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Han pasado dos semanas desde que el avión Hércules de matrícula FAC-1016 se fue al suelo apenas 36 segundos después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo, en Putumayo. De las 126 personas que abordaron la aeronave ese día, 57 quedaron heridas y 69 murieron. Eran integrantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea; la mayoría falleció con el impacto, pero también hubo quienes salieron ilesos del choque y luego dieron la vida intentando salvar a sus compañeros, como el cabo Jairo Andrés Rincón, quien murió por la explosión de una granada en medio del incendio.
La tragedia conmocionó al país y lo enlutó oficialmente durante tres días. Aunque aún no se conocen las causas exactas del siniestro y, de hecho, en el país hay delegados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de los fabricantes del avión Lockheed C-130 indagando, son muchas las preguntas que apuntan a buscar responsables y especialmente garantías para que algo así no vuelva a suceder.
En contexto: Gobierno Petro defendió en el Congreso el mantenimiento del Hércules accidentado en Putumayo
Mientras avanzan las investigaciones, El Espectador accedió a varios documentos elaborados en la cúpula del Gobierno que encienden más alertas sobre el caso y sobre la posible crisis de las capacidades operativas de la fuerza pública. Según se lee en informes del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda y la Aeronáutica Civil, hay fallas estructurales y vacíos presupuestales que pondrían en riesgo la vida de los uniformados. Además, en esos documentos queda clara la existencia de un choque de versiones entre las entidades e incluso argumentos que desmienten varios mensajes del presidente Gustavo Petro sobre el accidente.
Sobre este último punto, llama la atención que, contrario a lo dicho por el jefe de Estado sobre la obsolescencia del avión, al que llamó “chatarra” varias veces, la cartera que lidera Pedro Sánchez insistió en que se trataba de una aeronave en buen estado y con todas las capacidades para cumplir la misión de ese lunes 23 de marzo.
En los documentos conocidos por este diario se especifica que el Hércules pasó satisfactoriamente una revisión de sistemas críticos, lubricación y diagnóstico de aviónica en julio de 2025. Por otra parte, fue sometido a un mantenimiento más complejo en julio de 2023, el cual, además, costó COP 11.500 millones. De hecho, es por esas revisiones que el avión tenía certificado de aeronavegabilidad hasta diciembre de 2027. Y en cuanto al peso del vuelo, el ministerio aclaró que se tenía capacidad de despegar desde Puerto Leguízamo con 139.000 libras y que se hizo con 133.000.
La otra discrepancia que reveló este caso tiene que ver con los recursos del Ministerio de Defensa y de sus entidades adscritas para garantizar el correcto funcionamiento de la flota aérea y en general la renovación de la tecnología de operación. Según el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, es cierto que el presupuesto de la Nación es inflexible hasta cerca de un 90 %, por lo cual es difícil garantizar el dinero suficiente para la inversión en la materia.
En este punto, la cartera le lanzó un dardo al Congreso, recordando que en el Capitolio se han hundido los proyectos que buscaban financiar los presupuestos de los últimos dos años. “La asignación para la modernización y reposición de activos estratégicos ha debido supeditarse a la realidad del recaudo efectivo, priorizando la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la Regla Fiscal por encima de los requerimientos sectoriales no financiados”, dijeron desde la entidad. A esto se suma que la mayor cantidad de recursos del sector Defensa, cerca del 79 %, se va al gasto de personal, por el pago de sueldos y pensiones de 481.000 efectivos y alrededor de 314.000 retirados.
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Sin embargo, Hacienda resaltó que la ejecución de los recursos disponibles y la evaluación del impacto operativo es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Defensa y sus fuerzas. Además, aclaró que no tiene en sus despachos ni en sus bases de datos ninguna comunicación oficial relacionada con la falta de recursos para atender el mantenimiento de aeronaves de las fuerzas militares.
Defensa, por su parte, aseguró que han hecho las inversiones más grandes en el último cuatrienio, pero que en lo relacionado con las adquisiciones de equipos mayores, armamento especializado y tecnologías militares, las necesidades han sido históricamente superiores al presupuesto.
En este punto entra un juego que disparó varias alertas en el Congreso, pues las fuerzas militares registraron necesidades por más de COP 53,4 billones, pero, por la crisis fiscal que atraviesa el país, para este año les entregaron solo COP 21,2 billones. Para algunos congresistas, estos números se traducen en vulnerabilidades para los militares y policías.
El senador Esteban Quintero (Centro Democrático), quien citó junto a colegas de otras bancadas, incluso del petrismo, un debate de control político sobre el accidente del Hércules y otros problemas del sector aéreo, dijo que el gobierno Petro debe responder por posible “negligencia” en al menos 11 accidentes aéreos de la fuerza pública y Satena que han dejado 116 muertos. “El mantenimiento no falla de un día a otro, falla por decisiones u omisiones. Hay responsabilidad por ignorar alertas, por debilitar el mantenimiento, por operar al límite, por hacerse los de los oídos sordos”, cuestionó.
Actualmente, el país cuenta con una flota aérea militar de 676 aeronaves, pero el reto está en la disponibilidad de las mismas, pues el nivel de alistamiento, que debería estar en 75 %, no pasa del 64 % desde hace casi 10 años y al cierre de 2025 estaba en 61 %. Según el ministro Sánchez, esto responde exclusivamente a que no hay plata suficiente para aumentar los niveles.
Y a todo esto se suma una falla estructural en aeropuertos como el del Puerto Leguízamo, que no cuentan con capacidades de primer nivel, por ejemplo una torre de control. De hecho, el general Hugo López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, dijo este martes que esa pista “necesita un apoyo”. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la administración, mantenimiento y operación del aeropuerto que fue escenario del accidente no recae sobre la fuerza pública ni la Aerocivil, sino sobre la Alcaldía de Puerto Leguízamo, un municipio de sexta categoría que para muchos de sus pobladores parece haber quedado olvidado en un rincón de la triple frontera con Perú y Ecuador.
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“El aeropuerto no tiene torre de control y lo maneja la alcaldía municipal, no la Aeronáutica ni una concesión ni los militares. ¿Sí está facultada técnicamente la alcaldía para operarlo? (…) A los militares incluso les toca comunicarse por radio internamente, esa es la capacidad de respuesta que tenemos”, advirtió en el debate de control político el senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico.
Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, están trabajando con el alcalde de Puerto Leguízamo para trasladar la operación de la pista a la Aerocivil. “Es un reto demasiado grande para un municipio que tiene pocos recursos”, reconoció la jefa de la cartera en el mismo espacio.
La respuesta del gobierno Petro a la crisis en potencia de la operación de sus fuerzas armadas es un Conpes aprobado a finales de marzo, después de la tragedia, que contempla una inversión de COP 13 billones para el fortalecimiento de las capacidades. De ese monto, el Ejército recibirá 5,8 billones, la Armada 3,4 billones, la Policía 2,3 billones y la Fuerza Aeroespacial 1,3 billones para tecnología y control del espacio aéreo. Eso sí, en el propio gabinete de Petro reconocen que “un Conpes no se le niega a nadie” y que la verdadera prueba es garantizar los recursos.
Presidente Petro habló de crisis de las fuerzas militares tras accidente del Hércules
Este es el informe del Ministerio de Defensa sobre el accidente
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Por David Efrén Ortega
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