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Los acercamientos entre el Gobierno y partidos que no son del Pacto Histórico, como los conservadores, los liberales y la U, sobre la reforma a la salud son una buena noticia. Tal vez permitan mayor consenso y una discusión más sana en torno a esta necesaria reforma, cuyo trámite hasta ahora había provocado una polarización malsana.
El proyecto gubernamental arrancó mal: algunos de sus diagnósticos eran falsos, como aquella declaración, sin sustento, del presidente de que nuestro sistema de salud era uno de los peores del mundo. Además el Gobierno, como lo destacó la profesora Claudia Vaca, gran conocedora de estos temas, en vez de construir su proyecto a partir de consensos sobre los problemas del actual sistema, como sus debilidades en atención primaria, se centró en defender, como si fuera un asunto de honor, algunos puntos divisivos, entre ellos la supresión de las EPS.
Sea por la razón que fuera, el Gobierno afortunadamente flexibilizó su posición, al mismo tiempo que, también afortunadamente, los opositores aceptaron muchos elementos de la propuesta gubernamental. Y pareciera que podríamos llegar, sin negar las diferencias, a un acuerdo.
Muchos de los puntos del proyecto gubernamental hacen parte de ese acuerdo: i) que la salud no es una mercancía sino un derecho fundamental que debe ser garantizado igualitariamente; ii) que, a pesar de mejorías en las últimas décadas, subsisten profundas inequidades tanto en el goce de la salud como en el acceso a los servicios; iii) que en muchos territorios el sistema de EPS simplemente no funciona; iv) que deben fortalecerse la prevención y la atención primaria, que hoy son débiles debido al énfasis del actual sistema en lo curativo; v) que se debe reforzar la gobernanza del sistema y garantizar un flujo de información adecuado, no sólo para evitar corrupciones sino para tomar decisiones informadas de salud pública; vi) que tienen que mejorarse las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
Estos puntos son esenciales, con lo cual el Gobierno puede legítimamente reclamar un triunfo en este acuerdo. Pero a su vez cedió en otros aspectos para nada menores: i) las EPS y su papel de aseguramiento no desaparecerán, pero se transformarán profundamente para evitar sus abusos: por ejemplo, será suprimida cualquier forma de integración vertical, que había generado corrupciones, y estas “gestoras de salud y vida” (la nueva denominación de las EPS) no intemediarán dineros públicos; ii) los usuarios podrán seguir escogiendo su puerta de entrada a la atención de salud, con lo cual se asegura iii) la libertad de escogencia y se mantiene iv) el carácter mixto del sistema.
Estos puntos son también muy importantes; con ellos, los opositores al proyecto pueden igualmente reclamar un triunfo en el acuerdo.
Un buen acuerdo es aquel en que las partes pueden razonablemente sentirse satisfechas, y este parece lograrlo. Obviamente nada está ganado, pues subisten diferencias y además, como se dice, en las reformas muchas veces “el diablo está en los detalles”, por lo que es necesario, como ha señalado Alejandro Gaviria, hacer precisiones para que salga una reforma coherente que mejore nuestro sistema de salud. Pero, a pesar de esas incertidumbres que subsisten y deben ser resueltas, este acuerdo es saludable para nuestra democracia: muestra que podemos dialogar y acordar, incluso en temas divisivos. Además, este tipo de reformas, tan importantes para la gente, son más sostenibles cuando son fruto de amplios acuerdos nacionales que cuando aparecen como imposiciones de algún sector político que gobiernos ulteriores probablemente buscarán revertir. Ojalá el Gobierno Petro mantenga esa actitud de buscar amplios acuerdos en el debate de las otras reformas.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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