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Con reacciones intensas, esta semana fue publicado el estudio “Sellers’ inflation en Colombia” (inflación de los vendedores), realizado por asesores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El punto más llamativo de ese documento sugiere que el episodio inflacionario reciente está correlacionado con un mayor incremento de las utilidades que de los salarios. Vale la pena enfatizar: sin desconocer el rol explicativo sobre la inflación de los choques de oferta y demanda, originados en las cadenas globales de suministros durante la pandemia, las políticas fiscales y monetarias expansivas que tenían el propósito de mitigar la crisis económica y aumentos en los precios de las materias primas como consecuencia de la guerra en Ucrania —aspectos que han sido analizados como parte del fenómeno inflacionario global—.
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La controversia
El foco del estudio en la distribución del ingreso entre utilidades y salarios, quizá lo más controversial, provoca alergia en algunos grupos, seguramente por las implicaciones de economía política, que en algunas ocasiones resaltan la idea de conflicto entre capitalistas y trabajadores. Influye también, sin duda, el escenario actual de tensiones y expectativas en el tema de la articulación público-privada del país. Además, al título de “inflación de los vendedores”, académicamente provocador y usado en otros trabajos internacionales, no le queda difícil pasar a ser provocador políticamente. Sea dicho de paso, hay otros verdaderamente desubicados como “inflación de la avaricia”. No obstante, en mi lectura del documento no encuentro que los autores hagan afirmaciones descabelladas que apunten a culpar políticamente por la inflación al sector empresarial, como han dicho algunos.
Destrucción de empleo e inflación de alimentos
Con la publicación vendrán revisiones de los datos y la metodología. El estudio tendrá también que examinar efectos indirectos de las importaciones y avanzar en ofrecer un mejor entendimiento de los mecanismos detrás de la contabilidad y las correlaciones. En todo caso, el aumento relativo de las utilidades de algunas empresas (frente a los salarios) —enfatizo algunas empresas— en medio del episodio inflacionario es razonable.
En primer lugar, visto desde otro ángulo, puede ser resultado de un mayor deterioro de los salarios frente a las utilidades como consecuencia de la destrucción de empleo durante la crisis. Confluyen además cambios en los patrones de consumo y efectos asimétricos de la pandemia, tanto en ingreso como en inflación, que fueron más fuertes en el caso de los pobres. De hecho, es claro que la inflación pagada por los hogares de ingresos más bajos fue por muchos meses más alta que la inflación de las canastas de consumo de los hogares de ingresos altos, con un componente muy importante de la inflación de alimentos como consecuencia de las disrupciones en los mercados de fertilizantes e insumos agropecuarios, que se sumaron al fuerte invierno que vivió el país y a la dependencia en la importación de cereales. Estos efectos pueden estar reflejados en las cifras agregadas de las cuentas nacionales del estudio.
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Más, no menos competencia
En segundo lugar, la “destrucción” de empresas durante la crisis pudo llevar a una mayor concentración de mercado en algunos sectores. No vamos a mentirnos pensando que todos los mercados son o han sido ampliamente competitivos en Colombia. Al no serlo en algunos sectores, esas empresas tienen la posibilidad de fijar precios más altos como base de sus ganancias.
No se puede descartar tampoco que en otros casos, además de tratarse de pocos oferentes de bienes y servicios finales, se trata de pocos intermediarios de insumos (por ejemplo, agropecuarios) o pocos contratantes de trabajadores en una economía con alto desempleo estructural e informalidad. Precios más altos en los eslabones de las cadenas productivas que luego se trasladan al consumidor.
Estoy seguro de que muchos empresarios y emprendedores demandan más, no menos competencia. Es claro que mejores condiciones de competencia y un acceso más democrático a la infraestructura pública, que va desde carreteras hasta procesos administrativos, reduce las barreras de entrada a las innovaciones empresariales. Un tema central, sin duda, para la estrategia de desarrollo productivo que necesita el país.
Precisamente por razones como estas, es inútil el falso dilema de tener que elegir entre el sector público o el empresarial. En lugar de eso hay que pensar en su complementariedad. Los desafíos, no solo de la reactivación coyuntural, sino de un modelo eficiente de desarrollo productivo, requieren economías de escala, concurrencia de inversiones públicas y privadas y nuevos y más mercados competitivos, que vienen además de la mano con menores precios para los consumidores y mayores salarios reales.
El tema de más competencia no parece tener un rol central en la literatura de “inflación de los vendedores”. Sí incluyen en sus recomendaciones de política impuestos a las utilidades extraordinarias, aparentemente para reducir los incentivos de fijar precios más altos cuando las empresas tienen poder de mercado. Habiendo sido defensor de los impuestos a las utilidades extraordinarias (windfall taxes) por razones de política fiscal, reconociendo que hay sectores que en medio de las crisis pueden contribuir más al financiamiento del gasto social y productivo, no me convence aún la idea de que estos impuestos funcionen para disminuir la inflación.
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La operatividad de los impuestos a las utilidades extraordinarias no es sencilla, iniciando por la definición de extraordinario. Dependiendo del diseño específico de ese impuesto, este podría aumentar y no reducir los precios. De todas formas, no se debe ignorar que la clave está en que los recursos fiscales sean usados para financiar eficientemente proyectos de desarrollo productivo y de expansión de oferta. Es claro que la política monetaria convencional orientada a detener la inflación es insuficiente. Cumplido su propósito de enfriar los excesos de demanda, se requieren políticas no convencionales que apunten a aumentar la capacidad productiva del país, por ejemplo reduciendo la dependencia de bienes importados para garantizar la soberanía alimentaria a través de mejor producción agroindustrial nacional. Estos asuntos los he planteado en varias oportunidades.
Un debate abierto
Veremos el alcance del trabajo y las respuestas a las inquietudes sobre las recomendaciones de política. Por último, sorprende que algunas críticas al documento publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluyen intentos de desprestigio académico. Siendo un documento de trabajo (nota macroeconómica) —con referencias que también lo son—, presenta un ejercicio interesante sobre la distribución del ingreso de los factores productivos en relación con el episodio inflacionario reciente.
En caso de ser tomadas en serio solamente las ideas en revistas académicas, perderíamos no solo la oportunidad de discutir este estudio sino otros cientos de documentos de trabajo e ideas de las universidades, de los bancos centrales (Banco de la República), de los llamados centros de pensamiento (como ANIF o Fedesarrollo) y de los gremios —incluso columnas y contribuciones de los amigos tuiteros—. Preferible celebrar la presentación de este trabajo para continuar la reflexión sobre el fenómeno inflacionario reciente y el rol de la política macroeconómica. Esto sin perjuicio, por supuesto, de discutir la solidez de los argumentos presentados.
Los asesores del Ministerio, autores del documento, merecen escenarios abiertos para el debate, sin descalificaciones políticas, con respeto y reconocimiento por exponer su trabajo sobre un asunto controversial en medio de un ambiente al que ojalá, como en el caso del calentamiento global, logremos bajarle algunos grados de temperatura. Bienvenidos el estudio y la discusión con altura.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
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