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Al parecer, los escoltas que prestan seguridad a las personas amenazadas en Antioquia se sumarán a los funcionarios del CTI y los guardianes del Inpec ya que a algunos sindicalistas, líderes y defensores de Derechos Humanos les retiraron los esquemas de seguridad.
El coordinador de Mesa de derechos humanos del Valle de Aburrá, Carlos Arcila, explicó en conversación con Caracol Radio que todos los escoltas piensan salir a nivel nacional “porque exigen pagos oportunos de los salarios, salud y pensión; al parecer son los operadores que prestan el servicio, pero esto también es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección, porque si no responden los operadores el que debe responder es el Estado, que es el directo responsable de la seguridad de todas las personas amenazadas en Colombia”.
Si bien Andrés Villamizar, director Nacional de la Unidad Nacional de Protección, había hecho un compromiso en el que no habría despidos por la reorganización de esta entidad, Arcila denunció ante Caracol Radio que algunos sindicalistas, líderes y defensores de Derechos Humanos les retiraron los esquemas y varios escoltas terminaron desempleados.
“Esta semana le han quitado el esquema a 6 personas; varios escoltas quedaron desempleados, son aproximadamente 12; lo peor de esto es que los escoltas empezarán un paro”, explicó el defensor, a lo que agregó que “es una vergüenza que un estado social de derecho no tenga la capacidad de proteger a los ciudadanos”.
En Medellín serían alrededor de 300 escoltas los que dejarían de cumplir sus funciones. Al parecer, el sindicato de escoltas definirá en la mañana de este lunes un platón que harían en el centro de la ciudad.
De acuerdo con la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, en Antioquia habría aproximadamente 150 personas amenazadas, varias sin esquemas de seguridad, como es el caso de los periodistas del Bajo Cauca, que a pesar de las reuniones y compromisos de la Unidad Nacional de Protección permanecen sin una adecuada seguridad.