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La Corte Penal Internacional de La Haya lanzó este viernes una orden de captura contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por “crímenes de guerra”, entre otros cargos, que el mandatario habría perpetuado en la invasión a Ucrania.
Tanto el jefe de Estado de Rusia, como Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, son responsables de “deportación ilegal” de niños ucranianos hacia territorio controlado por el Kremlin.
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Según Karim Khan, fiscal de la CPI encargado del caso, el jefe de estado y su consejera son responsables de comportamientos sistemáticos desde Rusia en la extracción de estos menores hasta su territorio desde el inicio del conflicto en suelo ucraniano en febrero de 2022.
La investigación, que ha estado abierta desde hace 11 meses, indica que hay evidencias de que Rusia secuestró niños y adolescentes ucranianos para enviarlos a zonas controladas por tropas y funcionarios rusos. De acuerdo con la investigación y el New York Times, los menores de edad fueron reenviados a centros de reeducación rusos.
Moscú negó cualquier valor jurídico de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, debido a que Rusia no reconoce a ese tribunal.
“Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal y, en consecuencia, desde el punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.
Aunque es verdad que ni Rusia (tampoco Estados Unidos o China) ni Ucrania son Estados parte de la Corte (123 en total), Kiev sí admitió la competencia del tribunal desde 2013. Dado que los crímenes señalados ocurrieron en territorio ucraniano, la orden es legítima, explican expertos juristas.
Rafael Prieto, profesor titular de la Universidad Javeriana, le dijo a este diario que los Estados parte de la CPI están en la obligación de detener a Putin si el presidente pasa por alguno de esos países.
Vale la pena decir también que Putin no es el primer presidente cuyo arresto ordena la CPI. Ya había sucedido, por ejemplo, con Omar Hasán Ahmad al Bashir, expresidente de Sudán, acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur, y quien está siendo procesado en su país.
Al Bashir fue acusado por la CPI en 2008 por crímenes de lesa humanidad en Darfur, la región de Sudán más afectada al término de su segunda guerra civil. Bajo el gobierno de Al Bashir se desató una serie de revueltas contra las fuerzas militares y ataques entre guerrillas que terminaron con miles de personas muertas y más de dos millones y medio de refugiados, según el Washington Post. ¿Cuáles otros mandatarios han sido acusados por la CPI?
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Slobodan Milosevic
Slobodan Milosevic fue elegido presidente de Serbia en 1989 y su poder se potenció con la caída de la tendencia comunista europea, lo que le sirvió para instalar un discurso nacionalista con el que se afianzó en el cargo. Posteriormente, ocupó el cargo de presidente en la extinta Yugoslavia y fue mientras ostentó este cargo que se perpetraron por los que fue encarcelado por La Haya en 2001, un año después de que lo derrocaran en Yugoslavia.
Los cargos por los que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó su captura incluían su participación en los conflictos de Bosnia (1992-1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999), en especial por el asesinato a la población no serbia de la antigua Yugoslavia.
Milosevic murió en 2006 en su celda en La Haya, cinco años después de haber sido encarcelado por “crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio”.
Jean Kambanda
Fue el primer ministro de Ruanda durante el genocidio del pueblo tutsi, que terminó dejando casi un millón de víctimas mortales. En 1997, tres años después de su ascenso al poder, fue arrestado en Nairobi, Kenia, para después ser juzgado por el genocidio por parte del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua por su responsabilidad mientras el exterminio ocurrió.
Cabe anotar, como explica Rafael Prieto, profesor de la Universidad Javeriana, que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, así como el creado para la antigua Yugoslavia, sirvió como precedente para la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional. Justamente este organismo nació para que hubiera un tribunal permanente, a diferencia de los tribunales ad hoc que se creaban para administrar justicia en cada situación o conflicto.
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Muhamar el Gadafi
Fue un dictador que gobernó Libia desde 1969 hasta 2011, año en que las fuertes rebeliones en contra de su régimen ocasionaron que terminara huyendo hacia Sirtre. En junio de ese mismo año la CPI emitió una orden de captura en su contra, así como contra su hijo Saif al Islam y su cuñado Abdullah Senussi, jefe de seguridad del Estado. Según el organismo, Gadafi y su régimen controlaba “el aparato estatal y a las fuerzas armadas que atacaron a la población durante las revueltas”.
No llegó a ser juzgado, pues rebeldes lo encontraron y ejecutaron antes de que fuera trasladado a La Haya.
Laurent Gbagbo
Mientras buscaba en 2010 su reelección en la presidencia de Costa de Marfil, cargo que ocupaba desde el 2000, Gbagbo desconoció los resultados de las elecciones que daban como ganador a su opositor, Alassane Ouattara, lo que desató un caos dentro del país que terminó acorralando al entonces mandatario.
La comunidad internacional reconoció y apoyó a Ouattara, incluyendo fuerzas militares que terminaron sitiando en un búnker a Gbagbo en 2011, para después ser trasladado a La Haya, en donde fue juzgado por crímenes de lesa humanidad durante el caos postelectoral, que terminó con cientos de personas asesinadas.
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