Mi voto por el agua limpia

Según estimativos de la propia AGH, la mina La Colosa, ubicada en la zona rural del municipio, tiene una reserva de 28 millones de onzas de oro. Para tener una idea de la magnitud económica del negocio, basta decir que la onza de oro se cotiza actualmente en Nueva York a 1,257.20 dólares. Pero la población de Cajamarca no tenía sus ojos puestos en esa cantidad descomunal de oro-dinero. Los tenía en la calidad de sus aguas, en la integridad de su ecosistema, en su soberanía alimentaria y en la sobrevivencia de su agricultura.

Después de tres años de una aguda confrontación entre las organizaciones defensoras de la vida y la naturaleza, y la multinacional y sus aliados abiertos o encubiertos, se logró la convocatoria a una consulta popular minera. Ya había un precedente en el país: el 28 de julio de 2013, en el municipio de Piedras, del mismo departamento, el 99% de los votantes se había opuesto a las actividades de exploración, explotación, tratamiento, transporte y lavado, en su territorio, de materiales provenientes de la minería de la misma empresa.

Superando también con holgura los topes legales exigidos, la ciudadanía de Cajamarca obtuvo un triunfo emblemático, cuyos significados apenas empezamos a entrever, y cuyas implicaciones han desencadenado nuevas confrontaciones. De hecho, ya la multinacional manifestó que el resultado electoral la afecta muy poco y que continuará desarrollando el proyecto. Por su parte la población y muchos juristas, respaldados por una sólida jurisprudencia de la Corte Constitucional, consideran que será ya prácticamente imposible que le concedan a la AGH las licencias ambientales, sin las cuales no puede hacer la explotación. Y habrá que estar vigilantes con la actitud desafiante a la voluntad popular que están asumiendo algunos organismos y funcionarios del Estado.

No se trata, en el fondo, de un falso dilema entre el progreso y el atraso, ni de una lucha entre argumentos técnicos y presuntos “mitos”, como han tratado de presentarlo la AGH y algunos funcionarios. Se trata, en cambio, de sentar el precedente de que el progreso no puede ser de cualquier forma ni a cualquier precio. De que defender el agua limpia, los campos verdes y la vida sana de plantas, animales y humanos no es cuestión de retardados mentales ni retardatarios sociales, sino un deber elemental de cualquier ciudadano/a responsable. Y de que la ciudadanía y los municipios también son Estado y tienen poder decisorio sobre su territorio y su destino.  

Piedras y Cajamarca dan muchas lecciones. Enuncio sólo tres. La primera: que sí se justifican y pueden llegar a ser eficaces la organización y la participación populares. Segunda: que el bienestar colectivo, al que llamamos también salud pública, no es cuestión de médicos y medicamentos sino de que la gente tome en serio y haga valer su poder decisorio, su dignidad y su derecho a la salud. Y tercera: que detrás de cualquier proyecto se entrecruzan y enfrentan muy diversos conocimientos, tecnologías, valores, intereses y poderes, cuyo entramado debe conocer la ciudadanía, y en cuyo futuro la población no puede ser una invitada de piedra.

Sin poder votar en ninguno de los dos municipios ejemplares, desde aquí mi voto es y será por el agua limpia para todos. Por la vida digna, que implica una relación armónica y no depredadora con la naturaleza. Y por la defensa y el ejercicio efectivo de la ciudadanía, en todas sus formas no violentas, es decir: en paz.

*Médico social.