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Faltando dos días para que se acabara 2023, el gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de mover recursos para potenciar la implementación del Acuerdo de Paz, uno de los puntos que más le han criticado figuras como el expresidente y nobel de paz Juan Manuel Santos, y el líder de la extinta guerrilla de las FARC Rodrigo Londoño (Timochenko). El documento firmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, certifica un movimiento de $363 mil millones a la Unidad de Implementación, dinero que se utilizará para consolidar la reincorporación a la vida civil de los firmantes de paz y facilitar la reactivación en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El mismo Petro dijo recientemente, en la posesión de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que la implementación de lo acordado no se iba a dar porque “no somos capaces de construir un régimen de verdad, de transformarlo positivamente y de repartir la tierra. El Acuerdo de Paz es tierra, territorio y verdad”. En otras ocasiones también ha hecho referencia a la escasez de recursos y la redistribución de la tierra. Sin embargo, la semana pasada, al entregar el informe trimestral de la Misión de Verificación a la ONU, el representante especial del secretario general en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que “2024 sea un año de implementación”.
En la resolución de dos páginas, conocida por El Espectador, se habla de $363 mil millones a la Unidad de Implementación que se utilizarán para reactivar económica, social y ambientalmente las zonas PDET, que son parte clave del primer punto del Acuerdo, que hace referencia a la reforma rural integral. Esto se hará “a través de la estructuración e implementación de 105 proyectos PDET de mediana y baja escala”, contó la directora de la entidad, Gloria Cuartas. De acuerdo con el concepto favorable que dio el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la distribución de estos recursos, habrá una subcuenta para los PDET de $300 mil millones: $282 mil millones para financiar las iniciativas de desarrollo y cerca de $18 mil millones para hacerles seguimiento y evaluación a esas iniciativas.
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Los restantes $63 mil millones se destinarán a la reincorporación de los excombatientes. Estos se distribuirán así: $36 mil millones para desarrollar una estrategia de fortalecimiento para la atención especializada en salud y la rehabilitación integral y funcional de firmantes del Acuerdo de Paz con discapacidad, $2 mil millones para implementar la estrategia de fortalecimiento de la sostenibilidad de los proyectos productivos colectivos de los firmantes y $25 mil millones para ejecutar acciones para la consolidación de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR).
“Se beneficiarán 1.164 personas reincorporadas que se encuentran en AETCR en riesgo, que necesitan apoyo en los proyectos productivos ya aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación, o que por su condición de discapacidad pueden ser beneficiarias del convenio con el Hospital Militar”, aseguró Cuartas. “Por primera vez desde la firma del Acuerdo ya tenemos el convenio para el Hospital Militar con 40 mil millones que manejara Fondo Colombia en Paz para prótesis y atención a víctimas, firmantes y militares”, contó la directora de la Unidad de Implementación.
La reincorporación de los firmantes de paz supone un asunto de urgencia. El último documento de la Misión de Verificación, que abarca el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2023, registró el homicidio de 11 firmantes de paz. En total, desde la firma del Acuerdo Final, son 406 los excombatientes asesinados.
Por su parte, los PDET que se configuraron hace seis años como iniciativas para mejorar de las condiciones en los 170 municipios que han sido más impactados por el conflicto en Colombia en el marco de la Reforma Rural. Sin embargo, avanzar en ellos ha sido difícil por múltiples razones, según le explicó Raúl Delgado, cabeza de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) a este diario hace unos meses. Aunque ha habido errores de planeación, también ha entorpecido el proceso la falta de financiación y el presunto saqueo de dineros al Ocad Paz -el órgano que viabiliza los proyectos de inversión financiados con regalías para la implementación del Acuerdo- durante la administración de Iván Duque. En junio de 2022 se dio a conocer que se podrían haber desviado hasta $500 mil millones de pesos en el marco de este caso.
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Después del escándalo con Ocad Paz, el DNP aprobó, en agosto de 2023, una nueva metodología para asegurar la equidad y transparencia, un cambio que también quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Se abrió nuevamente la posibilidad de que los 170 municipios presentaran proyectos para acceder a recursos y, en diciembre, la entidad informó que 150 proyectos son elegibles. Según comentó en ese momento Tania Guzmán Pardo, subdirectora general del Sistema General de Regalías del DNP, ese número “evidencia el éxito del cambio de las reglas de juego, implementado por el gobierno actual”.
Otros órganos han llamado la atención sobre estos proyectos. En octubre del año pasado, la Contraloría reveló que en estos seis años, los más de $77 billones invertidos en los PDET no han logrado cambios estructurales en estas zonas rurales. Según el ejercicio de la misma ART “Paz, avanzar cumpliendo”, el 26.3% de los proyectos priorizados en las 16 regiones tienen dificultades.
