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Colombia se enfrenta a un reto comercial significativo tras la entrada en vigor de nuevos gravámenes en Estados Unidos sobre vehículos y autopartes. Dado que el 85 % de los repuestos que requiere el país provienen del exterior, cualquier encarecimiento en su precio incide directamente en consumidores, talleres, concesionarios y fabricantes nacionales.
La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) advierte que las decisiones arancelarias de la administración Trump, vigentes desde abril, podrían profundizar los desequilibrios de la industria automotriz global.
Aquí vale recordar que Donald Trump impuso aranceles por 25 % para carros y autopartes fabricadas por fuera de EE.UU., lo que tendría un profundo efecto en los costos de fabricación y, potencialmente, los de venta de todo tipo de vehículos. Esto en buena parte porque la industria automotriz es una de las más globalizadas, con cadenas logísticas y de producción que pueden integran más de una docena de proveedores para un producto específico.
Y si bien EE.UU. cuenta con varias plantas de fabricación de todo tipo de marcas, incluyendo firmas japonesas en la mira de Trump (como Toyota o Mazda), los componentes que terminan en la línea de ensamblaje no llevan, en una buena proporción, un aviso de “Made in USA”.
Para ilustrar este punto, un ejercicio del diario The Wall Street Journal encontró que una camioneta Ford, una postal común en las calles y carreteras norteamericanas, cuenta con partes provenientes de 24 países, a pesar de ser ensamblado enteramente en EE.UU.
Ahora bien, unos días después de anunciada la medida arancelaria contra la industria automotriz, la política fue suavizada por la Casa Blanca, de la misma forma que ha sucedido con casi todas las piezas del rompecabezas arancelario de Trump.
Para este punto, la obligación arancelaria extra es de, alrededor 10 % vía una serie de créditos y descuentos a los que pueden acceder los fabricantes de ese país. La flexibilización de la medida llegó luego de que la industria pusiera presión sobre la Casa Blanca, a la vez que advirtiera que un arancel general de 25 % sería trasladado casi que directamente a los consumidores, lo que encarecería estos bienes y, de paso, le daría más oxígeno a la inflación general.
Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, explica que la barrera arancelaria general de 10 % sobre las importaciones en EE.UU. afecta, en primera instancia, a los productores colombianos que exportan repuestos a ese país. Además del sector automotor, el resto de las exportaciones colombianas con destino a ese país tienen una obligación extra de 10 %, con excepción de los productos energéticos (que son el principal renglón de ventas internacionales de Colombia).
Quijano advierte que aún es pronto para anticipar con exactitud las consecuencias de las nuevas medidas arancelarias en el mercado estadounidense. Sin embargo, en una reciente visita a centros de distribución de repuestos en ese país, se evidenció que las etiquetas de varias piezas ya incluyen una notificación explícita: al precio base del producto se le suma un porcentaje adicional correspondiente al arancel aplicado, con lo cual el consumidor final es informado del motivo del incremento en el costo.
El panorama del mercado de autos colombiano
A este escenario global se suman algunos problemas y particularidades en el mercado colombiano. Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, señala que la estructura arancelaria colombiana ya presenta barreras que dificultan la comercialización de vehículos.
En este panorama no cayó bien una reciente propuesta gubernamental de aumentar, en promedio, un 10 % los aranceles para 220 subpartidas de autopartes —tanto para automóviles como motocicletas—, con el objetivo de proteger la industria local y fomentar la sustitución de importaciones. Desde la industria se advierte que, a pesar de las buenas intenciones macro de la idea, en el contexto actual, esta medida corre el riesgo de resultar contraproducente. Hasta este momento, la medida sigue en estudio al interior del Gobierno: no ha sido oficializada, tampoco desechada.
Con una capacidad de producción interna limitada, un parque vehicular entre los más diversos de América Latina y escasa inversión sostenida en innovación y maquinaria, Colombia depende en gran medida de proveedores extranjeros. Esta dependencia hace que una eventual alza arancelaria no sólo eleve el costo de los repuestos para el consumidor, sino que también podría encarecer la operación de ensambladoras, concesionarios y talleres, reduciendo la competitividad de la cadena de valor.
Además, un incremento de los gravámenes podría impulsar el crecimiento del mercado informal y del contrabando técnico, al incentivar vías de suministro no reguladas. “Una política arancelaria efectiva debe diseñarse de acuerdo con las capacidades reales del sector productivo y acompañarse de incentivos para la inversión en manufactura local, transferencia tecnológica y fortalecimiento de proveedores nacionales”, afirma Pineda. De lo contrario, advierte, el consumidor soportará mayores costos sin que la industria logre avances sustanciales.
Impacto en precios y costos de ensamblaje
Según datos de comercio exterior, en 2024 las importaciones de autopartes alcanzaron los US$3.132 millones (CIF), de los cuales más del 60 % correspondieron al mercado de reposición. Un ajuste de 10 % en aranceles se traduciría, por tanto, en un aumento directo de los costos de mantenimiento para los propietarios, talleres y redes de servicio técnico.
