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En la última semana intervinieron casi 70 establecimientos comerciales, ubicados en la calle 13 con Avenida Caracas. Más de 500 uniformados de la Policía de Bogotá, funcionarios de Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desplegaron la segunda operación este año contra la compra, venta y reparación de celulares hurtados, en el sector denominado popularmente como ‘Triángulo de las Bermudas’, en la localidad de Los Mártires.
En las diligencias de allanamiento, las autoridades verificaron 700 IMEI (número de identificación de los equipos móviles), de los cuales incautaron 45 celulares reportados como robados, lo que derivó en la apertura de un proceso judicial. Asimismo, la SAE ocupó cuatro locales con fines de extinción de dominio, ubicados en los centros comerciales Cundinamarqués y El Ring Bogotá, al ser reincidentes en la venta de dispositivos móviles ilícitos.
“No hubo capturados, porque en los lugares donde encontramos los equipos estaban trabajadores y no los dueños de los locales, pero esas personas quedaron en el proceso”, mencionó a El Espectador, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho. Y es que en este sector del centro de la ciudad es bien sabido, incluso ante los ojos y conocimiento de las mismas autoridades, como se mueve el mercado ilegal de dispositivos móviles.
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“Es un sitio en donde venden los celulares que roban. El mío está allá y la policía no hace nada” … “Me robaron un celular Samsung Galaxy A54 negro y la localización me marca que está ahí” … “Venden celulares robados. Lo entregan con IMEI duplicado y después de ir a reclamar no responden” … “Acá se muestra mi celular robado. Por favor, no alimenten más las muertes” … Estas fueron algunas reseñas de ciudadanos a través de Google en los centros comerciales donde aplicaron extinción de dominio.
En respuesta, el general Cristancho recordó que es necesaria una orden judicial para registrar cada lugar donde se comercialicen equipos móviles. “En este sector hay al menos 300 locales y deberíamos tener 300 órdenes de allanamiento, para estar ingresando y registrando diariamente. Eso va a ser imposible. Aun así, vamos a hacer más operativos periódicamente”.
Los tentáculos del delito
Con corte al 30 de abril, en promedio hurtaron 84 dispositivos móviles al día (10.131), una reducción del 32%, respecto al mismo periodo en 2024 (14.929). A lo anterior, hay que tener en cuenta el subregistro, pues los ciudadanos suelen reportar a los operadores, pero no denunciar ante las autoridades. Cuenta de ello, es la recuperación de 1.565 celulares en lo corrido de este año, unos 13 al día.
Según conoció la concejal Diana Diago, de acuerdo con cifras suministradas por la Secretaría de Seguridad, las localidades en las que más se registró este delito fueron Engativá (3.869), Suba (3.804 casos), Chapinero (3.525), Kennedy (3.475) y Usaquén (2.673). “Lo más grave es que en estas localidades, 556 cámaras de seguridad están fuera de servicio”, agregó.
Las modalidades son distintas (atraco, cosquilleo, raponazo), así como los eslabones que actúan en esta cadena. El más visible, por su puesto, es el ladrón. Se mueve a pie, en motocicleta, solo o en compañía. Tras cometer el delito, violento o no, el teléfono pasa al “reducidor”, encargado de comprar el móvil, con pleno conocimiento del hurto.
Esta persona paga dependiendo del modelo y resetea el equipo. En caso de ayuda, busca al “liberador”, encargado de abrir las bandas del teléfono y así utilizar cualquier sim card, además de adulterar el IMEI. Si se opta por “lavar el móvil”, entra un experto técnico, quien utiliza equipos piratas de software.
Para Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad, durante la Alcaldía de Claudia López, esta telaraña delincuencial dificulta el proceso de captura, la imputación de cargos importantes y la desarticulación de las bandas.
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“Hay más de 100 bandas en Bogotá que se dedican a una parte diferente de la estructura delincuencial en el hurto a celulares. Lo segundo es que muchas de estas actividades no son un delito en sí mismas. ¿Eso qué ha hecho? Que las autoridades deban surtir el mismo protocolo de cualquier noticia criminal y la policía deba tener una orden para ingresar a una propiedad privada, donde se presume todo está en orden”, explica.