El asunto de los PDET va más allá de los recursos designados a estos, como los $363 mil millones adicionales que se aprobaron el pasado 29 de diciembre. El informe de la Contraloría también sobre la participación ciudadana en la implementación del punto 1, algo en lo que han coincidido otras organizaciones, como la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Este miércoles, en Davos (Suiza) donde se encontraba para participar en el Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro utilizó el panel “Un momento clave para América Latina” para hablar de estos temas: “Si yo quiero paz, tengo que superar de alguna manera la inequidad territorial, y eso me lleva a transformar economías ilícitas en el territorio por economías lícitas”. Ante esto, la FIP trinó que, para eso, hay que fortalecer los PDET y eso implica, entre otras cosas, retomar la participación de las comunidades para la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y subsanar las disparidades entre subregiones frente al número de jueces de la justicia rural.
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En general, este 2024 ha habido un aumento significativo de los montos totales para el histórico acuerdo. Según el Trazador Presupuestal de Paz divulgado por la FIP, los recursos totales crecieron en un 37,1 % en comparación con 2023. En la mayoría de los capítulos del Acuerdo incrementó algo el presupuesto: reforma Rural Integral, el 40,5%; participación política, el 443,4%; fin del conflicto, 6,6%; víctimas, el 52,4%; implementación, verificación y refrendación, el 40,9%. El único punto en el que se redujo el presupuesto fue el de la solución al problema de las drogas, en un 4,6%. De manera similar, el dinero destinado para todas las entidades que componen este sistema de implementación aumentó, excepto por la Agencia para la Reincorporación y Normalización, cuyo presupuesto de inversión disminuyó un 15,3% en comparación con 2023.
Y es que, sin bien el gobierno de Petro les ha destinado recursos a estos temas de implementación, aún faltan avances, según algunos críticos. El monseñor Héctor Fabio Henao, delegado en la relación Iglesia-Estado, dijo que “ya hay unas rutas en las que se puede avanzar mucho más y de las cuales podemos obtener resultados muy importantes”. El mismo presidente se reunirá este viernes con el papa Francisco en el Vaticano para hablar de paz, luego de que terminar en la noche del miércoles su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
Los mismos Juan Manuel Santos, expresidente, y Rodrigo Londoño, líder de las extintas FARC, han salido a criticar diversos aspectos de la implementación durante el gobierno de Gustavo Petro. En noviembre del año pasado, en Bruselas, en el marco del foro “Cuidar la vida, cumplir el acuerdo”, Londoño recordó que el primer mandatario les prometió que habría un consejero de la implementación. “Hay una necesidad del consejero de Paz, de la implementación, es algo que nos prometió el presidente Petro en Mesetas. Cuando allí, delante de todos los compañeros de aquel espacio, le dijo a Danilo [Rueda] ‘usted está con mucho trabajo encima y este tema de la implementación hay que dejarlo a un lado y vamos a nombrar un consejero en propiedad’”, señaló el firmante de paz.
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Santos, por su parte, ha cuestionado el que Petro le pueda dar más prioridad a las negociaciones con diferentes grupos armados en medio de su proyecto de “paz total”, que a la implementación del Acuerdo. Así lo afirmó en el séptimo aniversario de la firma del Acuerdo. “Con mucho respeto se lo dijimos: que la paz total no opaque la implementación del acuerdo de paz con las FARC”, fueron sus palabras. Las tensiones entre Santos y Petro fueron cocinándose desde antes, cuando en marzo del año pasado, el primer mandatario faltó al encuentro que tenía con el expresidente y otros artífices del Acuerdo en Cartagena para hablar de paz. Desde ese momento se recalcó la necesidad de fortalecer la institucionalidad para la implementación.
Al respecto, Ruiz Massieu dijo ante la ONU que ambos procesos son fundamentales: “es necesario profundizar la implementación del Acuerdo y continuar avanzando en las iniciativas de diálogo con otros actores armados. Continuar trabajando en ambas tareas conscientes de que se refuerzan mutuamente puede generar un círculo virtuoso que permita aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos”.
En medio de los roces por la implementación y los dineros destinados a esta, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que en la segunda semana de febrero los representantes de los 15 países miembros realizarán una visita a Colombia, para evaluar este tema con sus propios ojos. La inyección a la Unidad de Implementación llega, además, en un momento en el que crece la expectativa por los diálogos con las disidencias de Iván Mordisco y por la continuación de la negociación con el ELN. Desde Suiza, el presidente le recordó a los elenos que se necesita voluntad para extender el cese al fuego.
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