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El gobierno de Gustavo Petro, a través de sus Ministerios del Interior y de Justicia, radicaron en el Congreso el proyecto de ley con el cual los grupos criminales y de narcotráfico tendrían un mecanismo para someterse a la justicia a cambio de beneficios judiciales. No tendrán espacio organizaciones de origen político, además, se pagará como máximo ocho años de cárcel y los criminales podrán conservar hasta un 6% de su fortuna, entre otras ofertas. Sin embargo, la Procuraduría y la Fiscalía mostraron su incomodidad públicamente. El Espectador consultó a expertos que también presentaron reparos y este es su análisis.
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Para empezar, el penalista Julián Quintana, quien fue jefe nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, señaló que se trataría de un proyecto de ley que buscaría la impunidad. Considera que, en la balanza, son más los beneficios que ganan los criminales, que las reparaciones que podrían obtener las víctimas. Sobre todo, en sus palabras, porque el proyecto está enfocado en integrantes de organizaciones delincuenciales a quienes les esperan condenas por narcotráfico, terrorismo, homicidio, secuestro y lavado de activos. Y en otros condenados, los cuales, si ya pasaron ocho años en prisión, podrían quedar libres.
Según el proyecto de ley, quienes se sometan y resulten condenados por los crímenes más graves pagarán entre seis y ocho años de prisión. Quienes entren por delitos no violentos tendrán acceso a un principio de oportunidad, que funcionará como un mecanismo en el que no paguen un solo día de prisión. En ambos casos, todos se comprometerán con cuatro años de libertad condicionada a actividades de justicia restaurativa. Quintana considera que las instituciones del Estado no tienen como garantizar que, una vez terminen su proceso, sigan por el camino de la reinserción a la sociedad.
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Con respecto a sostener hasta el 6% de los bienes de origen ilícito, Quintana considera: “A mí la experiencia me indica el delincuente, sobre todo el narcotraficante, trabaja para tener grandes fortunas que generalmente no están en cabeza de ellos, sino de testaferros y terceros. Lo que uno ve específicamente es que, en materia de negociación, terminan entregando solo una parte de su fortuna y la otra la esconden. Algo es claro y es que no lo tienen en Colombia. ¿Hasta qué punto Colombia podría ir más allá para establecer donde están esas grandes fortunas?”.
Y concluyó: “Esto parecería una ley de borrón y cuenta nueva. ¿Qué va a pasar con los delitos que están en investigación? ¿Qué va a pasar con el número de extradiciones? Eso sería un golpe profundo para las relaciones con los Estados Unidos y la figura de la extradición. Y seguramente un capo de narcotráfico prefiere aquí pagar tres años de prisión, que le den una plata y no irse a los Estados Unidos, donde la condena sea mucho más grande y que le quiten absolutamente todo el dinero”.
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El penalista Alex Morales, quien ha investigado el conflicto en Medellín y Antioquia, y hasta el año pasado fue facilitador de paz de grupos armados de esa región, considera que la vía era por el proceso de paz. “El proyecto busca la sanción penal y la cosificación del ser humano, lo priva de su libertad en las penitenciarías nauseabundas y putrefactas, hacinadas y fuentes de criminalidad y de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señaló. Y como el Gobierno filtró su oferta a “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, quedarían por fuera las organizaciones medianas que tienen “factores reales de poder en los territorios”.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) agregó que el proyecto no es claro en determinar cómo se destinarán los recursos relacionados con las medidas restaurativas, ni el músculo económico para reparar a las víctimas. “Tampoco se determina si las personas que han incumplido acuerdos con el Estado -como disidentes de las antiguas Farc- podrían acceder a la ley, ni qué tipo de bienes entregados conllevarían a beneficios económicos. Genera preocupación que se deje abierta la posibilidad de que el Gobierno establezca presupuestos que alteren el curso normal de los procesos judiciales”, explicó.
Asimismo, la procuradora Margarita Cabello manifestó públicamente su inconformidad y criticó a los ministerios por no presentar, siquiera, estadísticas que soportaran su iniciativa ante el Congreso. Consideró que la ley deja abierta la posibilidad de que se pacte la no extradición en cualquier momento. Aunque aseguró que se les otorgará principios de oportunidad a quienes resulten condenados por concierto para delinquir, en situaciones de masacre o asesinato a líderes sociales, lo cierto es que, como está planteado el proyecto, estos procesados pagarán hasta ocho años de prisión.
Aun así, el fiscal Francisco Barbosa, en comunicación pública, también hizo hincapié en la situación del delito de concierto para delinquir que, a su juicio, será un mecanismo que va a tener “una suerte de indulto”. “Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (…) obliga, dentro del proyecto, a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial: expedientes, indagaciones. ¿Dónde quedó la separación de poderes?”, concluyó.
Sin embargo, la Fundación Paz y Reconciliación le respondió a Barbosa que “parece que sus objeciones al proyecto de ley se inscriben más en una disputa política con el gobierno y en bloquear de manera intencional el proceso de paz total”. Y que no es cierto que todos los procesados por concierto para delinquir van a recibir principios de oportunidad, pues quienes hayan participado en masacres y crimines de lesa humanidad recibirán hasta ocho años de prisión. El proyecto apenas lleva un día en el Congreso. De su discusión depende la expedición (o no) de las reglas para que grupos criminales como el Clan del Golfo, los Pachelly o La Oficina se reincorporen a la sociedad.
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