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El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos tendrá que seguir adelante, aún en contra de la voluntad de la Fiscalía y su defensa. En una extensa audiencia, el pasado miércoles 27 de abril, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, negó la petición del ente investigador de archivar el caso, por lo cual tendrían que seguir investigando y el proceso continuará su curso, bien sea para llegar a una absolución o una condena.
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¿Qué pasó durante la audiencia del caso Uribe?
Durante casi 12 horas de audiencia, la juez dijo que la Fiscalía no logró demostrar la inocencia absoluta del exsenador. Trajo a colación una serie de testimonios que, a su juicio, no tuvo en cuenta el fiscal del caso, Gabriel Jaimes. Además, resaltó que existen dudas sobre la responsabilidad de Uribe en los delitos de fraude procesal y soborno. Aunque se esperaba que la Fiscalía presentara un recurso de apelación, y este fuese conocido por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que sorprendió en la diligencia es que Jaimes decidió no apelar, lo que significa que la decisión de Ortiz quedó en firme.
¿Qué pasará ahora en el expediente?
Así las cosas, según expertos, el expediente de Uribe tiene dos panoramas. El primero es que la Fiscalía presente un escrito de acusación para llamarlo a juicio. El segundo, es que la Fiscalía siga investigando para, posteriormente, presentar una nueva solicitud de preclusión. En el primer escenario, el fiscal deberá presentar ante un nuevo juez de conocimiento los argumentos por los cuales seguiría la investigación contra el exsenador, y con ello continuar con el curso del proceso que conlleva a una preparatoria a juicio, juicio, alegatos finales y culminar con un sentido de fallo de absolución o de condena.
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El segundo escenario es que la Fiscalía recabe más información para, de nuevo, pedir la preclusión del proceso. Podría hacerlo, según fuentes consultadas, incluyendo los argumentos que presentó la jueza Ortiz durante la audiencia. Sin embargo, una interpretación más estricta del procedimiento penal supone que el ente investigador no podría volver a presentar el mismo recurso que ya fue rechazado por el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá. La Fiscalía no la tiene fácil.
¿Qué dijo la jueza Ortiz sobre el trabajo de la Fiscalía?
Durante la diligencia, la jueza le reprochó al fiscal Jaimes que no tuvo en cuenta una serie de testimonios que sí relacionó la Corte Suprema de Justicia en un auto de más de 1.500 páginas, con el que dejó en firme la investigación en contra de Uribe en 2020 y con el que ordenó su captura. Además, señaló que las evidencias que presentaron las víctimas del caso, entre ellos el senador Iván Cepeda y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, dejan entrever que sí hay dudas sobre el papel que juró el expresidente en una serie de hechos en los que habría podido existir una manipulación de testigos.
Por ahora, la Fiscalía ya descartó presentar un recurso de apelación en contra de la decisión de la jueza Ortiz. De haberlo presentado, como así lo pronosticaban fuentes cercanas del proceso, el caso habría caído en el Tribunal Superior de Bogotá, que tenía dos opciones: confirmar la decisión del juzgado o tumbarla. Es decir, ordenar el cierre del proceso. Aunque la defensa del expresidente no tenía la posibilidad de apelar la decisión, pues solo podía hacerlo la Fiscalía, no se descarta que puedan presentar una tutela para seguir la disputa judicial.
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¿Qué petición estudió la jueza Ortiz?
La petición de precluir el proceso duró en estudio un poco más de un año, pues el fiscal Jaimes la presentó el 6 de abril de 2021, tres meses después de recibir la investigación que venía de la Corte Suprema. Según dijo en ese momento el fiscal Jaimes, después de estudiar todas las pruebas, no se encontró material suficiente que hiciera pensar que Uribe hubiera cometido alguno de los delitos por los que estaba siendo investigado en la Corte: fraude procesal y soborno.
La investigación llegó a manos de la Fiscalía cuando Uribe perdió su fuero como senador, después de renunciar a su curul en el Senado el 18 de agosto de 2020, decisión que aseguró haber tomado, porque, a su parecer, no tenía garantías procesales en el alto tribunal. Dos días después de la renuncia del ahora exsenador, su defensa hizo la solicitud de que las indagaciones pasaran a manos de la Fiscalía, lo que se concretó en septiembre de ese mismo año, cuando la Corte se desentendió del caso. Al llegar a sus manos, el fiscal general Francisco Barbosa decidió que el curtido Gabriel Jaimes Durán, coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, sería el encargado de llevar la investigación contra el exmandatario.
En la audiencia de ayer, ninguno de los seis argumentos de Jaimes Durán para pedir el cierre del proceso fue tenido en cuenta por la fiscal. Quienes conocen el proceso no descartan que sea apartado del caso. El lío es que se trata de la mano derecha de Barbosa en temas de alto perfil, y pocos casos de esta importancia reposan en la Fiscalía. Los ojos están puestos sobre los pasos que tomará la entidad y sus incidencias en el expediente que es, para muchos, el más importante de la década.
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