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Los ambientalistas rigurosos están decepcionados. Dicen, con buenas razones, que el Gobierno no hace lo que toca, hace lo que no toca y, lo peor, tiene iniciativas que pueden dañar el medio ambiente.
En cuanto a lo primero, no ha presentado políticas concretas para frenar la deforestación, la principal fuente de emisión de gases con efecto invernadero. No ha propuesto cambios institucionales, incentivos, sistemas de medición y vigilancia para controlar la tala y sancionar a los infractores. Eso sí, al igual que el Gobierno anterior, ha sido pródigo en discursos, sobre todo en el exterior.
A pesar de sus palabras, no ha adoptado medidas eficaces para desincentivar el consumo de combustibles fósiles y promover las energías limpias y la eficiencia energética. No ha señalado metas ambiciosas en materia de movilidad (¿en qué año no se venderán más automóviles con motor a combustión en Colombia?); no se conocen sus iniciativas para acelerar la salida de los contaminantes vehículos obsoletos. Y, aparte de lo que hizo el gobierno anterior, no hay nada nuevo que incentive la producción e instalación de energía solar en las viviendas. Y bien se sabe, sigue subsidiando el consumo de gasolina y, sobre todo, diésel.
Adicionalmente, el Gobierno Petro no ha asumido como suyo el problema del freno, al parecer indefinido, que han impuesto las comunidades por medio de las consultas previas para traer las energías renovables de La Guajira al resto del país, un problema que, además, puede tener un serio impacto sobre las tarifas y el abastecimiento de energía cuando haya escasez de lluvias.
Hay suficiente ilustración sobre lo que el Gobierno no debe hacer. Se equivoca en su oposición a la exploración de petróleo y, sobre todo, de gas, una inexplicable obstinación que solo reciente y tímidamente ha comenzado a moderar. Ambos son fundamentales para financiar la transición, y el gas es un producto clave para mejorar la calidad del aire y la equidad social.
El Gobierno permite o estimula que sigan adelante prácticas contrarias al medio ambiente. Los subsidios a los combustibles contaminantes, el estímulo a las motos (baja del SOAT, no peajes) y los obstáculos a la pronta construcción del metro de Bogotá van en contravía de lo que debía hacer una administración responsable con el medio ambiente, la calidad del aire y la prevención de enfermedades respiratorias.
La política minera refleja las contradicciones y vacilaciones del Gobierno. Al tiempo que, con un discurso anti extractivista, se bloquea a la minería legal y formal de oro, cobre y otros productos (la única que proporciona garantías de un buen manejo ambiental), con la justificación de la defensa de los pequeños mineros, se hace poco contra la minería ilegal, la responsable de destruir las cuencas y contaminar con mercurio las aguas que consumen cientos de miles de personas. En esta materia, sin embargo, ante la evidencia de su vinculación criminal, el Gobierno, por fin, está destruyendo la maquinaria del Clan del Golfo en el bajo Cauca. Quedan, eso sí, muchas dragas y retroexcavadoras ilegales impunes destruyendo los ríos y los valles de Colombia.
Por último, las ideas de construir trenes que tasajean y arrasan las frágiles selvas del Pacífico y el Darién horrorizan a los amigos ambientalistas, quienes se serenan al saber que esas ocurrencias son meras quimeras.
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