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En el caso del Palacio de Justicia hay múltiples verdades y testimonios, pero dos caminos opuestos. Uno, débil desde las pruebas, en el que militares actuaron con rigurosidad al ejecutar ese “Plan tricolor”, luego de combatir al M-19 y “mantener la democracia”, como lo dijo en plena operación el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. Y otro, que en cuatro décadas se ha consolidado, con pruebas en mano, en el que el Ejército retomó el control del edificio con tal violencia, que todo terminó en una masacre de más de 100 personas y la desaparición de otras, de las que 37 años después aún no se sabe nada. Hace unas horas la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz reforzaron la segunda hipótesis.
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La Corte Suprema puso punto final al expediente conjunto del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, excomandante de Inteligencia del Ejército, y del mayor (r) William Vásquez, así como de los sargentos (r) Antonio Jiménez, Luis Nieto y Ferney Causayá. Luego de dos instancias, en las cuales un juzgado y el Tribunal Superior de Bogotá los condenó, la alta corte determinó que no hay más pruebas que valorar, que accedieron a todas las garantías posibles y que quedarán en la historia como responsables de un hecho atroz: la desaparición de la exguerrillera Irma Franco y de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, administrador de la cafetería y uno de los meseros del Palacio, respectivamente.
Todos seguirán pagando 40 años de prisión por decisión de la máxima corte de lo penal en Colombia. Las pruebas son claras: la inteligencia del Ejército se ubicó en la Casa del Florero, a pocos metros del Palacio, donde dispuso de un espacio para la identificación de los sobrevivientes y su posible colaboración con el M-19. Todos llegaban en una especie de “calle de honor”, como lo reconoció el general (r) Plazas Vega en 2006. Aunque los militares intentaron probar que Rodríguez Vera y Beltrán Hernández jamás fueron trasladados, varios videos permitieron que sus familiares los identificaran y a los jueces reconocer que salieron con vida del Palacio.
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Las intenciones del Ejército con los colaboradores del M-19 quedaron retratadas en una interceptación radial a los coroneles (r) Sánchez y Carlos Sadvonik, segundo al mando de la Brigada XIII. Sobre Irma Franco se dijo: “Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco”. Entonces, Franco estaba en el segundo piso de la Casa del Florero, a donde iban conducidos todos los sospechosos de pertenecer a la guerrilla. Según cinco testigos que sobrevivieron a los interrogatorios, a todos se les ubicaba en espacios separados y se les vendaban de los ojos. Aunque las cámaras registraron a los trabajadores de la cafetería en esa “calle de honor”, el Ejército no inscribió sus nombres en los registros de entrada o salida del lugar. El cuerpo de Beltrán, el mesero, recién apareció en 2017, y de Vera y Rodríguez no se sabe nada.
Los testimonios dan cuenta de que a quienes se les atribuía la mayor probabilidad de pertenecer al M-19 eran llevados a guarniciones militares. Édgar Villamil, exmiembro del Ejército fallecido, llegó a decir que en la Escuela de Caballería del Ejército las víctimas fueron torturadas y “metidas en un hueco”. No obstante, la Corte descartó esa hipótesis, porque el testigo no estaba en Bogotá las horas siguientes al holocausto. Sin embargo, para la Corte, el solo hecho de que hoy Franco y Rodríguez Vera permanezcan desaparecidos es suficiente para sostener las condenas de los militares.
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El mayor (r) William Vásquez es el único de los condenados que, a la par, busca un espacio en la JEP, donde deberá aportar una verdad novedosa del caso Palacio, si quiere sostener beneficios como una eventual libertad. Ese es un camino que ya conoce el general (r) Arias Cabrales, quien por tres años, en términos prácticos, suspendió su condena a 35 años por desaparición forzada dictada también por la Corte. Durante el proceso de sometimiento obtuvo la libertad condicional y la JEP le ofreció una audiencia para que entregara datos nuevos de la toma y la retoma del Palacio. Pero se exculpó. El pasado 16 de marzo fue expulsado y puesto en manos de la justicia ordinaria. Lo único que reveló es que mantiene una condecoración por el “Plan tricolor” y dijo que salvó la vida de 200 personas.
Los familiares del administrador de la cafetería, Rodríguez Vera, lamentan que los padres de las víctimas hayan muerto “sin conocer estos pocos logros de la justicia”, que sí están asumiendo la segunda, tercera y cuarta generación. Le solicitaron al Ministerio de Justicia y al Inpec que el lugar de reclusión de los condenados sea proporcional a los delitos cometidos. Y enviaron un fuerte llamado a la JEP para que “asuma una posición fuerte y clara frente a este tipo de comparecientes, ya que se evidencia la burla a la jurisdicción y a los procesos de justicia. Es un mensaje que se envía sobre cómo personas que se encuentran en la justicia ordinaria pueden paralizar procesos y seguir gozando de beneficios”.
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Así las cosas, el general (r) Arias Cabrales se quedó sin opciones para intentar probar inocencia ante la justicia colombiana. La desaparición forzada de sus víctimas, sumada a la respuesta en conjunto del Ejército, incluso le valieron a Colombia una condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014. El mayor (r) Vásquez y el coronel (r) Sánchez Rubiano quedaron firmemente condenados ante todas las instituciones de justicia penal posibles en su caso. Y si quieren libertad, van a tener que convencer a la JEP de que, en el caso Palacio de Justicia, todavía hay tela por cortar. Por ahora las verdades que este trío de oficiales quiso contar quedaron derrumbadas por dos altos tribunales, en medio de un expediente que sigue en llamas desde hace cuatro décadas.
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