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Por segunda vez en la investigación penal en contra de Álvaro Uribe Vélez, un juez aclaró que el expresidente debe responder por los delitos de fraude procesal y soborno. Ya lo había dicho la Corte Suprema de Justicia en 2020 y ahora lo hizo la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, quien decidió no precluir el proceso, como lo había pedido el fiscal Gabriel Jaimes al considerar que no había méritos para investigar al líder político. La jueza Ortiz, al contrario de lo que esperaba la Fiscalía, consideró que el trabajo del ente investigador fue insuficiente para demostrar su hipótesis, lo cual deja al líder político imputado y en camino a un posible juicio. Para entender esta determinación, El Espectador seleccionó cinco episodios para entender por qué la jueza no cerró el proceso.
Primer episodio: Uribe pudo dar instrucciones para sobornar a Juan Guillermo Monsalve
Desde 2018, Uribe está bajo investigación por presuntamente apoyarse en terceros para que testigos declararan a su favor en pesquisas relacionadas con apoyo al paramilitarismo. Uno de los nombres que más ha sonado es el del condenado Juan Guillermo Monsalve, cuya versión relaciona a Uribe con la creación del bloque Metro de las Auc. Para probar su testimonio, ha reconocido que su padre fue mayordomo de la hacienda Guacharacas (Antioquia), propiedad de los Uribe Vélez hasta 1996. Monsalve ha dicho que, incluso, emisarios del político lo han buscado para hablar contra el senador Iván Cepeda, denunciante y víctima en el actual expediente.
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Según señaló la jueza del caso, hay pruebas que indicarían que Uribe pudo haber conocido y dado instrucciones para ofrecer prebendas a Monsalve a cambio de su verdad. Tal situación habría sucedido en dos momentos, según la hipótesis de la Corte Suprema, la cual es totalmente distinta a la de la Fiscalía. En un primer capítulo, en la cárcel La Picota, en febrero de 2020, el abogado Diego Cadena -antiguo representante del político- presuntamente visitó a Monsalve con el propósito de hacerlo retractar. Monsalve, como testificó, escuchó frases como “Uribe es de palabra”. Además, que podrían ayudarlo para que su caso, una condena a 40 años, llegara a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La jueza consideró que existe al menos la duda de que Monsalve pudo ser paramilitar del bloque Metro, teoría que niegan la Fiscalía y la Procuraduría. Por tanto, ostentaría la calidad de testigo y su versión cabe dentro de las pesquisas. Además, la jueza encontró que dentro del expediente existen suficientes pistas para pensar en que se le hicieron ofrecimientos a Monsalve para que cambiara de versión. Para darle relieve a su hipótesis, la jueza citó detalles de la investigación contra el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, señalado por buscar un mayor reconocimiento de Uribe, intentando torcer a testigos para que hablaran a favor del exmandatario.
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Según la Corte Suprema, como lo citó Ortiz, Prada se habría contactado en 2018 con el recluso Carlos Eduardo López, alas Caliche. Por instrucciones de Prada, al parecer, López buscó a Monsalve para que enviara un video a favor de Uribe desde una cárcel en Huila. Caliche le habría enviado audios y chats a Monsalve en los cuales le decía que un “un man muy grande” quería hablar con él a través suyo. Caliche, en audios conocidos por la Corte, le habría asegurado a Monsalve que Prada tenía el poder suficiente para que su condena por secuestro fuera conocida por la JEP.
Para la jueza, la Fiscalía no presentó pruebas ni indagó más allá en estos dos episodios. “Es posible afirmar que existe una duda razonable acerca de si se hizo un ofrecimiento de un beneficio al testigo Monsalve Pineda a cambio de su declaración. De hecho, las interceptaciones parecen mostrar que es más probable que en efecto haya sido así”, concluyó. Los reparos de la jefe de despacho a la Fiscalía no quedaron ahí.
Segundo episodio: Alias Víctor y la acusación contra Diego Cadena
“Existe prueba directa que indica que Diego Cadena, en nombre de Álvaro Uribe Vélez, ofreció dinero a Carlos Enrique Vélez a cambio de mentir acerca de una supuesta reunión de alias Víctor con el senador Iván Cepeda. Y de los supuestos ofrecimientos que este (el político de oposición) le hiciera para declarar en contra de los hermanos Uribe Vélez”. Esa fue una de las consideraciones de la jueza Ortiz, sobre otra de las gestiones de Diego Cadena, imputadas tanto a Uribe como a su exabogado.
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Según la misma Fiscalía, Cadena podría ser condenado por presuntamente pagarle al menos $48 millones al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en 2017. A través de sus familiares, como su hermana y su sobrino, Cadena habría desembolsado sobornos para que alias Víctor, preso en la cárcel de Palmira (Valle), testificara que Cepeda le había ofrecido prebendas. El exabogado de Uribe acepta esas entregas y ha asegurado que se trató de “ayudas humanitarias”. La Fiscalía lo tiene en juicio penal y en detención domiciliaria.
¿Que tiene que ver Uribe en estas gestiones? La jueza del caso citó la declaración de Cadena ante la Corte Suprema. La magistratura le preguntó si el expresidente estaba enterado de los “trámites” en la cárcel de Palmira. Entonces, Cadena respondió: “Sí señor”. No obstante, el exmandatario ha sostenido que no tenía ni idea de ello. Para la jueza, hay claros indicios de que Cadena ofreció múltiples beneficios a alias Víctor, quien llegó a suscribir cartas a favor del expresidente, y que esas promesas tendrían la venia del expresidente imputado. Jaimes consideró lo contrario, pero su argumentación, por ahora, no resultó suficiente.
