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La seguridad fue uno de los temas que más se trató en campaña y uno de los primeros sobre los que se actuó durante los primeros días de gobierno de varias de las nuevas administraciones. La mayoría iniciaron el año con consejos de seguridad en los que anunciaron que reforzarían la presencia de uniformados en las zonas con mayor incidencia de delitos. En regiones como el Valle del Cauca se hicieron propuestas al Gobierno Nacional para invertir recursos y activar planes en zonas específicas, mientras que en otras como Bucaramanga se anunciaron nuevas estrategias que incluyen el control del consumo de drogas en el espacio público.
Lo cierto es que si bien hay una percepción generalizada en el país de que se debe atender la seguridad como uno de los temas prioritarios, también es cierto que no en todas las regiones se tienen las mismas problemáticas. De acuerdo con cifras del Observatorio del Delito de la Policía Nacional, en casos como el de Medellín se evidencia una reducción en los homicidios, pero la ciudad es la que sigue encabezando el hurto de motocicletas en el país.
En Cali, las cifras de homicidios han llegado a superar a las de Bogotá, mientras que en Barranquilla, en 2023, se duplicaron los casos denunciados por extorsión, sin contar los registrados en su área metropolitana. Ante esto hablamos con expertos, que analizan los comportamientos delictivos de las principales ciudades del país.
En Medellín bajaron los homicidios, pero…
La percepción de seguridad en la capital antioqueña se redujo durante la administración de Daniel Quintero. De acuerdo con cifras de Medellín Cómo Vamos, mientras que en 2019 la visión positiva fue de 49 %, para el año pasado quedó en 42%. En gran parte esto se debe al aumento de hurtos a personas y la constante en el hurto de carros y motos, a lo que se suma un aumento de las extorsiones.
Pero uno de los casos de los que más se jactó la administración saliente fue el descenso de los homicidios, que de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, entre 2020 y 2023, los homicidios llegaron a un pico de 402 en 2021, descendieron a 358 en 2022 y finalmente llegaron a 302 en 2023 (hasta septiembre).
Para Julián Machado, coordinador de la campaña “No Copio. Nada justifica el homicidio y el feminicidio”, no se trató de una política de seguridad efectiva de Quintero. En su lugar, cree que se deben tener en cuenta también otros factores, como la pandemia en 2020 o que las bandas delincuenciales o “combos” han empezado a ejercer control territorial a través de otros medios que llaman menos la atención mediática: como las amenazas, las extorsiones o los desplazamientos. A esto añade un tercer factor que es la inclusión del 95 % de los cabecillas de combos en los diálogos de la Paz Total, por lo que se han hecho treguas en las periferias.
“No es que Daniel, a medida que su gobierno fue avanzando, fue mejorando su política de seguridad o fue teniendo las cuentas claras y los programas fueron dando resultados, sino que más bien todo esto respondió a un montón de situaciones que se vivieron en Medellín, en estos últimos cuatro años”, explica Machado.
En cuanto al programa de gobierno de Federico Gutiérrez, señala que la política de seguridad es muy similar a la de su primera administración, que se enfocó a desarticular estructuras criminales y sus rentas a través del aumento de pie de fuerza. El mandatario anunció una política de recompensas, así como la instalación de 10 puestos de control policial, en puntos neurálgicos, mientras que en los próximos días se espera un consejo de seguridad con el Gobierno Nacional.
Las cifras vs la percepción en Cali
Pese a que durante la administración de Jorge Iván Ospina hubo una reducción en lesiones personales y en los homicidios, la percepción de inseguridad ciudadana no fue la mejor. De hecho, en 2022, en la encuesta de Seguridad Ciudadana y Convivencia del DANE, la ciudad tuvo la peor cifra del país con el 84,1 %.
Para Felipe Fernández, consultor en paz y seguridad de Cali, esto tiene que ver con que el hurto es de los delitos que mayor incidencia tiene sobre la percepción, en el cual no hubo una mejoría significativa. En el caso del hurto a personas, por ejemplo, se partió de 13.524 en el 2020 y llegó a 18.965, en 2021, y 24.422 en 2022, mientras que hasta septiembre de 2023 iba en 13.767 casos registrados por el Siedco.
