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A sus 78 años, casi todos dedicados a trasegar por los vericuetos del humanismo y el Derecho, el exmagistrado caldense Jairo Maya Betancourt decidió regresar a los códigos. Lo hizo hace pocos meses cuando recibió la notificación de que su mesada pensional, por efecto de la sentencia de la Corte Constitucional que ajustó las pensiones de congresistas y magistrados a través de su fallo de mayo de 2013, ya no corresponde al monto que venía disfrutando desde hace 18 años.
En 1965, Maya se graduó como abogado de la Universidad Libre en Bogotá, y casi de inmediato se vinculó al sector oficial desde los organismos de control y el poder judicial. Primero lo hizo en la Personería de Bogotá y tiempo después en el Tribunal Disciplinario. Entre 1980 y 1991 ejerció como magistrado de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Luego fue delegado de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, cargo que regentó hasta 1996.
Durante las tres décadas que administró justicia fue también catedrático. En la Universidad Libre, donde obtuvo su condición de abogado y, en distintos momentos, en las universidades Grancolombia, Autónoma, Católica, Nacional e Inca, entre otras. Hoy sostiene que no se atrevería a dictar una cátedra de derecho en universidad alguna porque no entiende cómo se le desmejora su condición de pensionado declarando retroactiva una sentencia, y ni siquiera tiene alternativas jurídicas para defenderse.
“Si hubo ex magistrados que aumentaron su mesada pensional de forma incorrecta que los investiguen, pero no veo porque a quienes pasamos la vida administrando justicia nos tengan que afectar la pensión adquirida legalmente”, recalcó el ex magistrado Maya, quien además sostiene que buena parte de lo que sucede obedece a “información mediática tergiversada” que los sometió al descrédito, como si todos los ex magistrados fueran defraudadores del Estado.
Se refiere a la sentencia de las pensiones millonarias adoptada por la Corte Constitucional, a través del cual dispuso que ninguna pensión puede superar el tope de los 25 salarios mínimos mensuales. Según el ex magistrado Maya, el incremento de su mesada pensional se hizo observando la ley, e independiente de las situaciones particulares que llevaron a la Corte a su sentencia, toda persona tiene derecho a confiar en las normas en las que amparó su proyecto de vida.
“Muchos ya estamos en la tercera edad y no desempeñamos actividades laborales, otros están aquejados de enfermedades terminales o tienen obligaciones crediticias contraídas que ahora no pueden pagar. No entiendo porque los derechos adquiridos se desconocen basado en que algunos incurrieron en situaciones anómalas”, insiste Maya, quien decidió sumarse a una asociación de exfuncionarios de la justicia denominada “afectados por la sentencia c-258 de 2013 de la Corte Constitucional”.
Por ahora, su expectativa está centrada en la solicitud de nulidad de la sentencia de la Corte, planteada por la Procuraduría desde hace más de un año, sin descartar las acciones que puedan promoverse en la justicia internacional. En su caso concreto, a pesar de que recibió una notificación oficial en la que se admitió que el reconocimiento de su pensión y sus ajustes se realizaron de conformidad con la ley, aguarda que al menos se reconozca que nunca abusó del derecho .
Mientras se define este asunto, el exmagistrado Maya detalla su último desengaño. Durante la reciente campaña electoral, tanto el presidente Santos como su vicepresidente Vargas, se mostraron dispuestos a remediar una inequidad del sistema de salud, pues los trabajadores cotizan el 4% y los jubilados el 12%. Ahora el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas está en desacuerdo porque, según él, está en contravía con el principio de solidaridad que rige la seguridad social.
“Vamos a unificar el régimen para que los pensionados coticen en igualdad de condiciones”, manifestó Germán Vargas en mayo de 2014. “Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución en salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso y voy a apoyarlo”, agregó el presidente Santos en junio. Hoy, el ministro Cárdenas no lo comparte porque “todos los afiliados a la seguridad social están en la obligación de contribuir a la sostenibilidad del sistema”.
Otro litigio que el exmagistrado Maya respalda porque incluso en el acta de acuerdo de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, suscrita en diciembre de 2013 y firmada por el presidente, su ministro de trabajo, los presidentes de la SAC, Asobancaria, Fenalco, Acopi y las centrales obreras, todos estuvieron de acuerdo en eliminar el aporte obligatorio para la población pensionada. El dilema es que ya pasó el momento de las promesas electorales.