Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La disputa política en las regiones no se cerró el 29 de octubre del 2023, día de las recientes elecciones locales, ni el pasado 1° de enero, cuando se dio el relevo en el poder regional. Tras el éxito de varias campañas y a menos de un mes de las tomas de posesión, ya han surgido demandas que ponen en riesgo la elección de al menos doce gobernadores y alcaldes. Tanto los perdedores de los comicios, como ciudadanos en oposición, buscan destituir a los nuevos mandatarios de sus cargos, en una pugna que se desplaza de las urnas a los tribunales.
Quizá uno de los casos más espinosos ha sido el de la elección a la Alcaldía de Santa Marta, en donde los pasados escrutinios mostraron una estrecha diferencia de 282 votos entre los dos punteros, que favorecía a Jorge Agudelo, del partido Fuerza Ciudadana y aliado de Carlos Caicedo. No obstante, tras una decisión judicial fue anulada su inscripción y su contradictor, Carlos Pinedo, asumió el pasado primero de enero como alcalde.
Según el excandidato de Fuerza Ciudadana, fueron violados sus derechos políticos y, tras perder la alcaldía, anunció este 16 de enero que presentó una demanda de nulidad por supuestas irregularidades en el proceso de elección y escrutinio. El excandidato advirtió que llegará hasta el final en los tribunales para anular los votos de Pinedo y quitarle la credencial. “No desistiremos, iremos hasta las últimas consecuencias; seguiremos acudiendo ante todas las instancias”, indicó.
(Lea: “Retiro de condecoraciones a Arias Cabrales generó choque entre Gobierno y oposición”)
Otro perdedor que demandó fue el exgobernador de Antioquia y excandidato Luis Pérez Gutiérrez, respaldado por los partidos ASI, Fuerza de la Paz, Cambio Radical y Colombia Renaciente. Pérez presentó una demanda contra el actual gobernador, Andrés Julián Rendón, a quien acusa de “violencia psicológica” contra los electores. Según dijo, el ahora alcalde usó “artimañas” para convencer a los antioqueños de que él era la ficha del presidente Gustavo Petro y que tenía el respaldo del Pacto Histórico.
“Fue un engaño al electorado, tuvieron el potencial de afectar el resultado global de las elecciones, constituyeron sin duda un engaño masivo, generalizado y sistemático contra el sufragante”, dijo Pérez. El Consejo de Estado ya admitió la demanda y confirmó que los documentos entregados cumplen con todos los requisitos para estudiar el caso. De prosperar la demanda, Pérez también solicitó a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) repetir las elecciones en Antioquia.
De otro lado, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se enfrenta a una demanda por supuesta doble militancia, que amenaza con anular su elección. Según el demandante, Miguel Alberto ‘Beto’ Vergara, quien fue precandidato a la gobernación por Colombia Humana y uno de sus viejos amigos, -distanciados por motivos políticos-, existen pruebas de que el gobernador respaldó a un candidato al Concejo de Cómbita por el partido de la U, a pesar de estar inscrito por la coalición Boyacá Grande, conformada por Alianza Verde, Colombia Renaciente, Dignidad y Compromiso, y Verde Oxígeno. Este 17 de enero radicaron una nueva demanda en su contra con el mismo argumento.
La demanda de Vergara se basa en un video de un encuentro del 27 de agosto de 2023, en el que Amaya ofrece su apoyo al candidato del Partido de la U. Pese a la acción jurídica, el gobernador dijo que está seguro de que el Consejo de Estado fallará a su favor. Amaya aseguró también que presentará pruebas de que no actuó de manera ilegal y aseguró que podrá continuar con su programa de gobierno. Hay que decir que el demandante respaldó en campaña al candidato del Pacto Histórico, Giovanny Pinzón, quien quedó en tercer lugar tras los escrutinios.
Además de Amaya, al menos otros ocho gobernadores más enfrentan demandas por posible doble militancia. El Consejo de Estado aceptó una querella en contra del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien fue señalado de ofrecer su apoyo a candidatos a la alcaldía de Ubaté que no pertenecían al partido que lo respaldó, Colombia Renaciente. La demanda fue radicada por Wilson Flores, exdiputado que, hasta el 31 de diciembre, pertenecía al Centro Democrático y respaldó a la excandidata Nancy Patricia Gutiérrez.
