un beneficio al testigo (Juan Guillermo) Monsalve Pineda a cambio de su declaración. De hecho, las interceptaciones parecen mostrar que es más probable que en efecto haya sido así”.
Durante la audiencia quedó claro que ninguno de los seis argumentos que el fiscal Gabriel Jaimes presentó ante el juzgado para pedir que el expediente fuera archivado fue tenido en cuenta por la jueza Ortiz. En contraste, todas las peticiones de las víctimas se mantuvieron vigentes. En otras palabras, la Fiscalía perdió por goleada. Aunque se esperaba que apelara la decisión del juzgado, al finalizar la audiencia, el propio fiscal Gabriel Jaimes anunció que no lo haría, una posición que tomó a más de un por sorpresa, pues el ente investigador ha sostenido una y otra vez la idea de que el caso debe cerrarse. Así las cosas, el ente investigador quedó en una situación paradójica: si en segunda instancia queda en firme la decisión de Ortiz de no cerrar el caso, se vería obligado a llevar a juicio a Álvaro Uribe, precisamente, lo que ha tratado de evitar desde hace dos años.
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Aunque penalistas no descartan que la Fiscalía vuelva a presentar una solicitud preclusión, teniendo en cuenta los argumentos del juzgado, el panorama para Barbosa es incierto. Similar es la posición en la que quedaron el expresidente y sus abogados, quienes han insistido en que pelearan la decisión que se conoció el 27 de abril (podrían presentar un tutela). Aun así, las conclusiones de Carmen Ortiz fueron rotundas: no solo la Fiscalía no argumentó lo suficientemente su petición de cerrar el caso, sino que hay pruebas que podrían servir para probar que el expresidente dio instrucciones y estaba al tanto de las gestiones del abogado Diego Cadena. Según el expediente, el abogado habría ofrecido dinero y asesorías jurídicas para que testigos cambiaran sus versiones a favor de Uribe.
La decisión de Ortiz marca un punto clave en el que para muchos es el expediente de la década. No solo porque le dio todo el peso jurídico a la investigación que había hecho la Corte Suprema de Justicia, entre 2018 y 2020, sino porque es la segunda vez que un juez señala que hay pruebas para investigar a Uribe por fraude procesal y soborno. Con la decisión en firme, y sin apelaciones, los ojos están puestos sobre lo que haga de ahora en adelante la Fiscalía. Aunque hay penalistas que aseguran que el ente investigador podría cambiar de fiscal y volver a presentar una solicitud para que el caso se archive, hay oros que aseguran que la única salida legal que tiene la Fiscalía es llamar a juicio al expresidente.
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La audiencia dejó otras derrotas para Uribe. Primero, la jueza, ratificó que el expresidente tiene la calidad de imputado. Ya hasta la Corte Constitucional había aclarado esto, pero su defensa insistía en que no tenían claros los hechos por los que era investigado. Y, en segundo lugar, Ortiz aclaró que todas las pruebas que practicó la Sala de Instrucción se presumen legales. Incluso, si con la decisión del 27 de abril se despejaran todas las dudas del caso y el juicio comenzara ahora, se tardaría, según cálculos de penalistas, al menos unos dos o tres años más. En últimas, tras cuatro años de que iniciara el expediente con las primeras indagaciones de la Corte, queda un camino largo para que haya una sentencia o absolución en el caso de Álvaro Uribe.
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