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Hace dos meses el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que Bogotá estaba preparada para enfrentar la amenaza de los grupos al margen de la ley. Lo hizo cuando 24 columnas de las disidencias de las Farc rompieron el cese al fuego con el Gobierno Nacional, y luego de múltiples avanzadas propagandísticas de este y otros grupos, como el Eln, en la ciudad. Y dicha amenaza parece que empieza a mostrar su rostro: el miércoles, sujetos encapuchados, portando camuflado y armados con fusiles, que se identificaron como miembros del frente 53 Segunda Marquetalia, interceptaron una camioneta, en la que iban funcionarios públicos y la vandalizaron.
En paralelo, en un acto no menos grave, hicieron algo similar con un bus de pasajeros, ante quienes exaltaban la presencia del grupo armado en la localidad. Pese a este y a otros episodios, que se han registrado en los últimos años, las autoridades siguen negando la presencia de grupos armados en la capital. La Brigada XIII del Ejército, por ejemplo, fue tajante en señalar que “el frente 53 de la organización criminal Segunda Marquetalia no hace presencia en esta zona de la geografía distrital, ni cuenta con antecedentes de presencia allí”.
Pero ese es un mensaje difícil de posicionar, en especial, teniendo en cuenta los antecedentes. Hace rato ya, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de expertos en el conflicto vienen advirtiendo sobre la presencia de estas organizaciones ilegales en la capital y en la región. Aunque con un maniobrar ligeramente distinto al de sus bloques en zonas rurales, estas estructuras armadas han probado que sus tentáculos llegan hasta Bogotá, a través de acciones de propaganda e, incluso, crímenes como el ataque contra un CAI en Ciudad Bolívar, y el asesinato del líder Carlos Tautiva, en abril del año pasado en Sumapaz.
Pero, al parecer, para las autoridades distritales esto no es suficiente. Los portavoces oficiales se mantienen en que hacen falta labores de inteligencia para reconocer la presencia de estos grupos en la ciudad, especialmente en Sumapaz, zona que históricamente ha sido escenario de disputas entre distintas organizaciones, por el control de un corredor estratégico que conecta al centro del país con departamentos como el Meta y el norte del Huila. No obstante, la situación, en palabras de los residentes del Sumapaz, es un secreto a voces, sin un pronunciamiento oficial que los valide. Empero, lo gráfico de actos, como los del miércoles, plantean la posibilidad de reconocer el regreso de disputas armadas en la localidad más extensa de Bogotá. Este es el panorama.
Mensajes contradictorios
“Yo no sé qué esperan para confirmar la presencia del frente 53 de las Farc y de otras estructuras. Todos los días vemos panfletos, casas pintadas y todas tienen en común el mismo número: 53. Es claro que estas organizaciones están en la comunidad desde hace un par de años, pero veo que no hay interés por reconocer en que aquí hay un problema que puede ir a peor”, cuenta un líder, del corregimiento de Betania. No son los recientes hechos los que lo empujan a ocultar su entidad, sino las constantes intimidaciones a la comunidad desde 2022.
“Este tipo de videos no nos atemorizan, porque sabemos que esas personas no paran buses con camuflados o andan así en las carreteras. Lo que hacen es peor y, para eso, no necesitan pintar un carro”, menciona, visiblemente afectado y atemorizado, sobre todo desde el asesinato de Carlos Tautiva, cuya muerte en abril del 2023 fungió como el vestigio de la refundación del frente 53.
De hecho, en aquella oportunidad, la entonces alcaldesa Claudia López lideró un consejo de seguridad para abordar la posible presencia de este grupo en la localidad. “La presencia de la Nueva Marquetalia y del criminal Iván Mordisco no es para quedarse, sino para recuperar el corredor que conecta con Cundinamarca y Bogotá. Aunque no hay presencia de frentes ni campamentos, no vamos a esperar a que los halla. Vamos a actuar preventivamente”, dijo López. Un año después, un nuevo acto delincuencial vuelve a producir las mismas afirmaciones, pero esta vez en boca de la administración Galán.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que continúan los esfuerzos para corroborar la presencia del frente 53 en el territorio. A estas alturas, este tipo de afirmaciones, pueden resultar confusas, en opinión de Isaac Morales, Coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la fundación PARES. “Las autoridades dicen que no tienen certeza de la presencia del frente 53, pero en la anterior administración hubo un par de alertas. Habría que revisar si lo que hubo fue una reconfiguración de las estructuras, aunque esto ya hace parte del accionar de las autoridades”, dice.
Llegó la hora de reconocer
Más allá del ejercicio que permita establecer, con precisión, si los individuos detrás de los actos de propaganda del miércoles pertenecen o no al frente 53, los expertos coinciden en que, es momento de reconocer que en Bogotá hay la presencia de estos grupos. “Reconocer un problema conlleva buscar soluciones. Y hacerlo con Sumapaz, donde es más que evidente, es el primer paso a las acciones para abordar el problema. Otro aspecto es entender qué tanto el Distrito, como el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía, deben ver el corredor estratégico para economías ilícitas, como Sumapaz, y lo qué eso implica para la presencia de estos grupos”, explicó Morales.
Por su lado, el líder social señala que de nada sirve el patrullaje de tropas, confirmando si existe o no lo que ya se probó. “Lo que requerimos es que los uniformados comiencen acciones, inteligencia e intervención del sector, que saquen a los bloques e integrantes de estos grupos, porque si todo se queda en corroborar lo evidente, pues nada va a mejorar”.
El pasado 11 de marzo, después de cinco años de lucha de la comunidad, Sumapaz fue declarada por el Gobierno como víctima del conflicto armado y sujeto de reparación colectiva, un paso inédito en el resarcimiento de daños y comenzar el camino hacia una reparación integral. Sin embargo, aunque el proceso continúa, todo parece indicar que el dolor, que buscan reparar, podría extenderse a través de una gabela interminable de décadas. Mientras las autoridades insisten en la necesidad de corroborar, los campesinos del Sumapaz continúan custodios del miedo. Liberarlos es una tarea que las autoridades están en mora de comenzar.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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