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Dos años después de que la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala iniciara una investigación contra Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia, este lunes se emitió una orden de captura en su contra y también contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Ambos son señalados por su trabajo en la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), que entre 2006 y 2019 investigó numerosos casos de corrupción, algunos de ellos vinculados incluso a expresidentes como Otto Pérez Molina, involucrado en una red de tráfico aduanero.
Sin embargo, este caso va más allá de una acusación de corrupción: se suma a una serie de decisiones controvertidas de la justicia guatemalteca, duramente cuestionada y enfrentada con el gobierno actual y sancionada en varias ocasiones por la comunidad internacional.
El historial de los fiscales
Consuelo Porras fue nominada a la Fiscalía de Guatemala por Jimmy Morales, expresidente guatemalteco, en 2019. Este último fue el mismo que orquestó la expulsión de la CICIG (que contaba con el respaldo de Naciones Unidas) y expulsó a Velásquez, declarándolo persona non grata en ese país.
Por el lado de Rafael Curruchiche, llegó en 2021 a la Fiscalía anticorrupción en remplazo de Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Estados Unidos y destituido por Porras cuando lideraba una investigación contra el presidente Alejandro Giammattei por un cuestionamiento relacionado con la financiación de las vacunas durante la pandemia por empresarios rusos.
Desde entonces, Porras y Curruchiche, han funcionado como una dupla de intereses cuestionables, teniendo uno de sus picos más mediáticos en 2023 al tratar de impedir la posesión del presidente Bernardo Arévalo al entrar en la sede del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) y confiscar las actas de votación de la jornada, que fue avalada por organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea.
Desde antes de las elecciones Arévalo fue cuestionado por el Ministerio Público. Trataron varias veces de invalidar la creación de su partido, el Movimiento Semilla, establecido en 2018, con intentos fallidos de buscar errores en las firmas por las que se creó hace más de siete años.
El mismo gobierno de Arévalo rechazó el pedido de los dos fiscales contra los funcionarios colombianos en un comunicado alegando que existe un “evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional”.
Además, Curruchice ha sido el titular en la investigación que hoy tiene preso al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, preso desde 2022 por cargos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. A pesar de que Zamora, fundador del diario elPeriodico, sigue preso, organismos internacionales como Amnistía Internacional y la ONU han alertado sobre los riesgos en cuanto a libertad de prensa que puede implicar el caso.
Las sanciones internacionales contra Porras y Curruchiche
Tanto Porras como Curruchiche se encuentran señalados desde 2022 en la lista Engel, creada por Estados Unidos para señalar a los “actores corruptos y antidemocráticos”, de Centroamérica. También han sido sancionados por la OEA, la Unión Europea y España, entre otros entes internacionales que siguen la impunidad en Guatemala.
En 2024 fueron nuevamente sancionados por la Unión Europea por el caso de obstrucción en la toma de posesión de Arévalo en 2023. Estas estarán vigentes hasta 2026. En total, más de 42 países han sancionado a los dos fiscales por su proceder con el manejo de la justicia en Guatemala.
El caso contra Velásquez y Camargo
Curruchiche, que también lidera la ofensiva judicial contra los colombianos, pidió la captura de los dos colombianos acusándolos de” asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”. Los señala de haber permitido acuerdos de cooperación “anómalos” con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción que recorrió toda América Latina. Según la Fiscalía, Velásquez habría tenido nexos con directivos de esa empresa mientras la CICIG (2006-2019) trabajaba en destapar redes de corrupción en el país.
Las pruebas y los acuerdos de los que habla Curruchiche revelarían, en realidad, que Velásquez tenía conocimiento que los empresarios estaban haciendo acuerdos de cooperación con la justicia guatemalteca a cambio de información sobre corrupción en el país.
“Estamos ante estrategias políticas que no forzosamente responden a acusaciones fundamentadas, lo dudo fuertemente. La CICIG fue es un organismo que está bajo una clara supervisión, fue constantemente puesta en duda ante la prensa y gozó de gran apoyo popular en un cierto momento. Si bien las acciones de los líderes de estas instituciones estaban sometidas a polémicas, eran polémicas que tenían funciones políticas internas”, afirmó Miguel Gomis, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, a El Espectador en 2023, cuando se conoció la investigación de Curruchiche.
Al menos 24 exfiscales y jueces dejaron Guatemala debido a la criminalización y amenazas en su contra. Varios colaboraron con la CICIG.
Las repercusiones y la justicia internacional
En su respuesta a las orden de captura, la fiscal Camargo recordó en una rueda de prensa que la cláusula 10 del acuerdo de creación de la Comisión les daba a los funcionarios (es decir, acoge a ambos colombianos) inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa.
Enrique Prieto, docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, hace énfasis en que esta cláusula es respaldada de igual forma por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en sus artículos 38 y 39 que refuerzan el cumplimiento de tratados como el que dio origen a la CICIG. “Inclusive cuando ya terminan su labor como diplomáticos, ellos deben continuar con esa inmunidad. Recordemos que tanto el tratado de creación de la comisión como el Tratado de Viena han sido ratificados. ¿Y qué quiere decir esa ratificación? Quiere decir que el Estado de Guatemala dio su consentimiento libre para cumplir con estos términos y las cláusulas de este tratado”, explica Prieto.
Vale la pena mencionar que ya este martes la Interpol descartó emitir una alerta roja para capturar a los funcionarios colombianos, por lo que se merma considerablemente el efecto internacional de esta orden. “Interpol no tenía otra opción que descartar la idea teniendo en cuenta el respaldo de este acuerdo de inmunidad, simplemente ratifica lo que ya uno sabe: existe una persecución política en Guatemala contra nacionales y extranjeros que lideraron esta campaña contra la corrupción. Hay profesores, jueces y fiscales que están exiliados por estos casos”, continúa el docente, quien adelanta que la única forma de que prospere esta orden es que Velásquez o Camargo entren en Guatemala.
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Por Hugo Santiago Caro
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