Tercer episodio: la condena de la fiscal Hilda Niño
Hilda Niño, exfiscal condenada por recibir sobornos de los narcos Miguel Ángel Mejía y Orlando Villa, en su versión ante la Corte Suprema de Justicia habló de un antiguo complot en la Fiscalía en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Señaló directamente a la administración de Eduardo Montealegre (2012-2016), otra de las víctimas reconocidas en el actual expediente. Incluso, explicó que en la administración de la exfiscal Viviane Morales (2011-2012), se le habría pedido buscar exparamilitares para que enlodaran altos funcionarios del gobierno Uribe.
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Para la jueza, Niño sería una de los “testigos que repentinamente tienen el interés de declarar sobre hechos de los que tuvieron conocimiento años atrás”. Todo porque si conocía de supuestas irregularidades en la administración Montealegre ¿por qué pidió pista para declarar hasta 2018, cuando había tenido acercamientos probados con Diego Cadena desde 2017, momento en el cual este último ya recolectaba testimonios para soportar la defensa de Uribe? Para la jueza, hay mucha tela por cortar en las motivaciones de Niño para declarar y es dable la hipótesis de que Uribe ofreció sobornos a través de terceros, justo en un momento clave para su investigación.
Cuarto episodio: el Tuso Sierra
Juan Carlos el Tuso Sierra, narcotraficante extraditado a Estados Unidos, fue otro de los testimonios solicitados por Jaimes. En los últimos años, envió dos escritos a la Corte Suprema, a través del diputado del Centro Democrático, Roque Arismendi, y Juan Manuel Aguilar, hermano de Carlos Aguilar, antiguo jefe de la Oficina de Envigado. Ambas misivas, según la jueza, contenían serias inconsistencias, aunque convergían en que, en 2009, Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda lo visitaron. Todo para que declarara en contra de Uribe. Y, como en el anterior caso, supuestamente a cambio de prebendas, como asilo en Suiza para su familia o ayuda en la publicación de un libro.
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La jueza concluyó que, en sus versiones, Cadena y Uribe se contradicen sobre cómo se llegó al testimonio del Tuso Sierra. Los interrogantes, según explicó, deben abordarse en una investigación más profunda. Aparte, la jefe de despacho recriminó a la Fiscalía por no indagar en por qué el Tuso Sierra presentó una segunda misiva, con apenas meses de diferencia en 2018. ¿Cuál sería el interés del narcotraficante en allegar un segundo testimonio desde Estados Unidos? “Los interrogantes son susceptibles de abordarse con un mejor esfuerzo investigativo”, concluyó la jueza Ortiz.
Quinto episodio: exparamilitares Mármol, Cuesta y Cadavid
En este punto, la jueza valoró las cartas allegadas a la Corte Suprema, en 2018, por parte de los exparamilitares Giovanny Cadavid (bloque Metro), Elmo Mármol (bloque Central) y Máximo Cuesta (Águilas Negras). Todos aseguran haber compartido patio en prisión con el testigo Juan Guillermo Monsalve. Los tres dijeron que, en 2012, estaban en contacto con la abogada Mercedes Arroyave, quien los visitó en compañía del senador Iván Cepeda, hoy víctima en el expediente.
Ese día, explicaron, los entrevistaron uno por uno y les preguntaron si sabían algo de Uribe. Además, que supuestamente Cepeda ofreció prebendas a cambio de versiones que inculparan al exmandatario. El abogado Diego Cadena los visitó en la cárcel de Combita (Boyacá), en junio de 2018. De su puño y letra fueron recogidas las tres versiones, lo cual resultó al menos sospechoso tanto para la Corte como para la jueza del caso.
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La jueza encontró serias inconsistencias, como las fallas de memoria aludidas por Cadena en su declaración a la Corte Suprema, que contrastan con su versión a la Fiscalía. Ante la entidad, Cadena sí dijo que se reunió con el coronel Germán Ricaurte, quien era el director de la cárcel de Cómbita. Para la jueza, omitir esa información ante la Corte podría ser “una forma de mitigar los efectos de las inferencias de participación suya (Cadena) o de Álvaro Uribe Vélez en los delitos imputados”. Además, para sorpresa de la jueza Ortiz, el fiscal Jaimes nunca llamó a entrevista al Ricaurte, quien sabría de las intenciones de Cadena ante los prisioneros.
En síntesis, más dudas sobre el trabajo del curtido fiscal, quien al final no presentó ningún recurso para controvertir la decisión de la jueza Ortiz. Ahora, el caso Uribe tiene dos caminos. El primero, la Fiscalía podría seguir investigando para, posteriormente, presentar una nueva solicitud de preclusión, teniendo en cuenta los argumentos el juzgado. En el segundo, la Fiscalía continuaría sus pesquisas bajo el panorama descrito por la jueza Ortiz y presentar un escrito de acusación, por primera vez en la historia, en contra de un expresidente y llevarlo a juicio. Las víctimas reconocidas celebran, mientras afines al Centro Democrático arropan a su líder natural.
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