Otra incidencia habría tenido la percepción de Ospina. “Luego del paro, el mismo alcalde manifestó que la ciudad se le salió de las manos. Entonces quedó esa sensación de que no le interesaba la seguridad. Más allá de los esfuerzos tangibles, es muy complejo en términos de legitimidad. Si la ciudadanía no cree en lo que hace su gobernante, no le va a reconocer los buenos resultados”, indica Fernández.
De la política con la que llegó Alejandro Eder, el experto destaca la necesidad de crear puentes entre las instituciones y la sociedad civil. “Creo que la política de seguridad de Alejandro Eder tiene que reorganizar la ciudad, porque él menciona que hay una crisis y que hay que revivir la ciudad. Pues, sin duda, hay una sensación de desorden por todo lo que ocurrió en el paro y por decisiones propias del alcalde Ospina”, añade el experto.
Además, resalta la inversión que se hará en la Policía y el fuerte componente para la prevención de homicidios. “Lastimosamente en términos de seguridad lo que más vale es el homicidio, más allá del hurto, más allá de otros indicadores que también afectan la percepción, pero en Cali a ti te valen tu política es por el manejo del homicidio”, asegura Fernández.
Por último, ve falta de claridad en las estrategias para enfrentar los hurtos. “Se ha hablado de una articulación con la Policía en el sistema de transporte masivo, en el MIO, pero no es muy claro con qué capacidades. La gente no sabe muy bien si la Policía se va a montar a las estaciones o va a subir a los buses. No se sabe muy bien cómo va a funcionar esta articulación”, explicó Fernández.
Seguridad reactiva en Barranquilla
En la capital del Atlántico preocupan las extorsiones. Hasta septiembre de 2023, la tasa estaba en 74,5 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Bogotá era de 15,5 y en Medellín de 28,7; además, durante la administración de Jaime Pumarejo hubo un incremento del 700 % en las denuncias.
Para Luis Trejos, investigador y profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la U. del Norte, el problema va más allá de las cifras, pues si bien el Gaula ha incentivado la denuncia, muchas organizaciones han coartado a la gente a hacerlo. Por ejemplo, la Unión Colombiana de Comerciantes (Undeco) de Barranquilla reveló en marzo de 2023 que desde 2019 habían cerrado 200 tiendas de barrio por las extorsiones, que para Trejos muchas obedecen a que los tenderos ya no tenían plata para pagarle a las bandas.
De la llegada de Alejandro Char se esperan varias cosas, comenzando por el anuncio de crear una secretaria de Seguridad, que no existía antes. Ayer, se anunció la llegada de 460 de los 1.760 nuevos policías que tendrá la ciudad, así como también se instalará un esquema de recompensas, lo que para Trejos debe ir acompañado de una política más robusta para enfrentar el crimen de la ciudad.
“La tradición durante los mandatos de la casa Char es que todas las decisiones de seguridad son tomadas a puerta cerrada, entre la Policía y la Administración. Eso no ha resuelto los problemas. Lo que esperamos muchos acá en el territorio es que haya un proceso de gobernanza y que ojalá escuchen a sectores de la sociedad civil y a los gremios que han sido bastante afectados por la inseguridad, como los tenderos o los transportadores públicos, quienes también han sido víctimas”, concluye Trejos.
En Cartagena hay que atender la pobreza
William Dau dejó la alcaldía con un aumento de los hurtos a personas que pasaron de de 4.033 casos, en 2020, a 6.419, en 2023, según cifras del Siedco, así como de los homicidios, que pasaron de 212 en el primer año de mandato de Dau a 295, hasta septiembre de 2023, lo que para Fredi Goyeneche, investigador social y docente en la Universidad Libre de Cartagena, está relacionado con el aumento del microtráfico en la ciudad. “Hoy el tráfico que circula no es de marihuana, es de cocaína y de drogas sintéticas. Eso genera una disputa territorial que ha enfrentado a bandas como la de Rasguño o La Cordillera, ellos han venido a la ciudad de Cartagena a disputarse el mercado local”, explica.
