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Las matrículas universitarias no paran de subir y esto ha ido reduciendo, semestre tras semestre, especialmente en los últimos tres años, el número de estudiantes que pueden acceder a la educación superior (un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana señala que incluso si no se hubiera presentado la emergencia por el COVID-19 la cantidad de estudiantes nuevos en instituciones de educación superior se hubiese reducido un 12 % para el segundo semestre de 2020).
Lo anterior ha conllevado dos situaciones: de un lado, las exigencias de entrada y permanencia en los programas universitarios se han ido relajado a tal punto que a la gran mayoría de universidades privadas entra todo aquel que tenga los medios económicos para pagar la matrícula (las entrevistas y los exámenes de admisión que aún tienen algunos programas son una mera formalidad). Si la entrada es fácil, la permanencia está prácticamente asegurada bajando la exigencia académica, por ejemplo siendo cada vez más laxos con las calificaciones (muchos programas les piden a sus profesores, a veces incluso abiertamente, que califiquen un poco más suave y que no exijan tanto).
Por otra parte, para fomentar el ingreso de los cada vez menos estudiantes que pueden pagar matrículas tan onerosas, las universidades privadas han decidido convertirse en clubes cuya oferta de servicios extraacadémicos la brindan los poderosos y bien financiados departamentos de “bienestar universitario” o lo que haga sus veces. Las universidades hoy ya no compiten con calidad académica y éxito profesional de sus egresados, sino a través de sus ofertas en zonas de esparcimiento, sillas masajeadoras y salones para recuperar sueño, videojuegos, programas de coaching y psicología de las emociones, gimnasios y los servicios que uno esperaría encontrar en un spa y no en una universidad, justificando estas inversiones, estrambóticas las más de los casos, en el “bienestar integral del estudiante”.
¿Por qué siguen subiendo entonces las matrículas a pesar de la crisis económica y de las vicisitudes fruto de la pandemia? Parte de la respuesta es que desde que Colombia entró a la OCDE y aceptó las “recomendaciones” de dicha entidad tuvo que cambiar estructuralmente sus propios parámetros internos en materia de educación para ajustarse a los estándares de la organización. Las acreditaciones oficiales de las universidades y sus programas académicos dependen de una serie de requisitos exigidos por el Ministerio de Educación y estos a su vez, al seguir los estándares de la OCDE (basados en universidades de los países “ricos” de la organización y cuyos recursos, objetivos y realidades son muy diferentes a los de nuestro medio), representan una carga económica extraordinaria para nuestros centros educativos.
Buena parte de los costos universitarios, por ejemplo, son costos administrativos y en infraestructura; otra amplia tajada de las matrículas se va en pagar bases de datos y licencias de software que valen miles y a veces incluso millones de dólares. Estas son “necesarias” y exigidas para los procesos de acreditación (aunque sea un porcentaje minúsculo de todo el personal universitario el que las necesita).
Ante estas exigencias la gran mayoría de universidades privadas ha preferido sacrificar sus actividades básicas de docencia y a sus profesores (señalando sus supuestos altos salarios como los responsables de los incrementos en las matrículas). Como dice el dicho, “la cuerda revienta siempre por el lado más débil”, y en este caso dicho lado son las plantas docentes, pues frente a estas los procesos de acreditación pueden ser más flexibles (a diferencia de las licencias y bases de datos, los programas de bienestar y la infraestructura), por lo que se pueden cortar costos reduciendo o eliminando profesores, para así seguir cumpliendo con los requerimientos —ilógicos en nuestro contexto— que tan sólo benefician a un porcentaje ínfimo de académicos y aún menos al grueso de los estudiantes cuyas matrículas sostienen un sistema que poco y nada se interesa por ellos, más allá de recibir sus matrículas para cumplir estándares absurdos.
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