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La bancada de Arauca en el Congreso lamentó la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el atentado terrorista de este 17 de septiembre contra la base militar, que deja hasta la fecha dos soldados muertos. Aunque los legisladores tenían fuertes críticas con la manera en que se estaban desarrollando las conversaciones con el grupo guerrillero, temen una escalada de violencia aún mayor por la determinación del Gobierno.
El presidente analizó durante todo este miércoles si cerrarle o no la puerta al ELN y la respuesta llegó en la noche. Pero antes del anuncio, para mostrar su solidaridad con las dos víctimas fatales y los más de 20 soldados heridos le ordenó al ministerio de Defensa viajar hasta la zona para conocer la situación de primera mano, mientras que él visitó el Hospital Militar, donde están siendo atendidos los uniformados.
No obstante, los tres representantes por Arauca, Germán Rozo (Partido Liberal), Karen Manrique (CITREP) y Lina María Garrido (Cambio Radical), y el senador José Vicente Carreño (Centro Democrático), consideran que son acciones tardías. Incluso, algunos cuestionaron que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no estuviera en el país para atender el atentado, pues se encontraba cumpliendo agenda en Estados Unidos.
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Los mismos sostienen que no solo durante intervenciones en debates de control político, mociones de censura o en las mismas sesiones ordinarias le advirtieron al Gobierno las dificultades de orden público que atraviesa la región, sino que también lo hicieron a través de cartas y peticiones. También mencionaron la necesidad de replantear los diálogos y la vinculación de sus voceros.
La principal queja de los cuatro es que su departamento no se habría visto como prioridad en el marco de la paz total, a pesar de que los tres representantes votaron positivo a este proyecto del Gobierno, incluso Garrido, pese a ser del partido opositor Cambio Radical. Algunos consideran que los esfuerzos de seguridad se concentraron en el Cauca, y que mucho tendría que ver la realización de la COP16 en Cali y que la vicepresidenta Francia Márquez y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco nacieron en dicho departamento.
Desde el Gobierno no habría un voz que represente los intereses de Arauca, creen los legisladores y como muestra de ello citan que en las mesas de diálogo se les dio asientos a los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda, ambos del Pacto Histórico, en lugar de a líderes de la región. “¿Qué saben los senadores de Arauca?”, dijo uno de los congresistas.
El liberal rozo dice que el ataque contra el cantón del Batallón de Artillería de Campaña N°18, ubicado en el corregimiento de Puerto Jordán, se gestó luego de una carta que le envió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidiéndole medidas especiales de protección para el departamento, sobre todo, por el corte de energía que se ejecutó en los siete municipios desde este martes y hasta el jueves, por decisión de la operadora Isa Intercolombia.
“Este corte tan prolongado tendrá un impacto significativo en la seguridad pública, por lo que es urgente contar con medidas preventivas y efectivas y el refuerzo del pie de fuerza para prevenir actos de vandalismos, hurtos y ataques a la infraestructura por parte de la delincuencia común y de los grupos guerrilleros y disidencias que operan en nuestro territorio”, dice la carta enviada a la cartera de Defensa el pasado 13 de septiembre.
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Garrido, quien el pasado 20 de julio fue elegida como segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, sostiene que ella también buscó al Gobierno para pedir su ayuda, solicitándole al alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, visitar Arauca para conocer la problemática.
“Le hemos manifestado al señor presidente que se estaban gestionando muy mal los procesos de los diálogos de paz y le pedimos que nos permitiera participar en las mesas como conocedores y habitantes de Arauca, pero no fue posible. Además, no se ha hecho un solo consejo de seguridad en el departamento”, indicó la congresista, que prepara un debate de control político contra los ministerios de Defensa, Justicia y la Oficina para la Paz.
Aunque la proposición para el debate fue radicada desde el pasado 21 de agosto, se espera que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, le dé celeridad a su agendamiento en la plenaria, donde el debate está centrado en la reforma laboral del Gobierno.
Igualmente, este viernes el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, y el representante Rozo se reunirán para hablar de la seguridad y la inversión social en Arauca y esperan contar con la presencia de algún funcionario del Gobierno. El 3 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso aceptó ir al departamento para sesionar desde el lugar.
A todo esto se le agrega la difícil situación fronteriza que se ha tenido con la guerrilla del ELN con sus cruces entre Colombia y Venezuela, que le permitiría un control del tráfico ilegal de mercancías y estupefacientes entre los dos países. Sobre esto, Petro aseguró que el grupo criminal aspira a que “la desestabilización en Venezuela le pueda dar aire”.
Pero, además de la seguridad en Arauca y otras zonas del país, hay otro tema que le preocupa al Congreso y es el Presupuesto para 2025 que solicita el ministerio de Defensa, pues de los $73 billones que solicita la cartera, solo un bajo porcentaje iría destinado a la Fuerza Pública.
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Desde Cambio Radical aseguran que si bien ha venido creciendo el pie de fuerza, es decir, el número de policías y soldados en algunas regiones, no lo ha hecho la inversión para estos grupos de uniformados, por lo que se espera llegar a acuerdos con la cartera para que se suba el porcentaje.
Por lo pronto, el gobierno Petro le puso fin a su apuesta de paz con el ELN, pero, una muestra real de compromiso con los diálogos podría reactivar las negociaciones, según le contaron a este diario fuentes cercanas al proceso. Un gesto podría ser un cese unilateral al fuego.
“Debemos persistir. No es justo que el Gobierno cierre la puerta, se necesita contundencia con real participación de la sociedad y que el comisionado esté en los territorios, a veces es más fácil que un bandido hable con él que un ciudadano”, dice Rozo, quien también le hace un llamado al ELN, “para que entienda que no se quiere más esta guerra”.
Este nuevo atentado contra la Fuerza Pública y la sociedad civil se convierte en otro episodio agitado que vive el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien sus detractores le recuerdan haber prometido “acabar al ELN” en los primeros tres meses de su gobierno.
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