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Hacia el mediodía del jueves 18 de enero, un grupo aproximado de 500 indígenas de la comunidad Embera regresaron a Bogotá tras permanecer poco menos de un mes en sus territorios, en el departamento del Chocó. El grupo se dividió en quienes decidieron regresar a las UPI de La Rioja y La Florida y quienes se dirigieron al campamento instalado desde octubre del año pasado en predios del Parque Nacional.
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Lo anterior representa una vacío en el proceso llevado a cabo por la Unidad de Víctimas y el Distrito, por cuanto la entidad invirtió $800 millones en transporte y equipamientos adicionales para facilitar la logística del retorno. Sin embargo, algunas voces del pueblo Embera, señalaron que el acompañamiento fue incompleto.
Los líderes de la comunidad aseveran que, una vez llegaron al resguardo, fueron dejados a la deriva sin ningún tipo de garantía frente a la compleja situación de inseguridad y conflicto en el territorio. En consecuencia, el Parque Nacional y las UPI recibió nuevas familias del pueblo ancestral, en su mayoría acompañadas de mujeres y menores de edad.
Efecto rebote
De acuerdo con Jairo Montañez, defensor de derechos humanos y coordinador de Autoridades Indígenas de Bakatá, ese ha sido el nombre con el que las comunidades han llamado a los ires y venires entre sus territorios y la capital: “Por condiciones de seguridad o por no tener garantías reales de reubicación en los territorios, es que la población decide retornar nuevamente a la ciudad. El efecto rebote es el fenómeno que se da por el retorno tras los fallos administrativos, operativos y por las nulas condiciones de seguridad para la comunidad. Durante años hemos hecho la denuncia sobre la manera en que se vienen haciendo los retornos”, asegura.
De todos los retornos que se han hecho, señala Montañez, la mayoría han sido en diciembre. “Nosotros consideramos que esa decisión puede entenderse como un detrimento consentido del patrimonio. ¿Por qué? La estrategia de varios gobiernos ha sido realizar los retornos en medio de las fiestas decembrinas, cuando muchos funcionarios no están en servicio, razón por la cual los seguimientos necesarios para dar garantías a las comunidades en territorios no se hacen efectivos. Esa ausencia de la institucionalidad se extiende hasta los primeros meses del año siguiente. Y en ese transcurso de tiempo, las comunidades vuelven a ser amenazadas por el conflicto, a pasar hambre y a no encontrar un sustento, entonces retornan. Ese es el efecto rebote. Además de un traslado, lo que las comunidades demandan es una reubicación consciente de las necesidades, y sobre todo de las problemáticas que hay en el territorio al que se quiere llegar.”.
El grupo de Emberas que esta semana llegó a la capital, lo hizo procedente de la región del Alto Andagueda, en el departamento del Chocó, en donde queda ubicado uno de sus resguardos más importantes. La zona históricamente ha sido azotada por la violencia, y actualmente configura uno de los principales corredores en los que se articula el tráfico de armas y de estupefacientes, por quedar ubicado en una región selvática con una salida al mar cercana, razón por la cual grupos armados como el ELN y disidencias y reductos de otros grupos, se enfrentan a sangre y fuego por el poder criminal de la zona.
Sumado a ello, en los últimos años los conflictos surgidos a partir de la explotación del oro se han recrudecido, configurando así un eslabón más en la cadena de violencia y desplazamiento que esta comunidad ha sufrido durante décadas. “Mucha gente dice que los indígenas quieren todo regalado, que no les gusta trabajar. La realidad es que, a sus territorios, donde trabajaban y vivían prósperamente, no pueden regresar por el conflicto y el recrudecimiento. Es un problema de orden nacional, de desplazamiento por la violencia, no de una comunidad acomodada”, asegura el coordinador de las autoridades indígenas de Bakatá.
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La peticiones
La Defensoría del Pueblo ha ejercido un rol de garante de los derechos de las comunidades y de los acuerdos a los que se han llegado durante la diáspora. Según el ente, durante las últimas reuniones con los representantes de las comunidades Emberas, el pliego de peticiones giró en torno a los siguientes particulares:
Salud: El ministerio y la secretaría distrital de Salud se comprometieron a realizar una ruta por la salud que implique el acceso a citas médicas y la participación en jornadas de salud, además de la contratación de personal que garantice la atención propia de los pueblos étnicos; Educación: caracterización de los menores para agilizar el proceso de ingreso a una institución educativa. Ante la petición de la comunidad de acceso a equipos de cómputo para que los menores aprendieran a usarlos, señala la Defensoría, la Secretaría de Educación se rehusó, alegando que no contaban con “capacidad técnica para entregarlos”. Tierra: ante el pedido de las comunidades para que la Agencia Nacional de Tierras adquiriera el predio de la UPI de La Florida, el ente gubernamental les anunció que no podía realizar el trámite por tratarse de una zona urbana, e informó, que hay procesos en los municipios de Caparrapí, Cundinamarca, y Salento, en Quindío.
En el documento que detalla la reunió entre autoridades y el pueblo Embera, se resalta la ausencia del ministerio de vivienda y de la alta consejería de víctimas de Bogotá.
Otra consecuencia de lo que la comunidad llama el efecto rebote, tiene que ver con el hacinamiento en los espacios destinados para su estadía, pues cuando una comunidad se va para su territorio, su espacio en las UPI o en los campamentos, es ocupado por otra comunidad, y cuando quienes se fueron deciden retornar, se encuentran con que su espacio ya está ocupado. Hecho que aumenta el hacinamiento y contribuye a las deficiencias en temas como la salubridad, que, junto con la desnutrición, son unas de las causas de que, desde 2021, hayan fallecido 43 indígenas, 33 de ellos menores de edad.
Otros Vacíos
Por su parte, la Unidad de Víctimas aclara el dinero invertido en los desplazamientos, no es “plata perdida”, como se ha dicho desde algunos sectores. “Nosotros actuamos bajo el principio de la voluntad de las comunidades, y realizamos el acompañamiento, el cual también depende, en gran medida, de las autoridades territoriales”, señala un comunicado emitido por la Unidad. Y es precisamente la incidencia, o no, de las entidades territoriales, un vacío clave para entender esta problemática, pues cuando las comunidades retornan o se reubican, las garantías de su bienestar también dependen de las administraciones locales, además del Gobierno Nacional, en el entendido de que el principal problema del retorno a los territorios tiene que ver con el conflicto armado.
“Este nuevo retorno se realizó bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Fueron 452 personas, entre ellas 70 de las que se encontraban asentadas en el Parque Nacional, a quienes la Unidad acompañó a sus territorios ubicados en los departamentos de Chocó y Risaralda, luego de que manifestaran la intencionalidad de regresar”, indican.
Así las cosas, las comunidades exigen que se respete y se cumpla lo pactado desde el 5 de mayo de 2022 con el Distrito, cuyos puntos más importantes, según el documento emitido tras el encuentro entre las partes, son: 1) el proceso de transición digno, seguro con garantías de las comunidades que voluntariamente deseen regresar a sus territorios. 2)el compromiso del Distrito para apoyar un proceso de organización y acompañamiento psicosocial, de acuerdo con las dinámicas internas de las Autoridades Indígenas de Bakatá, con el fin de consolidar una ruta de acciones que permitan restablecer sus condiciones sociales y económicas durante el tiempo en que se define un plan retorno o de reubicación. 3) acceso a vivienda en los territorios a donde se desplazarán.
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