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Unos 1.117 futbolistas, cerca del 75 % de jugadores y jugadoras profesionales, presentaron a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) un listado de peticiones con el que, según los firmantes, pretenden mejorar sus condiciones laborales. Mediante la carta radicada el 11 de septiembre de 2019, los deportistas intentaron iniciar un proceso de negociación colectiva con las autoridades del fútbol, pero aunque la FCF aún no se pronuncia, la Dimayor consideró las peticiones como meras sugerencias y no les dio carácter de vinculantes para sentarse a negociar. Esta respuesta fue interpretada por los jugadores, representados por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), como un portazo al diálogo y protestaron de forma pacífica retardando el inicio de algunos partidos. (Lea aquí: ¿Por qué los futbolistas profesionales se irían a paro?)
La tensión no se liberó con estas manifestaciones y promete intensificarse en los próximos días, porque los jugadores le pidieron al Ministerio de Trabajo intervenir para que la Dimayor y la FCF negocien, y no se descarta un posible cese de actividades. En concreto, las peticiones se concentran en establecer un calendario de competencias profesionales, para fijar periodos de descanso y recuperación y concertar el Estatuto del Jugador y el Código Disciplinario de la FCF, así como una minuta única de contrato de trabajo para todos los jugadores. Adicional a estas peticiones, se pide dialogar sobre el torneo profesional de fútbol femenino, fijar un partido anual de la Selección Colombia de mayores en favor de Acolfutpro, tener participación en los derechos de televisión y adoptar protocolos contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género. (Lea aquí: Jugadores profesionales, en contra del sistema del fútbol colombiano)
Acolfutpro explica que con el pliego de peticiones se busca, por ejemplo, acabar con la saturación de partidos. “Colombia es la liga del mundo que más partidos programa (64) sumados a la actividad internacional de los clubes, como Copa Libertadores y Copa Suramericana. Tolima jugó en el primer semestre 36 partidos en cuatro meses. Los jugadores no paran”, afirmó Carlos González Puche, director de Acolfutpro. Según la agremiación, el Código Disciplinario también atenta contra sus derechos ya que prohíbe la protesta y restringe la posibilidad de someter sus disputas ante la justicia ordinaria. “Un código privado impide a un trabajador colombiano ir a la justicia ordinaria. Eso es inconstitucional. Pedimos una minuta única de contrato para que los futbolistas tengan las mismas obligaciones y derechos. Lo único que variaría sería cuánto ganas y cómo lo pagan”.
Las solicitudes de los futbolistas, sin embargo, no fueron atendidas por la Dimayor. En un oficio, fechado el pasado 1 de octubre, la institución reconoció que es la delegada para atender y administrar el fútbol profesional colombiano, pero aclaró que son las federaciones las únicas entidades que están habilitadas para hacer modificaciones a las normas que regulan la actividad futbolística. En consecuencia, de acuerdo con Dimayor, las sugerencias que emanen de Acolfutpro, “como las de cualquier persona natural o jurídica a nivel nacional o internacional, podrán ser recibidas para su correspondiente estudio, pero no puede ser entendidas con carácter vinculante o definitivo (…) por lo anterior, no es posible dar curso favorable a su solicitud”.
En otras palabras, la Dimayor no aceptó sentarse a la mesa para iniciar una negociación colectiva con los futbolistas, pese a que se trata de un derecho que se les reconoce a todos los trabajadores en la legislación colombiana, y que la Corte Constitucional dejó claro desde 1997 que los jugadores son trabajadores. Por eso, la mayoría de los expertos consultados por este diario consideran que la Dimayor se equivocó de plano en su respuesta y tiene la obligación de dialogar con Acolfutpro que, si bien no es un sindicato en sí mismo, sí es una organización que representa a los jugadores y, en consecuencia, tiene la facultad de negociar.
Margarita Morales Huertas, docente de Derecho contractual y Derecho deportivo de la Universidad Externado, explica que los futbolistas piden que se les reconozcan los mismos derechos que tiene cualquier trabajador en el país, como son, por ejemplo, las vacaciones, o que se les elabore un contrato común que proteja sus intereses. “La Dimayor está dilatando sus obligaciones, su negativa es injustificada, está actuando en contra de la Constitución y el derecho a libre asociación. Sindicalizados o no, los trabajadores tienen derecho a negociar sus condiciones laborales. Sin embargo, creo que la reacción de los jugadores que protestaron también es injustificada, porque existe un proceso que se debe seguir. La petición es legítima, pero no las vías de hecho”, concluyó Morales.
Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, agrega que la Dimayor puede incluso ser sancionada por el Ministerio de Trabajo. “Es importante recordar que el diálogo social es uno de los elementos más importantes del trabajo decente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y no es deseable que se niegue en ningún espacio”, asegura Jaramillo. En el mismo sentido, Adriana Camacho, profesora de Derecho laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, defiende el derecho de los trabajadores a presentar su pliego de peticiones y aclara que para que haya una huelga es necesario primero iniciar un proceso de negociación colectiva, y ésta cumplir ciertos requisitos para ser considerada legal, entre ellos, la votación mayoritaria de los futbolistas.
