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Aunque los frentes de batalla política y económica que tiene abiertos el presidente Gustavo Petro le han generado diversas polémicas –y de paso un reforzamiento del respaldo que tiene entre sus bases–, hay un frente que viene defendiendo con igual vehemencia en público y en privado y para el cual la destinación de recursos ha sido sostenida y en algunas vigencias creciente. Se trata de la llamada “paz total”, chapa que el propio mandatario le puso a esta apuesta y de la que tiempo después se intentó desmarcar.
La intención del jefe de Estado ha sido territorializar la búsqueda del desarme de narcobandas rurales y urbanas con las que tiene mesas de diálogo o de exploración de acuerdos, cuyos resultados se han puesto en entredicho por la ola de violencia que azota a varias regiones; y, para ello, instruyó a sus equipos de paz para que los recursos que se requieren puedan estar disponibles: solo para 2025 esa apropiación quedó en $100.056 millones.
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En una serie de reportes que diversas instancias del Gobierno le remitieron al Congreso, a la cual accedió El Espectador en su totalidad, quedó establecido que ese rubro se le destinó al Fondo de Programas Especiales para la Paz e incluye desde asuntos logísticos hasta el pago de salarios para quienes lideran la implementación de esta política oficialista.
En esa estructura estatal está incluida la oficina del Consejero Comisionado de Paz (Occp), actualmente liderada por Otty Patiño –con quien el presidente Petro tiene relación desde los tiempos en que hicieron parte del entonces ilegal M-19–, quien en medio de duras controversias en el interior de la Casa de Nariño sostiene la batuta de un proceso con el que el primer mandatario de izquierda pura que tiene el país quiere, al menos, desarmar alguna de las estructuras criminales que operan en territorio nacional y cuyo principal combustible está en el narcotráfico; hay más de 250.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en Colombia.
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“Los recursos asignados al Fondo Paz abarcan no solo la administración y ejecución de los planes y programas de la Occp, sino también los gastos de funcionamiento tanto de la Occp como del Fondo Paz propiamente dicho. (…) Los valores reportados corresponden a una misma bolsa presupuestal para la Consejería Comisionada de Paz, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y los procesos de paz en el marco de la política de Estado”, se advirtió en uno de los documentos oficiales.
Justo a renglón seguido de esas precisiones –que incluyen la especificación de que el marco legal de estos procesos es la Ley 2272 de 2022 que se tramitó en el comienzo de la actual administración–, el Ejecutivo confirmó los valores que se han venido implementando a lo largo de los tres años que está por cumplir el presidente Petro al frente de la Casa de Nariño.
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Para el 2024 se realizaron apropiaciones por $89.880 millones; en lo relacionado con el 2023 ese monto fue de $112.723 (siendo hasta ahora el más alto); y en cuanto a 2022 se llegó a los $38.795 millones. En lo referente al personal que apoya estas directrices –de acuerdo con los reportes oficiales–, se pasó de 25 funcionarios y 204 contratistas en 2022, a 180 y 41, respectivamente, en 2025 con fecha de corte al 28 de febrero.
Otro de los rubros sobre los que dieron claridades es sobre tiquetes, viáticos y gastos de viaje y convenios interadministrativos, ejes claves de la operatividad de la paz total. En cuanto al primer punto se han dado diferencias en estos tres años: en 2022 hubo $962 millones; en 2023 se llegó a $3.620 millones; en 2024 se pasó a $2.343 millones; y en 2025 iban $156 millones hasta el 28 de febrero.
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En los relacionado con viáticos y gastos de viaje se comenzó en 2022 con $969 millones; se siguió un año después con $1.466 millones; en 2024 se destinaron $1.210 millones; y en 2025 iban, hasta la misma fecha de corte anterior, $75 millones.
Y en lo referente a los convenios interadministrativos, que incluyen los “suscritos con recursos de funcionamiento e inversión”, se especificó que en 2022 se apropiaron $66.241 millones; en 2023 fueron $60.041 millones; en 2024 se pasó a $87.991 millones; y para 2025 se iba en $71.617 millones.
