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Una octava jornada de protestas en Francia. La propuesta de la reforma a las pensiones avanza en el Legislativo. Las calles de París están atiborradas de basura, pues el gremio de los recolectores está en huelga. La policía espera la movilización de 650.000 personas, máximo 850.000, en comparación a la afluencia que hubo el 7 de marzo, cuando, en medio de una convocatoria masiva, salieron a las calles entre 1,28 millones y 3,5 millones de franceses. Conforme se acerca el fin del debate del texto en el Congreso, y justo el día en el que se acordó un consenso en una comisión mixta, la presión parece estar disminuyendo. Sí, los sindicatos lanzaron una huelga prorrogable en sectores clave, como la energía y el transporte, pero, según un sondeo reciente de Elabe, empresa de investigación y consultoría, un 80 % de los ciudadanos cree que se aplicará la reforma.
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Ahora bien, eso no implica desconocer el inconformismo que hay alrededor del proyecto de Emmanuel Macron. De hecho, según la misma firma encuestadora, dos de cada tres franceses aprueban la movilización en contra de la propuesta, que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. “Es un día importante para derrotar esta reforma injusta. La movilización de los trabajadores debe interpelar a los diputados. Seamos numerosos en las calles”, tuiteó Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), una central sindical.
Desde principios de año, las calles han presenciado el choque entre las aspiraciones del Gobierno y las exigencias de los ciudadanos. Si se llegara a adoptar la propuesta, Francia se pondría en sintonía con sus vecinos de la Unión Europea y cumpliría con sus metas de ahorro y de evitar déficits en las próximas décadas. En consecuencia, no solo se cambiarían las reglas del juego para los trabajadores que aspiran a lograr una pensión, sino que la ley aboliría los privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público, como los del metro de París. En medio de ello, acaba de resultar un texto en común tras la reunión de la comisión mixta de 14 senadores y diputados, entre los cuales solo había cuatro opositores a la reforma, afirmó antes del encuentro Maxime Tourbe, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de París 8, a “El País” de España. De hecho, el oficialismo y la oposición de derecha favorable al texto son mayoría, por lo que ya se esperaba que el acuerdo fuera un hecho. El Senado aprobaría esto el jueves.
“El Gobierno busca más que nunca una mayoría natural que apoye esta reforma urgente y crucial”, dijo el vocero gubernamental, Olivier Véran. El problema está en la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento. Allí, la alianza centrista de Macron perdió la mayoría en las elecciones legislativas del año pasado, por lo que el Gobierno necesita los votos de los conservadores para sacar adelante el plan. Por parte de los republicanos conservadores, Eric Ciotti, que ocupa un escaño en la Asamblea, dijo en el periódico “Journal du Dimanche” que el “interés de la nación (…) nos obliga a votar a favor”. Sin embargo, los conservadores están divididos y algunos tienen previsto votar en contra o abstenerse.
El mejor escenario, para la credibilidad de la reforma y del Gobierno, sería que el texto obtuviera la aprobación de los congresistas. Sin embargo, la administración de Macron podría emplear un poder constitucional especial, conocido como el 49.3, para forzar la aprobación del texto en el Parlamento sin necesidad de una votación. El politólogo Gilles Finchelstein, de la Fundación Jean Jaurès, le dijo a la AFP que activar esa medida sería una “derrota” para el Gobierno y para el presidente francés, aunque considera que lograrán finalmente la mayoría necesaria.
La única manera de frenar la adopción de la medida 49.3 es que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el Gobierno, pero ninguna de las que se han presentado hasta ahora ha prosperado y Macron advirtió en septiembre que disolvería la Asamblea y convocaría elecciones legislativas anticipadas si una iniciativa de este tipo tuviera éxito. “Si todas las oposiciones se coaligasen para adoptar una moción de censura e hiciesen caer al Gobierno, [Macron] apelaría a los franceses y los franceses decidirían y dirían qué nueva mayoría desean”, declaró, en la cadena de televisión LCI, el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, hace unos meses. El último presidente que disolvió la Asamblea Nacional antes del fin de la legislatura y convocó elecciones anticipadas fue el conservador Jacques Chirac en 1997, y le salió mal.
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