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El 14 de febrero de 2003, una onda explosiva llevó luto y dolor a más de 100 personas del barrio Villa Magdalena en Neiva (Huila). Hacia las 5:00 a.m., unos 200 kilos de nitrato de amonio fueron detonados a control remoto mientras funcionarios de la Fiscalía, la Sijín y la Policía realizaban un allanamiento en la casa donde se encontraban los explosivos. La diligencia se llevaba a cabo ante informaciones sobre un atentado desde esa vivienda contra el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien planeaba visitar la ciudad al día siguiente. El saldo de la explosión resultó desolador: 15 personas muertas, 40 heridos y más de 60 casas afectadas. (Lea aquí: Extinción de dominio a casa en la que se planeó atentado contra Álvaro Uribe en Neiva)
Nueve meses después, en medio del proceso de duelo, sobrevivientes del hecho y dolientes de las víctimas empezaron a interponer demandas ante la justicia administrativa. Fueron 12 en total, en las que expusieron fallas de las autoridades y pidieron reparación. Los demandantes, que fueron agrupados en un solo proceso con más de 100 víctimas, narraron que los agentes estatales no pudieron ingresar a la casa bomba allanada por la entrada principal, y lo hicieron por el techo. Lograron subir hasta la parte alta de la vivienda gracias a que una niña (que murió en la explosión) les facilitó una escalera. Según los demandantes, esto constituyó un riesgo porque se sabía de los explosivos y no se tomaron previsiones. (Lea aquí: Atentado sacude a Neiva)
En tal sentido, argumentaron que la acción de las autoridades no fue precavida. “Fue necesaria la ayuda de una menor de edad para obtener la escalera, para que pudieran acceder al inmueble objeto de allanamiento y, además, no se desalojó el área comprometida con el fin de salvaguardar la vida de los moradores del barrio Villa Magdalena, incurriendo en imprudencia, ineficiencia y deficiente prestación del servicio”, se lee en una de las demandas. En los expedientes se resalta que el personal delegado para el allanamiento de la Policía pertenecía al nivel ejecutivo, pero no tenía la competencia requerida para afrontar esa diligencia, que involucraba un nivel de contraguerrilla y de manejo de explosivos.
En conclusión, los demandantes aseguraron que debido a estas circunstancias se configuró una falla del servicio, pues los agentes estatales que intentaron prestarlo, lo hicieron mal o de una forma ineficiente y, en consecuencia, el operativo se adelantó sin las medidas de precaución necesarias y sin los equipos técnicos requeridos para desactivar un artefacto explosivo, con los efectos ya evaluados. Las entidades a las que las víctimas de la explosión en el barrio Villa Magdalena señalaron como las responsables de lo sucedido fueron al Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía, la Presidencia de la República y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
“No habían acordonado ni la cuadra ni nos habían advertido a nosotros sobre nada”, recalcó uno de los testigos en el proceso judicial, mientras que un miembro de la Dirección de Policía Judicial (Dijín) reconoció que las posibles fallas del personal se derivaron en ese momento de la falta de preparación de los agentes en el manejo de explosivos. “La situación que está viviendo el país hace que la actividad frente al terrorismo sea muy dinámica y a veces desborda nuestra capacidad, no necesariamente para todos los allanamientos que se hacen se llevan técnicos antiexplosivos, porque no alcanzaríamos frente a la cantidad de diligencias que se hacen”, afirmó el agente estatal.
Sumado a los daños patrimoniales, las víctimas detallaron las secuelas psicológicas padecidas. Una de ellas narró que padece constantes dolores de cabeza que le impiden desempeñarse laboralmente y se acreditaron distintos casos de pérdida de capacidad laboral, deformidades en rostro, perturbaciones al sistema nervioso, pérdidas de ojos y brazos, y trastornos de estrés postraumático. Son frecuentes los casos de desequilibro emocional, sensibilidad al ruido, nerviosismo, insomnio, anorexia y depresión. En el listado de víctimas se encuentran desde un patrullero que falleció dejando huérfano a su hijo recién nacido, hasta una familia que perdió a dos de sus integrantes y cuya casa quedó inhabitable.
En contraste, el Ministerio de Defensa y la Policía se defendieron asegurando que los daños y perjuicios causados a los demandantes no fueron su responsabilidad, pues se trató de un acto perpetrado por las Farc en contra de la Fiscalía. Por lo tanto, fue un hecho imprevisible para los funcionarios policiales y el ente investigador. Concluyeron entonces que se trató de un hecho perpetrado por un tercero y las informaciones de inteligencia nunca dieron cuenta de que allí se tuviera armada una casa como una bomba. “La policía actuó dentro de los parámetros establecidos en estos procedimientos y en cumplimiento de lo ordenado por la fiscal encargada del allanamiento”, afirmó el Mindefensa.
Sin embargo, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva manifestó lo contrario y les dio la razón a los demandantes. En primera instancia, resolvió que la Fiscalía y la Policía omitieron en el allanamiento adoptar las medidas previas necesarias y suficientes para proteger tanto a quienes intervenían en la diligencia como a la población aledaña al lugar, pese a que se tenían suficientes indicios de un atentado con explosivos. Para hablar de ello, en el expediente se cita un informe de la Policía Huila, realizado el 13 de febrero de 2003, en el que se consignó la existencia de información que daba cuenta de un plan criminal para atentar contra el presidente con cilindros bombas, morteros y otros explosivos.
El juez de primera instancia ya declaró a la nación, en cabeza del Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía, como responsable de los daños ocurridos a raíz de los hechos del 14 de febrero de 2003 en la casa de la cuarta etapa del barrio Villa Magdalena. En consecuencia, condenó al Estado al pago de una indemnización por cerca de $5.000 millones. El fallo fue apelado por el Estado y, desde el año 2017, se encuentra en manos del Tribunal Administrativo de Neiva, que en los próximos días deberá tomar una decisión de segunda instancia. En su momento, el caso tuvo una alta incidencia judicial y política, pues la explosión ocurrió una semana después del ataque de las Farc al club El Nogal, en Bogotá.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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