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La situación de orden público en Ecuador es lamentable y bastante preocupante, no solo para Ecuador sino también para Colombia y la región. El problema y su solución requiere del actuar contundente y sin vacilación de las autoridades políticas, judiciales, penitenciarias, militares y de policía ecuatorianas, y también de la solidaridad de la comunidad internacional.
Los índices delincuenciales se han incrementado en Ecuador de manera más que exponencial. Es abrumador que, por solo citar un ejemplo, la tasa de homicidios se haya multiplicado por más de siete en los últimos cinco años, pasando de seis a 44 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El narcotráfico está recorriendo los mismos pasos que durante décadas ha recorrido en Colombia. Controla parte del territorio, los espacios de comercio, las fronteras, las actividades cotidianas, parte importante de las fuerzas del orden y también de la política local y nacional que se deja cooptar por el dinero, las amenazas o la falta de carácter, pues allá también, como acá, hace carrera la elección entre la plata o el plomo.
Los narcotraficantes locales en el Ecuador se multiplican y reproducen como lo que son: ratas. Los liderazgos, igual que lo que ocurre en Colombia, están en manos de los jefes de los carteles mexicanos, más peligrosos, salvajes y desalmados que los otrora jefes del cartel de Medellín en los años 80 y 90. Son una mezcla de estructuras de mafiosos y poder paramilitar que retan y desnudan de manera escalofriante la capacidad del Estado o, más bien, la incapacidad.
Se han tomado las cárceles y delinquen desde ellas, luego llevarlos a prisión no parece desactivar su capacidad para retar a la sociedad y a las instituciones, sino, todo lo contrario, para operar, sin correr de escondite en escondite, sus estructuras criminales. Desde las cárceles se cometen y ordenan todo tipo de delitos, incluso crímenes que se ejecutan dentro de los penales, pues no es menos importante el hecho de que en los últimos dos años se haya asesinado a más de 400 presos en las cárceles ecuatorianas.
La sociedad ecuatoriana está obligada a respaldar, sin vacilación alguna, las recientes decisiones del joven presidente Daniel Noboa de declarar el estado de excepción de conflicto armado interno, cuyo solo nombre muestra la gravedad de lo que allí está ocurriendo. Líderes de todos los partidos políticos, unos sinceramente y otros acomodándose, han respaldado las decisiones de Noboa tendientes a volcar la fuerza pública a la calle a capturar bandidos, judicializar las bandas criminales, ordenar la construcción de cárceles y, en fin, a combatir al hampa y defender a la sociedad.
La comunidad internacional debe ya tener aprendido que si el crimen no se combate termina apoderándose de la sociedad y que siempre hacerlo retroceder es más costoso que evitar su avance. Nunca es tarde, pero cuanto más temprano se actúe y con mayor contundencia se haga, eso sí, desde la institucionalidad y el respecto a la ley y a las reglas de juego, más fácil será vencer al narcotráfico, tragedia no solo dramática de Colombia y México, sino de otros países como Ecuador, donde la situación se tornó insostenible.
Solidaridad con Ecuador es lo que corresponde; unidad nacional es lo que necesitan. Solo existe este camino y las diferencias políticas siempre deberán estar por fuera de estas causas de país. Ojalá allá lo entiendan; aquí no hemos podido. ¡Dios salve a Ecuador!
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