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En Colombia hay varios pasos de carreteras conocidos por ser “trampolines de la muerte”, lugares que los transportadores prefieren evitar de noche. Los chocoanos conocen bien la incertidumbre que produce viajar por una de las dos carreteras que conectan a ese departamento. Es una sensación de tener cerca a la muerte, pero sobre todo a la corrupción.
El deslizamiento de tierra que cobró la vida de 39 personas ha sido considerado una de las peores tragedias en la historia de Chocó y Colombia, pero es solamente la última de varias que han ocurrido en ese mismo corredor, en el que el Gobierno Nacional ya ha invertido más de $900.000 millones. Los líderes de las comunidades indígenas que viven en la zona, y que se han opuesto a los trabajos del contratista, aseguran que la pavimentación de la carretera no va a solucionar los constantes deslizamientos.
“Es imposible controlar la naturaleza, porque son montañas que en regiones como acá, que llueve mucho, es imposible controlar esos deslizamientos. Además, hay sectores como “El 17” que tienen muchas curvas cerradas, o en Las Toldas, donde tienen que hacer trabajos de ensanche de vía porque por los constantes deslizamientos la carretera ya está al pie de la montaña y al pie del río”, asegura Wálter Arango, líder del transporte en El Carmen de Atrato.
Los últimos contratos que el Invías entregó fueron adjudicados en 2017, luego de que el Gobierno Nacional acordara invertir $500.000 millones para el mejoramiento de la carretera Medellín-Quibdó con el Comité Cívico del paro en Chocó, pero estos nunca incluyeron trabajos de estabilización de taludes para evitar deslizamientos, sino solamente la pavimentación.
Los contratistas han responsabilizado a las comunidades de la zona por los retrasos debido a los paros y plantones que en ocasiones paralizan los trabajos. Ellas, por su parte, han denunciado que los contratistas utilizan materiales de baja calidad. En 2022 hicieron una protesta para exigirle a la empresa Latinco que no usara asfalt,o sino cemento rígido, que responde mejor al clima de la zona y es el que le exige el contrato. “Después del plantón sí empezaron a poner el buen material. La gravilla para los filtros era la misma que sacaban del filtro viejo, pero luego sí trajeron material bueno. El detalle es que uno tiene que estar encima de ellos para poder que cumplan”, le dijo una lideresa al medio Consonante.
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El líder de la mesa municipal de las comunidades indígenas de El Carmen de Atrato, Julio César Queragama, explicó que “las principales dificultades fueron por la compensación de las mejoras sobre las vías, por los daños a viviendas, otras fueron por las compensaciones sobre el daño espiritual y problemas con compromisos como construir la escuela, la placa deportiva y otros como vivienda, que fueron atrasados”.
La Transversal Medellín-Quibdó
En 2017, el Gobierno Nacional publicó el documento Conpes 3889, que declara la importancia estratégica del corredor Medellín-Quibdó. El documento, firmado por todos los ministros del gobierno Santos, hace un diagnóstico del estado de la carretera y dice que “de los 115,2 km que comprende el corredor Transversal Medellín-Quibdó, 57,2 km se encuentran pavimentados y 11 km en ejecución. Por lo tanto, quedan 47 km que requieren financiación para su mejoramiento”. Hasta el momento de la publicación del documento en 2017, ya se habían invertido más de $476.000 millones en ese corredor.
Para completar los puntos más críticos de los 47 km aún por pavimentar, el Invías decidió que la intervención de la carretera se haría en dos frentes de obra, así: el tramo 1 va desde el kilómetro 12 al 18 de la vía entre La Mansa y Quibdó, y el tramo 2 empieza en el km 7 y va hasta el 12. En consecuencia, el Invías abrió dos licitaciones y el tramo 1, en donde ocurrió el derrumbe el pasado viernes, le fue adjudicado a Latinco. El contrato tenía un valor inicial de $202.000 millones para ser ejecutado en cinco años, pero tuvo varias prórrogas y dos adiciones presupuestales.
Desde 2017, y hasta octubre del año pasado, Latinco atendió todos los derrumbes que ocurrieron mientras duró su contrato. Incluso, funcionarios de esa empresa fueron parte del equipo de rescate que llegó al kilómetro 17 a buscar sobrevivientes luego del deslizamiento de hace una semana.
Latinco es un gran contratista del sector transporte y tiene a cargo proyectos fundamentales para el país, por los que ha recibido miles de millones de pesos del Estado. Sin embargo, el año pasado se declaró insolvente y se acogió a una negociación de emergencia ante la Superintendencia de Sociedades. Este diario intentó comunicarse con Latinco en varias ocasiones para conocer el estado del contrato y de la vía entregada, pero la empresa no contestó nuestros mensajes.
Por su parte, el Invías explicó que el contrato con Latinco finalizó el 30 de septiembre de 2023 y las adiciones presupuestales que tuvo fueron aprobadas por el gobierno anterior. De acuerdo con la información publicada en Secop, el valor final fue de más de $321.000 millones. Las dos adiciones, que suman más de $118.000 millones, fueron aprobadas en 2020.
Como lo reveló el periodista Daniel Coronell, la exdirectora jurídica de Latinco, Sandra Cuenca Leguízamo, pasó a ser funcionaria en la entidad que le había dado millonarios contratos a la empresa donde trabajó. Sin embargo, el Invías explicó a este diario que ella formó parte de esa entidad entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, y nunca fue la supervisora del contrato con Latinco. La compañía fue mencionada en el escándalo del exministro de Transporte Guillermo Reyes, quien aceptó haber viajado varias veces en el avión privado de Pedro Contecha, un contratista socio de Latinco en el desarrollo de varios proyectos de infraestructura.
