Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“En La Rioja hace mucho que no estamos en condiciones dignas, las circunstancias de salubridad y hacinamiento nos generan problemas y malestar a todos, pero especialmente a los menores. Muchos de nuestros niños se están acostumbrando a vivir en la precariedad y sin garantías mínimas, y eso no puede seguir pasando”, asegura Rosamira Campo Murillo, lideresa de una parte de la comunidad embera que permanece alojada en la UPI La Rioja y quienes tendrán que ser reubicados tras una tutela que presentó la Personería de Bogotá y que acogió el Tribunal Superior de Cundinamarca con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que allí residen.
En contexto: Emberas piden oportunidades: las razones de la protesta de 120 familias indígenas
La situación de hacinamiento en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, y las condiciones indignas en las que viven miles de indígenas en Bogotá, hace tiempo que no son una novedad. El predio de La Rioja, ubicado frente a la estación Hospital de Transmilenio, localidad de Los Mártires, empezó siendo un alojamiento temporal en 2022 a raíz de las complejas condiciones humanitarias que pasaban cientos de indígenas en el Parque Nacional, pero tres años después es el escenario donde la crisis se repite.
“Nos fuimos del Parque Nacional porque nos dijeron que en los albergues temporales íbamos a vivir dignamente. La verdad es que las condiciones actuales no son ni dignas ni seguras, solamente estar en el predio ya es inseguro, porque se nos puede venir abajo. No podemos regresar a nuestros territorios por el escalamiento del conflicto, pero tampoco podemos estar acá. Nos convertimos en una incomodidad”, resalta la lideresa Rosamira Campo, quien llegó a Bogotá desplazada por el escalamiento del conflicto armado en el Alto Andágueda, en el departamento de Chocó. Rosamira pasó una larga temporada de casi un año en el Parque Nacional y fue de las primeras personas, junto a su comunidad, en ser reubicada en La Rioja en 2022.
Le puede interesar: “Quieren dispersar el proceso”: MinAmbiente por lineamientos de la Sabana
Orden de desalojo y reubicación
En el predio de La Rioja, que consta de dos edificios de tres pisos cada uno, habitados en su totalidad por la comunidad emberá, actualmente viven, en promedio, unas 1.000 personas, cuando su capacidad de alojamiento es de, aproximadamente, 200 personas, según señala la Personería.
Las condiciones de hacinamiento, de acceso deficiente a servicios sanitarios que genera enfermedades, las alertas de riesgo de colapso y los fallos constantes en el suministro de agua, entre otros factores, incidieron de manera definitiva en la decisión de desalojo y reubicación.
Con esos antecedentes sobre la mesa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió una tutela presentada por el ente de control contra la Alcaldía y otras entidades distritales, decidiendo modificar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Tras examinar el caso en segunda instancia, la corporación amparó los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad y a la vivienda digna de los miembros de los pueblos indígenas emberás que actualmente se encuentran albergados en La Rioja.
Así las cosas, el Tribunal ordenó a diversas entidades del Distrito Capital —incluidas la Oficina de Consejería Distrital para la Paz, Víctimas y Reconciliación, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático— identificar en un plazo máximo de tres meses un inmueble idóneo que garantice condiciones dignas para la comunidad indígena y proceder a su evacuación urgente e inmediata desde el albergue La Rioja.
Al respecto, Isabelita Mercado, consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación, señaló que el Distrito acata y respeta las decisiones judiciales y tendrá toda la disposición para dar cumplimiento al fallo del Tribunal.
“Seguiremos trabajando de manera coordinada con la Nación, tal y como lo hemos venido haciendo con la Unidad para las Víctimas desde hace unas semanas, para que el esfuerzo de relocalización lo podamos hacer de manera conjunta”, resaltó Mercado.
Para avanzar en una solución duradera y efectiva, desde 2023 un fallo de tutela le ordenó a la Unidad de Víctimas acelerar los procesos de reubicación y retorno de la comunidad emberá que reside en La Rioja, fallo que, valga anotar, no se cumplió a cabalidad.