En el caso de Renson Martínez, gobernador de Arauca, el Consejo de Estado aceptó la demanda que lo acusa de haber respaldado a candidatos diferentes a los del Partido Liberal -con el que se inscribió- en municipios como Cravo Norte, Tame y Puerto Rondón. La demanda fue presentada por Edgar Guzmán Robles, exsecretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, quien también fue exgerente de la campaña de Manuel Alexander Pérez, el excandidato del Centro Democrático, que quedó a 434 votos del actual gobernador después de un complejo escrutinio se alargó por diez días tras la elección.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, enfrenta una demanda similar, por supuestamente respaldar a la candidata de Colombia Renaciente para la alcaldía del municipio de Medio Atrato, siendo ella del Partido Liberal. Del mismo modo, el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, del partido Fuerza Ciudadana, también se enfrenta a la posible anulación de su elección por supuestamente respaldar a dos candidatas del Partido de la U en el Concejo de Santa Marta y la Asamblea de Magdalena.
Tanto los gobernadores de Arauca, Chocó y Magdalena son considerados por el gobierno Petro como aliados, por lo que hay una puja política clave detrás de las disputas jurídicas. En los demás casos: Putumayo, Córdoba, Meta y San Andrés, las demandas también son por doble militancia.
Por otra parte, el Tribunal Administrativo de Santander aceptó una demanda en contra del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también por doble militancia. Y, el alcalde de Tunja, el ruso Mikhail Krasnov, también había sido demandado por una presunta inhabilidad debido a su doble nacionalidad; no obstante, la denuncia fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
En el caso de los alcaldes, las demandas han sido presentadas ante los tribunales de la respectiva entidad territorial, mientras que las de los gobernadores van al Consejo de Estado. Para los casos admitidos, vienen audiencias y práctica de las pruebas. Después, los alegatos van a conclusión y se dicta sentencia. Pero, para Floralba Padrón Pardo, profesora de a Universidad Externado y experta en derecho constitucional, “entre cada una de esas fases hay mucho tiempo (…) Pueden pasar entre 8 meses y un año para que haya una sentencia”. De prosperar alguna de las demandas, se le retiraría la credencial al mandatario y el presidente Petro tendría que escoger a uno provisional, del mismo partido o coalición política.
Inclusive, según Padrón Pardo, “el Consejo de Estado siempre prioriza el derecho político de haber sido elegido. Entonces, si la causal de la demanda no está muy clara, el Consejo no va a declarar nulidad ni la suspensión provisional”, explicó. Aún así, todos los mandatarios han dicho que no han cometido ninguna irregularidad.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
De momento, aunque algunas de las acciones tienen merito jurídico, otras buscan ejercer presión sobre el gobernador o alcalde. En otros casos puede haber una mala interpretación de la causal por parte del demandante. Lo cierto es que las querellas pueden generar un desgaste político prematuro en los gobiernos locales y para expertos, se anticipa que algunos de los demandantes lideren en el futuro procesos de revocatoria del mandato a través de firmas.
En todo caso, en los escenarios regionales también se vivirá otro pulso político, pues los perdedores en las elecciones de alcaldes y gobernadores tienen asegurada la curul de la oposición en concejos y asambleas. Precisamente, ese escaño, que se creó con la Ley 1909 de 2018, buscó, entre otras cosas, “eliminar estas retaliaciones políticas y descongestionar la justicia. Pero, al final siempre se terminan utilizando estas acciones para torpedear la administración pública”, dijo Padrón.
Desde esos escenarios, y ya varios lo han advertido –como en el caso de Medellín con el alcalde Federico Gutiérrez y el concejal Juan Carlos Upegui–, buscarán frenar los programas de gobierno que ganaron en las urnas. No obstante, otros como Luis Pérez no aceptaron la curul. Según lo manifestó, no considera que él represente una fuerza de izquierda para hacerle oposición a la “extrema derecha de Rendón” y, además, prefirió no aceptar su derrota.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: dvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.
Por Laura Duarte Sandoval
Conoce más