A esto, según el experto, se le suma una creciente violencia en la comisión de los delitos. “En los últimos cuatro años tuvimos una diferenciación muy notoria en la composición de los homicidios: antes eran por causas comunes, ahora los homicidios están originados en el sicariato y están determinados por el ajuste de cuentas por el dominio territorial de las bandas”.
Por esto, cree en el plan “Titán 24″ anunciado por el nuevo alcalde Dumek Turbay y que comprende la inversión en tecnología de vigilancia, la creación de comandos especiales en cada localidad y medidas de choque contra los delitos. Sin embargo, añade que también es necesario acompañar estas medidas de políticas sociales que reduzcan la pobreza.
“La seguridad se logra con políticas sociales, en las que tenemos una gran deuda. Eso se repite a cada rato como un cliché: una deuda social. Cartagena no es una ciudad fantástica, Cartagena, es una ciudad insegura y hambrienta”, cierra Goyeneche.
Un observatorio para Bucaramanga
En la capital santandereana se mantuvo el número de hurtos y la de homicidios, cuya tasa es de 19,29, lo que la deja por debajo de la de Cali (46,2), pero por encima de la de Bogotá (15,5), pero lo que más resalta es el aumento del hurto a personas que tuvo un registro de 4.572 casos, en 2020, y terminó en septiembre de 2023 con 7.700 reportes, según el Siedco.
Para el coordinador del Observatorio Ciudadano de Bucaramanga, Julio Acelas, en Bucaramanga hay una crisis generalizada que inició en 2016 con el desplome de los precios del petróleo y se agudizó con la pandemia.
“Nos estamos recuperando hasta ahora a niveles de pre-pandemia, pero hay una crisis social. Bucaramanga es una ciudad que siempre aparece en los primeros lugares de menor desempleo, pero la realidad es que, si bien tenemos el menor desempleo, hay una informalidad altísima: arriba del 60 %”, precisa Acelas.
Mientras que, con respecto a las acciones en seguridad, considera que los mandatarios se han enfocado en invertir en Fuerza Pública y priorizar el desmantelamiento de las abandas, pero pocos son los resultados tangibles. “Aquí en Bucaramanga, por ejemplo, hace dos años se desmantelaron 50 bandas y 29 en el 2022. Piden más policías y la gente ve que eso no da resultados. Se capturan jíbaros, se capturan bandas, pero el negocio continúa, en el caso de la droga”, expone Acelas.
Y en parte, el experto cree que esto ocurre porque no hay quién cumpla dentro de la administración con el rol de analizar las cifras y los fenómenos de la ciudad. “El gobernador anterior (Mauricio Aguilar) se gastó cerca de $50.000 millones de seguridad y convivencia de los fondos, la mayoría esos dineros fueron invertidos o ejecutados sin evidencia. La anterior Alcaldía se gastó unos $25.000 millones, la mayoría también tomando decisiones e invirtiendo sin evidencias, porque acá no hay un observatorio del delito que analice las dinámicas de la seguridad”.
Una de las más grandes promesas del nuevo alcalde Jaime Andrés Beltrán fue hacerle frente a la inseguridad. Apenas inició su mandato anunció una “Operación candado” en la que incluye focalizar operativos en zonas sensibles para la ciudad, un programa de recompensas y la conformación de equipos de reacción inmediata con grupos de seguridad privado, lo que ha generado debate en la región.
Para Acelas, esta política va por la misma línea de lo que se ha hecho tradicionalmente en la ciudad, lo cual, reitera no ha traído resultados tangibles a largo plazo. “Yo espero el diseño de una política de prevención agresiva para ganarle los niños adolescentes y jóvenes a la delincuencia de las drogas. Hoy eso ya está inventado. Además, hay que tener cifras reales y veraces; hay que crear un observatorio del delito que sea responsable”.