Pineda señala que este escenario podría empujar a los usuarios hacia opciones informales o piezas de baja calidad, poniendo en peligro la conservación y renovación adecuada del parque automotor. Por su parte, las ensambladoras, que dependen en un 11,4 % de componentes importados para su producción, enfrentarían un incremento en sus costos de fabricación. Estos sobrecostos reducirían su competitividad frente a los vehículos completamente ensamblados (CBU) y podrían desencadenar una contracción en la industria local.
Aunque los inventarios actuales podrían amortiguar parcialmente el impacto durante los primeros meses, las proyecciones sectoriales indican que, a los tres meses de implementarse la medida, los precios de mercado reflejarían plenamente este ajuste, ejerciendo una presión constante sobre la cadena logística y comercial.
“Cualquier decisión arancelaria debe sustentarse en evidencia rigurosa, análisis técnico y diálogo constante con el sector. De lo contrario, se corre el riesgo de desincentivar la formalidad y de limitar el acceso a repuestos seguros y de calidad para millones de usuarios”, sostiene Pineda.
Riesgos para la seguridad vial
El encarecimiento de piezas certificadas tiende a alimentar el mercado informal y el contrabando técnico, especialmente en zonas con baja vigilancia aduanera. Asopartes y el Centro Virtual de Negocios (CVN) estiman que alrededor del 10 % del valor total de las autopartes que ingresan al país lo hace de forma irregular. Estos repuestos no cuentan con los estándares de calidad ni la trazabilidad que garantizan su correcto funcionamiento, lo que aumenta la probabilidad de fallas mecánicas, accidentes y costos de reparación elevados.
El comercio informal, además, debilita la formalización del sector, reduce la recaudación tributaria y penaliza a los empresarios que operan dentro del marco legal. Al mismo tiempo, desincentiva la inversión en redes de distribución reguladas y en la capacitación técnica necesaria para la instalación adecuada de las piezas.
Pineda señala que, para contrarrestar los riesgos asociados al contrabando y la comercialización de repuestos de origen incierto, es prioritario fortalecer los controles aduaneros, implementar sistemas efectivos de trazabilidad y desplegar campañas informativas que orienten al consumidor sobre la diferencia entre piezas originales, certificadas y aquellas que no cumplen estándares de calidad.
De acuerdo con el directivo de Aconauto, reducir la alta dependencia de autopartes importadas y dinamizar el sector productivo local requiere una estrategia integral que combine incentivos fiscales, líneas de crédito preferencial, inversión en investigación y desarrollo, así como políticas activas de encadenamiento productivo. Actualmente, apenas el 15 % de las autopartes que se consumen en Colombia son de fabricación nacional, lo que evidencia una brecha significativa frente a la demanda interna.
Para revertir esta situación, Pineda señala que es fundamental promover la integración tecnológica, modernizar la infraestructura industrial y fortalecer la formación de talento técnico, en articulación con entidades como el SENA. A su vez, destaca la importancia de acompañar a los fabricantes en el proceso de obtención de certificaciones internacionales de calidad, lo que les permitiría competir en mercados exigentes y abrir oportunidades de exportación con el respaldo de instituciones como ProColombia.
Pero lo cierto es que materializar este escenario requiere de un esfuerzo importante en inversión y capacidad logística, por un lado. Pero también implica entrar a jugar a un mercado altamente competido y en el cual hay pesos grandes en el continente. Para este punto, la fabricación de automóviles (y en no menor medida de partes) órbita alrededor de Brasil y México en el continente.
Llegar a ese punto ha tomado años de política industrial continua, además de acuerdos con marcas, así como especialización de mano de obra. Desear dar este paso es una cosa: materializarlo, una enteramente distinta. Y para ser rentable en el mercado actual es necesario jugar en un alto volumen, capaz de competirle a los dos grandes del continente. Nada fácil.
“La formalización del sector no solo contribuye a elevar la competitividad de la industria nacional, sino que también impacta directamente en la seguridad vial, al garantizar que los usuarios accedan a componentes confiables que preserven la integridad de los vehículos y protejan la vida de los ocupantes y terceros”, enfatiza el dirigente de Aconauto.
Variación de tarifas según la tecnología vehicular
En relación con la política arancelaria, Pineda advierte que esta debe alinearse con los objetivos estratégicos de modernización del parque automotor y con los compromisos ambientales asumidos por Colombia. En este sentido, un incremento de aranceles para vehículos híbridos y eléctricos procedentes de países sin acuerdos comerciales preferenciales iría en contravía de los esfuerzos por fomentar la movilidad sostenible y reducir las emisiones del sector transporte.
Para evitar este tipo de efectos adversos, el directivo propone que los aranceles se definan con un enfoque técnico y diferenciador, que tenga en cuenta tanto el tipo de tecnología como el origen del producto. Según explica, imponer barreras arancelarias indiscriminadas a tecnologías limpias podría encarecer componentes clave, limitar el acceso a soluciones sostenibles y retrasar la adopción de nuevas plataformas energéticas.
Asimismo, subraya que esta situación podría frenar el desarrollo de capacidades técnicas en talleres especializados, afectando la calidad del mantenimiento y el servicio posventa. “La coordinación entre las políticas comercial, ambiental y sectorial resulta esencial para ofrecer certeza regulatoria e incentivar inversiones en vehículos más eficientes, seguros y con menor impacto ambiental”, afirma.