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Todas estas asignaciones, que el presidente Petro y su gabinete ministerial han defendido en diversos escenarios nacionales e internacionales, son la base monetaria de los procesos que en distintos niveles se tienen con estructuras criminales como el ELN, las varias disidencias de las Farc que han surgido, el Clan del Golfo, Los Pachenca y –entre otras– las bandas urbanas de Medellín (Antioquia), Buenaventura (Valle) y Quibdó (Chocó).
El Ejecutivo en sus informes al Legislativo aclaró que los acercamientos tienen diversas etapas y que comenzar fases exploratorias no implica llegar a una mesa de diálogo como tal. De hecho, la instancia más avanzada es con la disidencia elena que se denominó Comuneros del Sur, hay espacios de ubicación con el llamado Frente 33 y, sin dejar de lado que hay más procesos andando, la mesa con el ELN está formalmente suspendida desde el 23 de enero pasado.
“Los valores ejecutados en el desarrollo de las actividades de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) corresponden a honorarios de jefe de delegación, delegados, asesores, apoyos administrativos, viáticos o gastos de viaje, desplazamientos nacionales e internacionales y gastos logísticos; entre los recursos ejecutados también se incluyen aquellos derivados del Comité Nacional de Participación – ELN y del Mecanismo Monitoreo y Verificación – ELN”, se aclaró en los reportes que llegaron al Capitolio.
Esas 72 palabras se usaron para sustentar los costos de la ahora suspendida mesa de negociación. En efecto, para 2022 se destinaron $790 millones; para el 2023 el monto fue $14.252 millones; un año después la asignación fue de $11.330 millones; y para este 2025, con corte al 11 de febrero, se llegó a $93 millones. Eso se traduce en que el proceso con el ELN, que está en una fase de intento de salvación buscando los buenos oficios de El Vaticano, ha tenido un valor total –hasta este momento– de $26.467 millones.
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Dentro de las actividades que se realizan en el marco de la paz total, según los mismos reportes oficiales, también se cuenta con el respaldo de 42 gestores de paz y 37 voceros de paz que han sido así reconocidos por el Gobierno. Y aunque no se aclara si reciben o no algún tipo de remuneración, sí se dejó claro que parte de sus actividades gozan de reserva legal y por lo mismo no es viable entregar los reportes que han hecho.
Aquí figuran personajes condenados como los exnarcoparamilitares Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo, o criminales de incidencia urbana entre quienes están Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, y Armando Robledo Moya, conocido como “Chuky”.
Esta y otra información que el Gobierno le entregó al Congreso también servirá de base para un debate de control político. Por eso, el representante Julio César Triana (Cambio Radical) dijo que “la llamada paz total terminó siendo una ilusión, porque los grupos armados se fortalecen, los territorios están más inseguros y las comunidades siguen esperando respuestas”.
Pero contrario a este tipo de planteamientos de la oposición, para el presidente Petro esta apuesta debe fortalecerse. De hecho, este fin de semana divulgó un video de su hermano Juan Fernando Petro defendiendo las salidas negociadas a la violencia. “La paz no es inconstitucional, no es una equivocación, solo hay que ser tercos; la costumbre es matar, revolución es no hacerlo”, precisó el mandatario.
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En todo caso la paz total seguirá siendo otro de los marcos en los que se mueve la narrativa del jefe de Estado para buscar una movilización en favor de su administración, cuyo objetivo principal es la reelección del progresismo en 2026. Esto va de la mano de la insistencia en la consulta, de sus frentes de pelea con ciudades como Bogotá y las duras críticas al Congreso y a la Rama Judicial que, argumentando la independencia constitucional de poderes, ha tomado decisiones contrarias a los intereses del presidente Petro.
Este es el documento completo del Gobierno del presidente Petro sobre la paz total:
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