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Para hablar de la guerra en Irak hay que hablar de Alejandría, o Al-Iskandariya, una de las áreas más peligrosas durante la invasión y posterior ocupación liderada por Estados Unidos en 2003. La zona fue un objetivo fundamental para las tropas de la coalición estadounidense porque décadas atrás, en los años 80, había sido clave para el programa clandestino de Sadam Husein que buscaba producir armas nucleares, pero durante la invasión estadounidense no se encontró rastro de armas de destrucción masiva allí. De hecho, no se encontró nada de esto en todo el país, aunque fue la excusa de Washington para mantener la guerra andando por un buen tiempo.
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“Resultó, como descubrimos más tarde, que muchas fuentes que habían sido atestiguadas por la comunidad de inteligencia estaban equivocadas”, le dijo Colin Powell, exsecretario de Estado de EE. UU., a Al Jazeera una década después de la invasión. Él fue el hombre que presentó ante la ONU el caso para invadir Irak, apoyado en informes de inteligencia dudosos que decían que en Irak había armas de destrucción masiva, pero eran falsos. Powell, quien murió en 2021, de covid-19, aseguró que fue presionado por el gobierno de George W. Bush para dar ese controvertido discurso ante la ONU.
La guerra fue un engaño, dicen los expertos, las pruebas y hasta los mismos involucrados. Pero de lo que sí tenemos evidencia hoy, y mucha, es de los crímenes de guerra que cometieron los estadounidenses en la zona, que hoy parecen olvidados. En 2007, un jurado militar condenó al francotirador Jorge G. Sandoval Jr. por poner un rollo de alambre de cobre —que se usaba para fabricar o detonar bombas— sobre el cuerpo de un hombre al que había matado en Alejandría. Estaba plantando una escena. El hombre al que había matado estaba cortando hierba con una guadaña y no era un peligro. Fue una ejecución ilegal y no sería el único caso en el que se pusieron armas en iraquíes no combatientes para hacerlos pasar por insurgentes. Eso es lo que en Colombia hemos conocido dolorosamente como el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).
Además de esto, hubo violaciones en grupo como la de Abeer Qassim Hamza al-Janabi, una niña de 14 años, en Bagdad, quien luego fue asesinada junto a toda su familia; el uso de fósforo blanco contra civiles en Faluya, lo que está prohibido por el derecho internacional; masacres como las de Mukaradeeb, donde se celebraba una boda y murieron 42 civiles en un ataque aéreo, lo cual fue negado por el Ejército estadounidense, pero confirmado por videos obtenidos por Associated Press.
También está el asesinato de prisioneros de guerra como Baha Mousa. Hubo tortura, por otro lado, como quedó evidenciado en las historias de terror en la prisión de Abu Ghraib, donde los estadounidenses orinaban encima de los prisioneros, los electrocutaban, les hacían simulaciones de ahogamiento, les impedían dormir, los violaban o les ponían música a todo volumen para irritarlos, entre muchas otras cosas.
Todos estos crímenes tienen más relevancia hoy, no solo porque se conmemoran 20 años de la guerra en Irak, país que atraviesa una profunda crisis económica, política y social, que no apareció con la guerra, pero se profundizó por esta. También tenemos una renovada discusión sobre la rendición de cuentas por los crímenes de guerra, ahora que Rusia invadió a Ucrania, en la que Irak juega un papel definitivo.
“¿Quién recuerda ahora que, en 2003, éramos Vladimir Putin?”, resume el profesor de historia Juan Cole en The Nation. “El gran elefante en la habitación en Ucrania es Irak, que también fue una guerra manifiestamente ilegal y produjo una respuesta muy diferente en Reino Unido y Estados Unidos”, agrega por su lado Philippe Sands, especialista en derecho internacional, en The Intercept.