Lea además: Rescatan con vida a mineros atrapados en socavón de Lenguazaque, Cundinamarca
“Seguiremos resistiendo por nuestra dignidad”
Este fallo, de acuerdo con Jairo Montañez, antropólogo y experto en asuntos étnicos -y quien conoce de cerca los problemas relacionados con la estadía de la comunidad emberá en La Rioja-, tiene una particularidad en relación con fallos anteriores, y es que exhorta, de manera exclusiva, a la administración distrital a coordinar los espacios desde donde se garanticen los derechos individuales y colectivos de la comunidad que se encuentra en La Rioja.
“Con este fallo estamos hablando de un proceso de reubicación y no de reintegración local, que es lo que el Distrito ha venido haciendo”, señala Montañez.
“La diferencia radica en que, cuando se habla de reintegración, se hace referencia a un espacio de carácter transitorio que responde a ciertas necesidades coyunturales, pero en donde, una vez se mitigue la problemática, se deja de brindar asistencia. En cambio, cuando hablamos de reubicación hablamos de programas de largo aliento que deben tener en cuenta estrategias que le brinden al grueso de la comunidad estabilidad social, económica y cultural, entre otras cosas que son parte de una solución definitiva y no de los acostumbrados paños de agua tibia”, añade.
Por otro lado, señala que la amenaza estructural del predio se emitió desde 2023, un año después del proceso de reubicación que llevó a la comunidad que estaba en el Parque Nacional a residir en La Rioja. “Lamentablemente, en la actualidad, las situaciones de La Rioja están mucho más precarizadas que cuando se dio el proceso de reubicación que prometía lo contrario”, advierte.
Con ello concuerda la Personería Distrital, pues en los antecedentes que se presentaron en el documento de la tutela, se explica que, durante la visita que la entidad realizó el 14 de febrero de 2025, evidenciaron circunstancias que van en detrimento de la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad.
“Se encontraron daños en la red eléctrica y en el suministro de agua, presencia de roedores muertos, disposición inadecuada de desechos, espacios destinados para la cocción de alimentos dentro de las habitaciones y consumo de alcohol. Además, la población supera exponencialmente la capacidad del edificio, pues el cupo es de 180 personas y en la actualidad hay más de 1.000, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores, lo que incrementa el riesgo de colapso de la estructura física”, se lee en el documento.
Y añaden: “Hay conexiones artesanales expuestas, lo que presenta un peligro de electrocución; se encontraron tanques de gas en uso donde duerme la comunidad, lo que genera un alto riesgo de explosión y contaminación por falta de ventilación; hay exposición de los habitantes a la inhalación de gases ofensivos y letales para la salud humana, así como las instalaciones presentan aguas estancadas y muchos niños caminan descalzos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades”.
En ese sentido, tal y como señala la lideresa Edelmira Campo, “estar en La Rioja es peligroso, por eso algunos han decidido regresar al Parque Nacional o instalarse a las afueras de ministerios para exigir mejores condiciones. Seguiremos resistiendo por nuestra dignidad en los escenarios que nos toque”, advierte.
Por otro lado, casos tan graves como las denuncias por violencia sexual, maltrato intrafamiliar, aumento en los índices de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, entre otros problemas de índole social que se están saliendo de control, tendrán que abordarse de manera clara y decidida.
“Históricamente, a nivel distrital, no se ha abarcado de la manera en que debería el tema de la salud mental en la comunidad. En esta nueva etapa esperamos que las rutas de acción pasen por reconocer los esquemas culturales, sociales y políticos de la comunidad para poder entablar acciones conjuntas que incidan directamente en las problemátias sociales crecientes en la comunidad”, puntualiza Montañez.
Por ahora, tanto el grueso de la comunidad emberá que permanece en la UPI La Rioja como quienes retornaron al Parque Nacional, según señalan varios líderes, solo se irán hasta que se cumpla el proceso de reubicación que ordena el Tribunal.
Entretanto, los procesos de retorno seguro a los territorios siguen en veremos, dado el continuo escalamiento del conflicto en zonas de Chocó, Risaralda y Cauca, departamentos de origen de la mayoría de las comunidades emberás que hoy asisten a un nuevo capítulo de su éxodo en una ciudad que normalizó la precariedad y las carencias permanentes con las que continúan malviviendo.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Conoce más