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Luego de 16 años de un expediente dilatado, 2021 ha sido clave para entender el crimen contra Nicolás David Neira. Solo el 29 de abril de este año fue condenado el exagente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa, quien le disparó en la cabeza al estudiante de quince años con un proyectil de gas lacrimógeno en el centro de Bogotá, durante las protestas del 1° de mayo de 2005. En marzo pasado, además, fue declarado responsable el mayor (r) Fabián Mauricio Infante, quien encubrió a Rodríguez y construyó una hipótesis falsa ante las autoridades. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará la responsabilidad del Estado por presuntas violaciones a la vida, libertad y garantías judiciales de la víctima y sus familiares.
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En un informe de admisibilidad conocido por El Espectador, la CIDH admitió las súplicas de Yuri Neira, padre del joven asesinado, quien tuvo que exiliarse en España. Durante quince años ha exigido justicia efectiva por el homicidio, una indemnización económica acorde a sus pretensiones y que la Fiscalía desentierre dos noticias criminales (2012 y 2013) que archivó por presuntas amenazas en su contra. La CIDH estudiará si Colombia es responsable por la violación de ocho artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos los derechos del niño. El único precedente vigente en la Comisión es el caso de Johnny Silva, baleado por la espalda el 22 de septiembre de 2005 en la Universidad del Valle, al parecer por un miembro del Esmad.
Aunque se trata de un informe de admisibilidad, la CIDH entregó sus primeras valoraciones sobre los hechos. En cuanto a la presentación del Esmad ese 1° de mayo, en el centro de Bogotá, la Comisión destacó que “la participación en los operativos de seguridad de policías de civil o sin su correspondiente identificación presenta problemas para la revisión administrativa o judicial de posibles irregularidades o violaciones de derechos. La falta de una correcta identificación constituye un obstáculo adicional para la asignación de responsabilidades, en contextos en los que la reconstrucción de los hechos es de por sí compleja”. Esta valoración tiene que ver con el hecho de que, el día del asesinato de Neira, agentes del Esmad no estaban debidamente identificados.
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Por otro lado, la CIDH consideró que se debe estudiar de fondo la impunidad denunciada por Yuri Neira, las presuntas amenazas que lo obligaron a exiliarse y la “falta de reparación integral”, pues, aunque la Policía fue condenada a pagarle una indemnización en 2012, para el padre de la víctima el monto no es suficiente. María Alejandra Garzón, abogada de DH Colombia y representante de la familia, explicó que la CIDH le hace un llamado al Estado para que todo miembro de la fuerza pública sea claramente reconocido durante las protestas: “La no identificación es un mecanismo de impunidad porque termina en que una investigación de la Fiscalía no avanza. Cuando se da un asesinato, tratan de que ninguno de los uniformados termine vinculado a una investigación”.
Según Garzón, tanto la difícil identificación de los uniformados como la dilación de la Fiscalía han impedido tener un panorama de justicia plena. Hay registro de un preacuerdo que el ente investigador quiso firmar en 2018 con Rodríguez Rúa, intentando que su sentencia tuviera una consecuencia más favorable para el agresor, a cambio de declararse culpable y solicitar perdón a la familia Neira Álvarez. Vía tutela, DH Colombia logró que la Corte Suprema de Justicia tumbara ese preacuerdo. Al final, Rodríguez resultó condenado a 17 años de prisión, como lo ordenó el Juzgado 18 de Conocimiento de Bogotá hace unos meses. El policía retirado apeló ese fallo y está esperando la sentencia de segunda instancia.
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El Espectador consultó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). La entidad respondió que “en este momento se encuentra analizando el informe de admisibilidad de la CIDH para dar una respuesta a la instancia internacional como entidad responsable de la defensa del Estado”. La Agencia ya había emitido su concepto en una respuesta que data de septiembre de 2018. En ese entonces, explicó que la CIDH no puede “examinar supuestos errores de hecho o derecho que pueden haber cometido tribunales nacionales”. Agregó que la justicia ordinaria estaba avanzando con la investigación y que la Fiscalía no tenía posibilidad de ponerles la lupa a las amenazas denunciadas por Yuri Neira, pues no habría prueba de ellas.
Yuri Neira, por su parte, sigue escéptico con la justicia, incluso a escala interamericano: “Yo no tengo muchas esperanzas porque solo me han demostrado que hay víctimas de primera y segunda categoría. A la CIDH llegan políticos, con situaciones banales, a quienes les resuelven en menos de un año. A nosotros, las víctimas que somos del pueblo, nos toca hacer la fila, porque solicitamos la admisión en 2012 y hasta ahora se resuelve”.
El Gobierno, que recibió reproches de la misma CIDH por su respuesta en el reciente paro nacional, en el que, según Indepaz, alrededor de ochenta civiles habrían sido asesinados, ha hecho hincapié en la denominada “transformación integral de la Policía”. Hace un par de meses, en un intento por mejorar la identificación de los uniformados, el presidente Iván Duque explicó que quienes acompañen manifestaciones llevarán un código QR en el uniforme, que “el ciudadano lo pueda escanear y garantizar absoluta transparencia en cada actuación”. Fuentes en la Policía Nacional explicaron que la estrategia sigue en plan piloto y que 908 uniformados llevan el código.
Alejandra Garzón, por otro lado, denuncia la insólita situación jurídica del mayor (r) Infante, declarado culpable el pasado 26 de marzo por orientar las versiones de los policías del operativo, intentando que ninguno llegase a ser procesado. La teoría que quiso imponer el expolicía fue que Neira había tropezado y caído en un bolardo. Pero la evidencia pudo determinar que su versión era mentirosa, pues el joven duró varios días en cuidados intensivos por un impacto contundente que le fracturó casi la totalidad del cráneo. A días de conocerse el monto de la condena contra Infante, el último paso del procedimiento penal de primera instancia, el abogado del expolicía solicitó conflicto de competencias y el caso, ahora, está en manos de la Corte Constitucional.
Ahí permanece, desde hace meses, mientras el segundero de la prescripción por vencimiento de términos sigue contando. Ahora, con la intervención de la CIDH, la defensa de la familia espera que, por fin, el Estado responda por el asesinato de Neira. No solo por la tarea que tenía de garantizar la integridad de los manifestantes, sino también por la ausencia de justicia que, aún 16 años después de ocurrido el crimen, solo este año tuvo un resultado. “Aquí en Colombia se protege al asesino, al genocida y al ladrón. El tiempo juega a favor de la impunidad y a eso le juegan todos. El caso de Nicolás Neira lleva 17 años por eso, pero no nos dejamos doblegar”, concluyó Yuri Neira.
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