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Y es que Estados Unidos, que ahora reclama justicia para los crímenes cometidos en Ucrania, ha hecho todo lo posible para entorpecer y desafiar las pesquisas sobre sus intervenciones en el extranjero. La Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense (ASPA), también conocida como la Ley de Invasión de La Haya de 2002, desconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre ciudadanos estadounidenses. Pero esa guerra con la CPI ha ido más allá: recordemos que hace apenas dos años el gobierno de Donald Trump sancionó a Fatou Bensouda, entonces fiscal general de la CPI, en respuesta a la apertura de una investigación por los crímenes cometidos en Afganistán.
Con recordar esto no se busca desacreditar la lucha por hacer justicia en Ucrania lanzando un argumento “whataboutista”, sino mostrar cómo Estados Unidos creó un caos jurisdiccional al negarse a ser investigado. Esa sombra de los crímenes de guerra estadounidense en Irak se cierne hoy en otros espacios. Como señala Jeremy Scahill, corresponsal de The Intercept, “la realidad es que la negativa militante de EE. UU. a someterse a las leyes que quiere que se apliquen a otros ha jugado un papel importante en socavar ese objetivo. Al final, esta hipocresía subvierte la causa de hacer justicia a quienes orquestaron la campaña asesina en Ucrania”. En esto coincide el profesor Cole, quien dice que Estados Unidos arruinó su credibilidad y “le dio a Putin una tapadera para su propia atrocidad”.
Pero el caos jurisdiccional no fue el único legado atroz de esta guerra. Cuando la evidencia de armas de destrucción masiva no surgió, la coalición encabezada por Washington debió replantear la guerra y dijo que el objetivo era transformar a Irak en un Estado próspero y democrático. Lo que tenemos hoy, según Sajad Yihad, analista de la Century Foundation, no es prosperidad ni democracia, sino una cleptocracia que domina al país. La guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, larga y costosa, también hirió fuertemente a Washington en el plano internacional.
“La influencia de Estados Unidos se ha ido erosionando durante décadas, desde la extralimitación destructiva de los años posteriores al 11 de septiembre hasta la diplomacia transaccional del presidente Donald Trump”, escribe Jonathan Gueyer en Vox.
Prueba de esa erosión son los acuerdos mediados por China en Medio Oriente, que ha llenado el vacío diplomático de EE. UU. en el Golfo, según explica el exdiplomático Chas Freeman. “China está tratando de producir un entorno internacional pacífico allí, en el que puedas hacer negocios”, dice sobre el poder diplomático de Beijing, que, entre muchas cosas, hizo que Irán y Arabia Saudita reanudaran sus relaciones.
Entonces, el saldo de esta guerra para EE. UU. es de 4.584 soldados muertos, más de US$2 billones gastados y su credibilidad en entredicho. Para Irak, sin embargo, es mucho peor: se estima que murieron 450.000 personas durante el conflicto, el petróleo se utilizó para comprar lealtad política, mientras otros sectores como la agricultura se fueron desplomando, lo que condujo a corrupción y una severa crisis económica. En medio de todo, hay noticias positivas que llegan con este aniversario: por un lado, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Justicia para las Víctimas de Crímenes de Guerra, que elimina ciertos obstáculos legislativos para aportar a la CPI, lo que indica un descongelamiento en las relaciones con este organismo.
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“Si bien es poco probable que se apruebe una derogación total de la ley ASPA, eliminar algunos obstáculos específicos a la cooperación con las investigaciones de la CPI contribuiría en gran medida a poner a EE. UU. del lado correcto de la justicia”, señaló Human Rights Watch.
Por otro lado, el Senado votó la semana pasada para derogar las autorizaciones que permitieron lanzar las guerras en el Golfo. Esto cerraría una justificación abierta que los presidentes han usado para llevar a cabo acciones militares en el extranjero, lo que se traduce en que el Congreso busca reafirmar su autoridad sobre dónde y cuándo enviar tropas a la batalla. En pocas palabras, se está buscando quitarle al presidente el poder que se le otorgó para realizar operaciones militares sin la aprobación del Legislativo. Lo que se busca es impedir otro despliegue como el de Bush en Irak, pero el debate sobre los poderes de guerra en EE. UU. todavía es turbulento. La discusión continuará esta semana en la Cámara.
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