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El presidente Gustavo Petro sorprendió al mundo político y judicial al decantarse por el exfiscal general Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago. El nombramiento llega en dos contextos de alta tensión: el primero, la denuncia por presiones políticas de altos funcionarios de gobierno alertadas por su antecesora; y el segundo, el decreto que el gobierno está próximo a expedir para llevar adelante su proyecto de consulta popular, para una reforma laboral, de la cual Montealegre es uno de los líderes jurídicos. El nombramiento está a una puntada de ser una realidad, en favor de un conocido protagonista del mundo judicial, que liderará para este gobierno las políticas públicas en la materia.
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La primera vez que Montealegre sonó para ocupar el cargo fue en 1997, cuando el expresidente Ernesto Samper lo consideró tras haberse desempeñado como viceprocurador. Es recordado por haber respaldado las asociaciones Convivir, en 1997, a través de un concepto enviado a la Corte Constitucional. Para Montealegre, era legal que la seguridad, considerada como servicio público del Estado, se delegara parcialmente a particulares. “En un contexto donde el monopolio de la violencia se impuso sobre el monopolio de las instituciones jurídicas, se hizo indispensable la intervención de los particulares”, conceptuó. Las Convivir terminaron siendo las organizaciones con las que grupos paramilitares disfrazaron su ilegalidad.
Luego de su paso por el Ministerio Público, Montealegre fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional, en 2001, tras haber sido ternado por el Consejo de Estado, y con el respaldo del Partido Liberal. A meses de su llegada, fue el ponente de la sentencia con la que se avaló la creación de la zona de distensión en El Caguán propuesta por el expresidente Andrés Pastrana tres años atrás y que terminó al año siguiente con un saldo negativo para el Estado. También fue clave en sentencias que protegieron a la población desplazada, que garantizaron la educación superior gratuita y que le permitieron a los colombianos confiar en el instrumento de la acción de tutela.
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Tras salir de la Corte, Montealegre se dedicó de lleno a la academia y al sector privado. Fue contratado por el gobierno de Álvaro Uribe para integrar una comisión para proponer una reforma política, junto a Viviane Morales y Humberto de la Calle. También fue asesor de la Cancillería en la defensa de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego, con la llegada de Juan Manuel Santos, en 2010, fue ternado para que ocupara el cargo de fiscal general en 2012.
Previo a su nombramiento, Montealegre había asesorado jurídicamente a la desaparecida EPS Saludcoop, en procesos penales, recursos ante la Corte Constitucional y defensa ante la Superintendencia de Salud. Al asumir como fiscal general, Montealegre se declaró impedido en los procesos que involucraban a la empresa de salud y su expresidente, Carlos Palacino, por la relación profesional y personal anterior. La administración recibió fuertes críticas, pues el caso Saludcoop no avanzó, aunque otros órganos de control señalaban desfalcos por hasta $1,4 billones, que llevaron a la quiebra a la entidad de salud y a una crisis de sus afiliados. Recién en 2018, dos años después de la salida de Montealegre, Palacino fue capturado. Hoy está condenado a 15 años de cárcel.
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Además, solo dos meses después del aterrizaje de Montealegre al cargo, el ente investigador capturó al exdiputado de la Asamblea del Valle, Sigifredo López, contra quien se abrió una investigación formal por el secuestro (2002) y asesinato (2007) de sus 11 compañeros a manos de las FARC. La prueba reina contra López fue un video en el que se veía una nariz “parecida” a la suya. Posteriormente, la Fiscalía de Montealegre aceptó el error y se disculpó. La justicia ya ordenó indemnizar al exdiputado por el montaje judicial y ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está evaluando la responsabilidad internacional de Colombia.
Durante la administración de Montealegre, la Fiscalía también asumió el caso de la muerte de Andrés Colmenares, en 2010. Sin embargo, tres testigos de la Fiscalía terminaron condenados en 2014 por falso testimonio. Montealegre, no obstante, fue quien retiró al fiscal Antonio González del caso, quien terminó suspendido por orden de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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En mayo de 2014, a solo días de las elecciones presidenciales, la Fiscalía de Montealegre anunció la investigación y confirmó la autenticidad de un video en el que se vio al entonces candidato Óscar Iván Zuluaga reunido con el hacker Andrés Sepúlveda, recibiendo información confidencial del proceso de paz con las antiguas FARC. Ese video sepultó las aspiraciones de Zuluaga, cuyo competidor era quien resultó reelecto. En 2015, en otra de las polémicas, la oficina de prensa de la Fiscalía hizo público que la actriz Carolina Sabino sería imputada por el delito de aborto. La sociedad cuestionó la falta de privacidad exhibida en la investigación preliminar, pues la actriz fue interceptada mientras confesaba la práctica médica a su hermana. Montealegre archivó el proceso tras asumirlo personalmente.
Pero uno de los capítulos más polémicos del ahora ministro en la Fiscalía fue su contratación con la analista Natalia Springer. Este diario documentó que el ente investigador le entregó un negocio de más de $4.200 millones a su empresa en el que, a través de modelos matemáticos y estadísticos, se comprometió a cooperar en las investigaciones contra las FARC, ELN y bandas criminales. Para 2016, fecha de la salida de Montealegre, no hubo resultados. El Espectador tuvo acceso a informes parciales de ese contrato en los que, a la luz de académicos, no aportaron ningún valor a esas pesquisas. Otro fracaso fue el proyecto “Universidad de la Fiscalía”, que buscaba capacitar tecnológicamente al personal y que, según sindicatos de la Rama Judicial, terminó en un desfalco de más de $30 mil millones.
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Las últimas apariciones en público de Montealegre han sido durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuestamente buscar testigos para que hablaran a su favor en investigaciones por supuestos nexos con paramilitares. En ese expediente, el ahora ministro está acreditado como víctima, pues sostiene que Uribe, el abogado Diego Cadena y la exfiscal Hilda Niño quisieron enlodar su nombre, al promover la teoría de que, como fiscal general, quiso mancillar el honor del expresidente. Al tiempo, Montealegre fue elegido por el Petro para la confección del “decretazo”. En medio de todas estas polémicas, cinco sindicatos de la Rama Judicial le pidieron al primer mandatario que replantea la decisión. “Hacemos un llamado, casi a manera de súplica, para que reconsidere el nombramiento de Montealegre.
“Consideramos que en vez de sumar a su gobierno, le restará y mucho. Ya lo conocemos, cuando tiene poder se desboca y su ego aflora, arremete contra todo aquel que piensa diferente, gusta de arrodillar a la justicia y al gobierno de turno”, se lee en la carta. Por ahora, su llegada al ministerio sería inminente. Una vez posesionado en el Ministerio de Justicia, veremos si seguirá apareciendo como miembro del gobierno en el juicio contra el expresidente.
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