Por ello, la única manera de recuperarlo rápidamente agrega Nieto, es interceptar al delincuente y en una requisa hallarle el elemento antes de que sea comercializado. En lo corrido de este año, 1.372 personas han sido capturadas por hurto a celulares.
El mercado apetecido de celulares
Por si fuera poco, el hurto a teléfonos genera jugosas rentas criminales que incluso superan un salario mínimo para quien participa. Así lo explica Nieto: “Al eslabón más bajo de la cadena, es decir, el que rapa o hace el cosquilleo, le pagan entre $100.000 y $1 millón, dependiendo de la gama y el estado del celular. Por eso es el principal motor de ese mercado, no solo en la capital, sino en el país”, dice.
En Bogotá, hay al menos cinco lugares donde más llegan celulares robados y que se venden hasta un 50% menos de su costo original: la Av. Caracas con Av. Jiménez; los barrios María Paz y El Amparo, en Kennedy; el 7 de agosto; los San Andresitos San José y de la 38, y La Gaitana, localidad de Suba. En todos, incluso, con ventas en el espacio público
“El tráfico de hurtados se maneja en la calle 13 con Avenida Caracas, porque hay hasta redes internacionales. Es decir, desde ese lugar distribuyen celulares a Latinoamérica, para desaparecer ese reporte de robado”, sentenció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Un hurto que cruza fronteras
Para el tercer trimestre de 2024 Colombia alcanzó 90,5 millones de celulares activos, según MinTic. La cifra que supera su número de habitantes, en un país que no fábrica equipos.
De la exportación de equipos robados se encargan las redes delincuenciales. Si el ciudadano no reporta el equipo ni su IMEI (número único del dispositivo) como robado o extraviado, este sigue funcionando en Argentina, Perú, Venezuela o Ecuador, donde principalmente llegan para ser vendidos como nuevos. Y ahí se combinan dos factores para su causa: desconocimiento del ciudadano y un vacío legislativo.
“Si solo se reporta la línea de la sim card, el teléfono sigue funcionando. Ahí falta una pedagogía. Pero también, la normativa colombiana no exige todavía que cada vez que se reporta una línea hurtada, también se reporte de manera directa el teléfono”, dice Nieto.
Bajo una resolución de 2011, modificada en 2013, Colombia intercambia bases de datos con proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles de otros países, a través de la asociación de operadores móviles GSMA (Global System for Mobile Communications Association).
También con la denominada “base de datos negativa”, donde los operadores de telefonía inscriben el IMEI cuando un celular es robado o extraviado, impidiendo su uso con otras tarjetas SIM. Además, copian estos IMEI bloqueados en una lista centralizada, para que los celulares queden bloqueados ante los demás operadores.
Sin embargo, una investigación de la Fundación Karisma analizó en 2020 que la efectividad de esta medida no ha logrado disminuir el delito, pues aseguraron que no se diseñaron mecanismos para medir sus objetivos, ni se tuvo en cuenta el impacto potencial que estas bases de datos pueden tener en el derecho a la intimidad, entre otros.
“Si los celulares son sólo un dispositivo tecnológico que usa una red sofisticada que controlan los operadores y que sirven para hacer y recibir llamadas y datos, la solución al hurto de estos aparatos tiene que estar principalmente en la tecnología”, señala la Fundación.
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Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los teléfonos móviles fueron el segundo objeto más hurtado en Bogotá con 140.297 robos, seguido del dinero en efectivo con 154.712 casos. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que continuarán con las investigaciones judiciales y la promesa de realizar más operativos en los puntos calientes ya detectados.
De igual manera, la Secretaría de Seguridad acotó que seguirán con el objetivo de desarticular los eslabones más fuertes y las redes de comercialización ilegal, sin dejar de insistir en la responsabilidad social.
Fomentar la cultura ciudadana evitando la compra de teléfonos hurtados, además de ajustar la normativa penal y las obligaciones de los operadores, son factores clave para contrarrestar un mercado ilícito rentable que llega a comprometer incluso la seguridad e integridad de sus víctimas.
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Por María Angélica García Puerto
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