Según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín, Latinoamericana de Construcciones (Latinco S.A.) está embargada desde marzo de 2023 por una demanda presentada por uno de sus acreedores. Casi al tiempo que el contrato de la Transversal Medellín-Quibdó estaba finalizando, la empresa se declaró insolvente y le solicitó a la Supersociedades que la admitiera en un proceso de negociación de emergencia para reorganizar sus deudas.
En la carta que la empresa envió a la Supersociedades en julio de 2023 se lee: “En un término no mayor a un año, Latinco incurrirá en cesación de pagos dado que los ingresos proyectados no serán suficientes para mantener el pasivo en términos corrientes”. La insolvencia, según la empresa, se explica por la situación que afecta a la economía colombiana y al sector de la construcción en los últimos años.
Ni siquiera la licitación que el Invías le adjudicó en abril de 2023, por más de $65.000 millones para operar el túnel de La Línea salvó a Latinco de la bancarrota. Tampoco ayudó que esa misma entidad le haya dado otro contrato, adjudicado el mismo mes de abril, por casi $17.000 millones para el mantenimiento del tramo de la Ruta del Sol en Cundinamarca a un consorcio en el que participa esta empresa hoy insolvente.
Los proyectos encargados a Latinco son fundamentales para el sector infraestructura. Además de los ya mencionados, la operación del cruce de la cordillera Central y el mantenimiento del primer tramo de la Ruta del Sol, la empresa está construyendo la segunda calzada entre Calima y Loboguerrero, en la vía que lleva de Buga a Buenaventura. Esa licitación fue adjudicada por el Invías en mayo de 2021 por $121.000 millones al Consorcio Isla 2020, del que Latinco participa con el 50 %.
El efecto dominó de “Centros Poblados”
El otro contrato que se firmó en 2017 se hizo para el mejoramiento en pavimento rígido de 10,7 kilómetros y, como el anterior, no especificaba la mitigación de riesgos dentro de sus prioridades. Este tramo de la vía, del km 12 al 18, es para quienes transitan por la zona uno de los más riesgosos de todo el trayecto, por sus angostas curvas y el peligro de los deslizamientos en una zona muy lluviosa.
Las obras quedaron en manos del Consorcio Vías para el Chocó, integrado por Belmira SAS, Corvez Ingeniería y Servicios de Colombia, junto a dos empresas más que terminaron involucradas en el escándalo de Centros Poblados: ICM Ingenieros S.A.S. e Intec de la Costa S.A.S., a las que se les entregaron $117.631 millones.
Pero en 2021, cuando se destapó el escándalo de Centros Poblados, en el que se perdieron $70.000 millones que tenían que haber sido destinados para conectar a internet a poblaciones vulnerables de zonas rurales, se inhabilitaron las dos compañías. Eso dejó en una especie de limbo el contrato de la Transversal Quibdó-Medellín y el Invías decidió buscar otro contratista.
En un principio, el Invías indicó que se priorizaría la cesión del contrato para que no hubiera contratiempos en los tiempos de entrega de las obras, pero, antes de que pudieran actuar, el Tribunal Superior de Cundinamarca impuso medidas cautelares sobre cualquier trámite que se hiciera con este contrato, por lo que al día siguiente de que se conoció la decisión, se suspendió la ejecución.
En video: Vía Quibdó–Medellín: entre la desatención estatal y el infortunio ambiental
En marzo de 2022, la finalización del tramo 2 de la carretera La Mansa-Quibdó se le encargó al Consorcio Conexión Antioquia, conformado por dos empresas: Explanan S.A.S., con 74 %; Trainco S.A.S., con 25 %, y una persona natural llamada Harol Fernando Rozo Zapata, con el restante 1 %. El contrato sigue en ejecución y ha recibido varias prórrogas, pero se espera recibir la obra el 26 de febrero de este año. Sin embargo, el informe de interventoría de noviembre de 2023 muestra que de los nueve puentes que se contrataron, solo se han construido dos.
El Invías les ha encomendado trabajos de urgencia manifiesta a estas dos empresas para atender emergencias similares a la ocurrida en Chocó. Explanan recibió un contrato cuando se presentó un derrumbe en la vía La Cabuya-Saravena, en 2021, y Trainco tuvo que atender un deslizamiento de tierra en 2018 en Valdivia, Antioquia.
“Acá la solución es hacer túneles como lo han hecho en la vía hacia Urabá y unos puentes para recortar esos pasos peligrosos, en estos momentos le hacen falta pavimentar son los pasos más peligrosos, la parte más crítica que tienen los ingenieros, porque tienen que hacerle mucho recorte a la montaña”, añadió Arango, líder transporte de El Carmen de Atrato.
La forma más expedita de terminar la vía sería adicionar el contrato actual con el Consorcio Conexión Antioquia. Pero, la empresa Trainco también se encuentra negociando una reestructuración de su deuda luego de declararse en insolvencia. Según los registros de la Supersociedades, la empresa ha llegado a varios acuerdos con sus acreedores que luego se rompen por acusaciones de incumplimientos de alguna de las partes.
Así las cosas, y aunque la inversión adicional para terminar la obra anunciada por el presidente es necesaria, la decisión de quién será el encargado de ejecutar ese dinero será la que determine si desembolsar más recursos va a mejorar la vida de los chocoanos que esperan que se acabe la “vía de la muerte”.
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