La profesora Adriana Camacho, sin embargo, llama la atención sobre si la Dimayor es o no la entidad competente para atender un pliego de peticiones de los futbolistas. “Es claro que Acolfutpro no necesita ser sindicato para presentarlo porque quien lo hace son los trabajadores. El problema está en que hay que presentarlo ante el empleador y no es la Dimayor. Lo que presenta Acolfutpro no es un pliego sino solicitudes para mejorar sus condiciones. Considero que la Dimayor respondió bien, porque no es el empleador. No puede haber negociación con la Dimayor y sin ello no se puede hablar de huelga”, agrega Camacho. Hasta ahora, entre los futbolistas se rumora un posible cese de actividades para protestar contra la Dimayor y la FCF, pero no se habla de huelga.
En contraposición a la opinión de la profesora Adriana Camacho, Carlos González Puche dice que lo que piden los futbolistas es de total competencia de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Dimayor y no de los clubes profesionales. “¿Quién hace el torneo? La Dimayor. ¿Quién hace el Código Disciplinario? La FCF. ¿Para qué nos sentamos con los clubes? Ellos no van a solucionar nada. La negociación colectiva no es optativa para los empleadores y para quienes los aglutinan y los organizan”, afirma González Puche, quien esta semana recibió el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para mantener sus planteamientos.
La abogada Margarita Morales apoya su idea y añade que en las reglas generales de derecho colectivo los trabajadores solo pueden iniciar procesos de negociación colectiva con sus empleadores. Pero en el caso del fútbol, esta solución es insuficiente porque quien determina las reglas de la actividad y sanciona a los jugadores es la Dimayor. “Al tener un poder considerable en la manera como se ejecutan los contratos de trabajo, la Dimayor actúa como empleador de los jugadores. Es necesario pensar en una disciplina jurídica propia al deporte porque las soluciones generales del derecho laboral común son insuficientes”, concluyó la docente. Lo cierto es que en Colombia no se ha podido legislar sobre el tema, y el Ministerio de Trabajo tendrá que aclarar quién tiene la razón.
Pese a que el enfrentamiento entre jugadores y directivos promete subir de nivel, las exigencias de los deportistas no son nuevas y ya se plantearon en 2005. En aquella época, también pedían adoptar un modelo de contrato de trabajo que sirviera a todos los clubes. Hubo amague de paro, pero se frustró porque la mayoría de futbolistas fueron presionados por sus empleadores. La Dimayor y la FCF se negaron a negociar colectivamente con Acolfupro el Estatuto del Jugador argumentando que no eran empleadores de los jugadores. Por eso, el 3 de abril de 2006, la asociación, apoyada por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), escaló la pelea a la Organización Internacional del Trabajo y presentó una queja contra el Gobierno de Colombia.
El Gobierno, por su parte, respondió que Acolfutpro no es un sindicato y no puede presentar un pliego de peticiones ni negociar colectivamente, que cada club tenía que negociar con sus propios jugadores. Sin embargo, en 2007, la OIT dejó claro que la agremiación sí representa a los futbolistas y estos son libres de asociarse. El organismo internacional, a través del Comité de Libertad Sindical, realizó tres recomendaciones al gobierno: garantizar el derecho de negociación colectiva de Acolfutpro con los clubes o con la organización de empleadores que estos elijan para representarlos; pedir a Acolfutpro, Dimayor y FCF realizar esfuerzos para reanudar las negociaciones sobre el Estatuto del Jugador Colombiano; y al Gobierno investigar las presiones, amenazas de despido y otros actos de discriminación contra los trabajadores.
Casi dos décadas después, la discusión revive, pero esta vez tiene a buena parte de los futbolistas profesionales exigiéndoles a la Dimayor y a la FCF que los escuchen. Por lo pronto, las protestas en el campo de juego seguirán dándose, con críticas adicionales de los jugadores a WinSport por la censura en sus transmisiones a las imágenes de sus manifestaciones en los campos de juego. Mientras los deportistas dicen que no darán su brazo a torcer, la Dimayor y la FCF, que decidieron no pronunciarse ante este diario, no dan muchos gestos de que estén dispuestos a ninguna negociación.
“No se han vulnerado los derechos de los futbolistas”
Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado frente a las peticiones de Acolfutpro, fuentes cercanas a la organización dicen que esta no tiene competencia para negociar con los jugadores. “Ni la FCF ni la Dimayor tienen jugadores como empleados, por ende no tienen facultades para estipular condiciones de sus contratos. Este tema depende exclusivamente de los clubes del fútbol profesional colombiano, y es responsabilidad de los equipos atender a los sindicatos y lo relacionado con el tema contractual.
La FCF y la Dimayor son respetuosas de la protesta pacífica de los jugadores; sin embargo, sus inconformidades deben ser dirigidas a los clubes. Los jugadores, sin excepción, cuentan con todas las garantías para ejercer su profesión. De hecho, el Mintrabajo ha respaldado la posición de la FCF y la Dimayor, debido a que no se han vulnerado los derechos de los futbolistas.
La FCF y la Dimayor han estado abiertas a la concertación con los futbolistas y con Acolfutpro, pero el pliego de peticiones actual sobrepasa las obligaciones de la autoridad deportiva. Acolfutpro acude a los medios de comunicación para hacer ver a la FCF y a la Dimayor como instituciones intransigentes y desinteresadas por el bienestar de los futbolistas, pero no reconocen que son ellos mismos quienes se han parado de la mesa dejando las reuniones a media marcha cuando se quedan sin soportes legales para continuar con sus peticiones, que en muchas ocasiones rayan en el oportunismo”, aseguró una fuente cercana a la FCF.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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