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Después de meses de guerra comercial y un aparente acercamiento en Lima hace unas semanas, Ecuador y Colombia volvieron al enfrentamiento diplomático, que esta vez llevó al llamado a consultas de Arturo Félix Wong, el embajador en Bogotá. ¿El motivo? Abiertamente, al margen de la guerra comercial, la seguridad en la frontera y los motivos anteriores, el punto de discusión volvió a ser Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano, símbolo del correísmo y condenado por la justicia ecuatoriana por hechos documentados de corrupción.
Petro afirmó mediante un trino que Glas es un “ciudadano colombiano” y un “preso político”. Pidió su liberación y, con todo esto, desató la furia de Quito, que tomó las palabras del mandatario como una afrenta directa a su soberanía. “Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder ante el Ecuador”, escribió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la misma red social.
El asunto no quedó ahí y, antes del llamado a Wong, precedió una nota de queja diplomática entre cancillerías. Allí sostienen que lo dicho por Petro constituye afirmaciones “falsas” que vulneran el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional. “El ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”, dice la nota. Como dato de contexto, Wong, un funcionario cercano a Noboa, fue designado para Colombia en medio de la crisis energética que sufrió Ecuador; parte de sus funciones fue normalizar la venta de energía. Este fue otro de los episodios que permiten ver, en retrospectiva, el deterioro progresivo de la relación bilateral.
Glas, mártir del correísmo y símbolo de la justicia
El correísmo sostiene, como Petro, que Jorge Glas es un preso político. “El problema de verlo como una persecución política es que Glas actualmente tiene sentencias condenatorias del Poder Judicial que no tienen mucho que ver con persecución política, sino más bien con cohechos y hechos de corrupción por los cuales fue condenado aproximadamente a ocho años. Además, la Carta Interamericana y los derechos humanos, como tal, establecen que cada país es independiente en sus decisiones judiciales”, explica Juan Federico Pino, analista y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador.
De hecho, en su respuesta en X, una de las cosas que remarca Noboa son los cargos por los que Glas fue encarcelado: asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. El mandatario ha hecho del caso de Glas un estandarte de lo que presenta como una lucha anticorrupción. Tanto es así, que puso en juego la relación bilateral con México con el asalto a la Embajada en Quito, donde el exvicepresidente estaba asilado. Ahora está recluido en la megacárcel que inauguró Noboa en 2025 en Santa Elena.
Pino recuerda precisamente el caso de México para hacer énfasis en la protección que ha tenido Glas por parte de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Petro, más que afinidad y apoyo simbólico, fue más allá al otorgarle en septiembre pasado la nacionalidad que acredita a Glas como ciudadano colombiano. Esta decisión es particular, cuando menos, dado que no fue un trámite ordinario, sino una decisión que dependió directamente de la facultad presidencial. Documentos requeridos por El Espectador a Cancillería, confirmaron que Glas obtuvo la nacionalidad por naturalización mediante exoneración parcial de requisitos, un mecanismo previsto en la Ley 2332 de 2023. Citan el artículo 22 de dicha ley, que establece que “es potestad única del presidente de la República exonerar de los requisitos para solicitar la naturalización, previo concepto de conveniencia emitido por la Presidencia de la República y enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores con miras a la expedición del respectivo decreto de exoneración”.
En su momento, Ecuador denunció irregularidades en este proceso, como que la firma del decreto de naturalización era de la cónsul en Quito, Paula Perdomo, siendo que para ese entonces Glas estaba preso en Guayaquil, donde nació, por lo que la jurisdicción estaría en la ciudad costera. La respuesta oficial a este diario se limitó a explicar la regla general y no respondió directamente si el consulado que intervino tenía la competencia específica para tomarle juramento a Glas. Esa omisión no prueba una irregularidad, pero sí deja una pregunta abierta sobre por qué el procedimiento ocurrió de esa manera y reforzaría la idea de que el caso recibió un tratamiento excepcional.
Para Pino, más allá del apoyo demostrado por el Gobierno colombiano a Glas, el verdadero agravante en la relación con Ecuador es el hecho de que, pese a estar condenado, se insista en que es un preso político y se desconozca la justicia ecuatoriana. “La afrenta no está en una decisión soberana de un Estado, sino precisamente en deslegitimar el sistema judicial, lo cual es un poco problemático. Es como si se dijera que, en algunos de los casos de condenados en Colombia, el sistema judicial colombiano está politizado y por eso está fallando, no con base en el derecho, sino en la política”, explica.
Por ahora las mesas de trabajo binacionales que estaban instaladas desde los encuentros virtuales de hace un par de semanas están suspendidas temporalmente. Aunque pareciera que ambos gobiernos caminan en círculos en una relación con desacuerdos, pero que tiene en medio 580 kilómetros de frontera compartida, para Pino más que volver a impases aislados, se trata de la “agudización de la crisis entre ambos países”, un panorama que, advierte, seguirá siendo así por lo menos hasta las elecciones de mayo en Colombia. “Noboa impone aranceles y, luego, en contraprestación y como medida de defensa, Colombia reduce el suministro de energía. Ahí creo que cabe preguntarse, en términos geopolíticos, qué actores están presionando a Noboa para que tome esas decisiones”, concluye.
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Por Hugo Santiago Caro
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