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Cuando el sistema de alerta de noticias me avisó de la explosión de las minas en Sutatausa, decidí investigar en internet sobre el desastre. Al escribir en el buscador: “accidente minas”, encontré, además del reciente caso colombiano, muchos más casos alrededor del mundo. El pasado 14 de marzo seis trabajadores murieron en el área minera de Harnai en Pakistán y otros cuatro fueron asesinados a tiros por grupos armados. Otra noticia del 10 de marzo reportaba que uno de cada cinco niños en Costa de Marfil está trabajando, muchos de ellos en la industria minera.
Hubo también otra entrada que me llamó la atención. La abogada filipina Patricia Bunye se quejaba de la “excesiva mala prensa” que recibe la minería. Según Bunye, los esfuerzos de la industria para hacer mejoras no se publicitan bien, pero los “incidentes desafortunados” se expanden y distorsionan la opinión pública. Todo esto, a raíz de protestas que se han dado en su país en contra de la minería. Filipinas es el quinto país del mundo con más riqueza mineral en oro, níquel, cobre y cromita, con reservas estimadas de US$1 billón. Quienes protestan por la minería en ese país consideran que los impactos ambientales y sociales superan cualquier contribución económica.
Naciones Unidas tiene como parte de sus objetivos para el desarrollo sostenible erradicar las distintas formas de esclavitud moderna. Como era de esperarse, dentro de los primeros objetivos de la iniciativa están los sectores relacionados con minería, metales y renovables. Para expertos, las condiciones laborales de los mineros rasos tienen varios rasgos de esclavitud moderna. Los deslizamientos de tierra, electrocuciones, explosiones y envenenamiento por gas son solo algunos de los desastres a los que se enfrentan los trabajadores con frecuencia. Además, este tipo de trabajo lo ocupan comúnmente quienes tienen menos garantías, como los inmigrantes o personas en situación de pobreza.
Muchas de las entradas denunciaban los impactos ambientales de la minería: gases de efecto invernadero, deterioro de ecosistemas acuáticos, eutrofización y polución por agrotóxicos. En Colombia, las entradas resaltaban la convergencia entre el narcotráfico y la minería ilegal en la destrucción de los bosques. Disputándose la minería ilegal figuraban el Clan del Golfo, Eln, Marquetalianos y la línea de Gentil Duarte y Mordisco. Me enteré en las entradas de que a veces los narcos, en golpes de civilización, dejaban las disputas de la explotación de lado y se unían a la hora de comercializar los minerales.
En resumen, mi corta investigación comprobó lo que ya otras lecturas me habían contado: la minería es un mundo difícil cuando es legal, pero es escabrosamente oscuro y violento cuando se sale de la ley. En Colombia se estima que cerca del 85 % de los metales preciosos, 60 % de los materiales de construcción, 40 % del carbón provienen de la minería ilegal. Y cuando es legal, como en Sutatausa, la regulación no parece estar funcionando. Claramente, el monstruo que mata mineros y arrasa con bosques no lo controla el Congreso, así lo quisiera. Aun así, estamos ante un Ejecutivo de vocación predominantemente legislativa.
Mis pensamientos están con las familias y los mineros de Sutatausa.
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