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Cada vez que puede, en especial durante los puentes festivos, Liz Camacho viaja desde la calle 80, en Bogotá, hasta Acacías, en el Meta. Para transportarse usa la vía al Llano, que históricamente ha sido protagonista de desgracias, tragedias y problemas, en general. El hecho más reciente ocurrió en diciembre de 2023, cuando un carrotanque chocó y explotó en el túnel de Quebrada Blanca. Desde entonces, solo se habilita el tránsito por cada sentido en ciertos horarios. Hasta ahora, no se sabe cuándo se normalizará el paso.
La tarifa de peajes para viajar entre Bogotá y Acacías pasó de $57.900 en 2023 a $66.700 en 2024 (hay tres casetas en la vía al Llano y una más en el proyecto Malla Vial del Meta). Si a principios del año pasado en dos galones de gasolina Camacho gastaba, en promedio, $21.000, con los aumentos del combustible, ahora debe pagar unos $32.000. Eso, sin considerar el gasto extra por los cierres, que implican que un recorrido de cuatro horas se puede convertir en uno de cinco, seis o hasta ocho (con pérdidas adicionales en combustible y las no cuantificables en tiempo, mucho más valioso que los billetes).
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En cuentas largas, el costo del trayecto que realiza Camacho entre Bogotá y Acacías aumentó 25 % desde enero de 2023.
La subida en la tarifa de los peajes y el precio de la gasolina afecta el bolsillo de los colombianos e implica que este año viajar por carretera será más caro que nunca. Además, están pendientes otras dos decisiones: otro incremento en los peajes y el inicio de los ajustes del diésel. A esto también hay que sumarle el mal estado de muchas vías, una variable permanente del panorama de movilidad en Colombia.
¿A qué se deben los aumentos? ¿Cuándo subirá el diésel? ¿Qué pasará con las tarifas de las flotas?
¿Viajar por carretera será un lujo?
Impulsar el turismo es una de las banderas de campaña del gobierno Petro y sigue siendo, según los discursos del presidente y su gabinete, una prioridad. Evidentemente, los viajes por carretera son importantes para esa actividad. En el tercer trimestre del año pasado, 1,5 millones de personas realizaron turismo interno en Colombia, el 81,1 % se movilizó por tierra (55,4 % en transporte terrestre particular y el 25,7 % en transporte público), según la Encuesta de Gasto Interno en Turismo del DANE.
Los costos los sentirán quienes viajan en su carro, pero también los que se mueven en flota. José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) y del Consejo Superior de Transporte, asegura que las tarifas por ahora se mantienen, pero estima que los precios subirán entre 9 % y 12 %, teniendo en cuenta el aumento en los costos operativos por los incrementos en peajes, salario mínimo, servicios de mantenimiento y reparación, y piezas de los vehículos, entre otras cosas. Armando Puerto, jefe de estudios económicos de la Asociación, agrega que la decisión del incremento depende de cada empresa y que el precio cambia según la oferta y la demanda.
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La subida en el diésel, que comenzaría este año, impulsaría aún más las tarifas, teniendo en cuenta que el combustible representa 31 % de la canasta de costos del transporte intermunicipal, según el DANE. En general, los transportadores de carga y pasajeros le han solicitado al Gobierno no hacer el aumento, considerando las consecuencias que puede traer para la economía y los usuarios.
Lupoani Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Transporte Especial (Acoltés) —que incluye transporte escolar, de empleados, usuarios de salud, personas en condición de discapacidad y turismo—, explica que, aunque la tarifa depende de múltiples factores y de la estructura de costos de cada empresa (de ahí que es difícil comparar los incrementos año a año), se estima que en el segmento de turismo será necesario aumentar los precios en cerca de 20 %, teniendo en cuenta factores como los peajes, el incremento en los seguros obligatorios (como el SOAT) y que algunos de estos vehículos usan gasolina. El incremento en el diésel, sostiene el presidente, dispararía mucho más los costos.
A este panorama hay que sumarle caídas en la demanda. De acuerdo con Sánchez, el estado de las vías, en su mayoría por factores climáticos, es una de las variables que está desincentivando los viajes por tierra, un punto en el que coincide Liz Camacho. Datos del Ministerio de Transporte indican que en este Gobierno hay reportes de 956 emergencias en las carreteras a cargo del Invías. Solo este año ya se han registrado 17 emergencias viales, todas en la red no concesionada. Por ahora, hay dos corredores con cierre total y 83 con cierres parciales (tres administrados por la ANI).
