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El caso de ciberespionaje que agita la política española desde hace semanas dio un vuelco este lunes, después de que el Gobierno anunciara que el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa habían sido espiados por el programa informático israelí Pegasus. En una conferencia de prensa convocada de urgencia en Madrid, en pleno feriado en la región, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó que los teléfonos celulares de Sánchez y de Margarita Robles fueron infectados en mayo y junio de 2021 por este software espía creado por la compañía israelí NSO, objeto de numerosas investigaciones en todo el mundo.
“Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones”, aseguró Bolaños, que consideró de “enorme gravedad” estas intervenciones “ilícitas y externas”, aunque no concretó si detrás podría estar otro país. “Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo (…) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial”, indicó. “En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias”, agregó el ministro. El gobierno presentó una denuncia este mismo lunes ante la Audiencia Nacional, la alta jurisdicción encargada de los casos de relevancia nacional o internacional, como los de terrorismo.
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En cuanto llega a un dispositivo, Pegasus permite acceder a los datos, servicios de mensajería o activar remotamente las cámaras y micrófonos del teléfono. NSO asegura que este programa, cuya exportación requiere de la autorización de las autoridades israelíes, solo se vende a Estados para ayudarles a luchar contra el terrorismo y la criminalidad. Pegasus y NSO son, sin embargo, objeto de graves acusaciones desde que un consorcio de medios revelara el año pasado que se había usado el software para espiar a centenares de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos o empresarios.
Datos sustraídos
Bolaños indicó que habían sido detectadas “dos intrusiones” en el celular de Sánchez, en mayo de 2021, y una en el de Robles, en junio del mismo año. En ambos casos, las intervenciones permitieron extraer “determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles”, añadió el ministro, sin dar más detalles. Según el diario El País, los hackers extrajeron 2,6 gigas del teléfono del jefe del Gobierno en la primera incursión y 130 megabites en la segunda, además de nueve megas del de Robles, pero aún se ignora qué tipo de información se sustrajo y su sensibilidad.
En los dos casos se trata de sus teléfonos oficiales, facilitados por el Estado, y no los privados. Estas últimas revelaciones llegan en plena agitación política en España, donde el gobierno central del socialista Sánchez lleva días de fuerte tensión con los independentistas catalanes, que acusan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de haberlos espiado con Pegasus. El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista (en su mayoría catalana) que habrían tenido sus teléfonos móviles atacados o infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí.
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‘Doble vara de medir’
Sin aclarar si los servicios secretos del Estado habían espiado o no, Sánchez anunció la semana pasada que el CNI abriría una investigación interna y se comprometió a “rendir cuentas”. Para los independentistas catalanes, sin embargo, la respuesta del Ejecutivo es insuficiente y este lunes respondieron con contundencia al anuncio de Bolaños, cuestionando la conveniencia de estas revelaciones. “Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya”, reiteró el presidente regional catalán, Pere Aragonès, en su cuenta de Twitter. “La doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo, todo vale”, agregó.
Esta crisis tiene una dimensión muy seria para el gobierno minoritario de izquierda de Sánchez, que necesita el apoyo en el Parlamento de la formación de Aragonès para mantenerse en el poder hasta agotar la legislatura, a finales de 2023. “El gobierno español es el único responsable de este caso de espionaje, sea por acción o por omisión”, criticó la portavoz del ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja, que volvió a reclamar “una investigación profunda, pública, independiente” sobre el caso. Figura de la línea dura del independentismo, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, fue más allá y se preguntó si el gobierno estaba realizando “una maniobra para pasar de verdugos a víctimas”. “No cuela”, lanzó en Twitter.
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