Este panorama afecta la economía, el empleo y a los usuarios. Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), reconoce que el aumento del transporte por tierra afecta muchas actividades, incluyendo el turismo, pero también pone sobre la mesa que el sector ha demostrado resiliencia en estas coyunturas. “El gremio cree que los colombianos seguirán viajando, aunque con ajustes en sus presupuestos”.
Los gremios consultados por este diario coinciden en que es necesario generar incentivos para los viajeros y para el turismo e impulsar el transporte terrestre. Sobre la mesa hay varias solicitudes, que van desde exenciones tributarias para el sector, pasando porque se garantice un servicio óptimo en las vías, hasta créditos para los transportadores.
Momento de ajustar cuentas
Cada año se ajusta la tarifa de los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Invías con la inflación del año anterior. Sin embargo, en 2023, el gobierno de Petro decidió no aumentarlas como una medida para contener el incremento en los precios. La decisión sigue siendo polémica. Según cálculos de Fedesarrollo, si se hubiera aumentado la tarifa en 13,1 % en enero del año pasado, la inflación habría sido solo 0,01 % más alta.
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En el caso de las vías concesionadas, no subir los peajes implicó un desbalance para los privados; por eso el Gobierno tuvo que destinar cerca de $800.000 millones para compensar lo que dejaron de recibir. Además del dinero, la medida generó una tensión que persiste entre los concesionarios y el Gobierno. Los ministerios de Transporte y Hacienda aseguraron, a finales del año pasado, que en 2024 se iba a cerrar la brecha con dos incrementos a las tarifas: uno con la inflación de 2022 (que no se hizo el año pasado) y otro con la inflación de 2023. En otras palabras, postergar el aumento anual solo sirvió, esencialmente, para crear nuevos problemas.
El primer incremento, de 13,1 %, se empezó a aplicar desde el 16 enero de este año, además se sumaron $200 en todas las tarifas para que el aporte al Fondo de Seguridad Vial sea de $500. Sobre el segundo incremento todavía no hay nada claro. Inicialmente estaba previsto para mitad de año, pero en una entrevista con este diario, William Camargo, ministro de Transporte, explicó que el Gobierno sigue considerando los efectos que esa medida puede generar en los bolsillos de los usuarios; así que no se ha definido una fecha. Lo cierto es que tarde o temprano el aumento pendiente, de 9,28 %, llegará y hasta que eso ocurra seguirá creciendo la millonaria suma que hay que pagar a los privados con recursos públicos.
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En cuanto a la gasolina, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha realizado 15 incrementos desde octubre de 2022: el galón, en promedio, pasó de $9.259 a $15.160. El objetivo es ajustar el déficit que acumuló el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Básicamente, ese fondo es un mecanismo mediante el cual, con el dinero público, se abarata artificialmente la gasolina y el diésel en Colombia; es decir, los usuarios estaban pagando una tarifa por debajo de los precios que se registran en el mercado internacional.
El déficit en el FEPC le ha costado a la Nación unos $100 billones a precios constantes de 2023, según un estudio de la Contraloría. Desmontar los subsidios a los combustibles es la decisión fiscalmente más responsable, aunque la menos popular.
La medida ha sido aplaudida por analistas de todos los espectros políticos y es resaltada por firmas calificadoras de riesgo como uno de los caminos correctos para intentar contener fantasmas fiscales de gran magnitud.
Por ahora, parece que los ajustes en la gasolina terminaron, pero el camino del precio del diésel es cuesta arriba: según el Ministerio de Hacienda, el déficit se ubica en $16 billones. Fuentes consultadas por este diario confirmaron que el Gobierno mantiene su intención de comenzar los incrementos este año, pese a la oposición de los transportadores.
La discusión en torno a subir el diésel es álgida, teniendo en cuenta que la medida afecta a las personas de menos recursos, porque puede incidir en el precio de los alimentos (por el transporte de carga) y también del transporte de pasajeros.
En este punto lo cierto es que el ajuste de cuentas le pasará factura al transporte por carretera, más de lo que lo ha hecho en tiempos recientes.
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