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La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a cuatro años y siete meses de prisión al excongresista liberal Nilton Córdoba por su participación en uno de los escándalos de corrupción más importantes en los últimos años. El político chocoano, de acuerdo al fallo del alto tribunal, pagó grandes sumas de dinero en los hechos que rodearon el escándalo del cartel de la Toga: la organización criminal de alto perfil compuesta por políticos, magistrados y abogados que torcían o congelaban expedientes ante la Sala Penal de la Corte Suprema durante la década pasada.
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El caso de Córdoba representa uno de los últimos casos activos desde que el escándalo estalló a mediados de 2017 con la captura del entonces fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien luego terminó condenado por estos hechos y siendo el testigo estrella de esa asociación ilícita que permeó el alto tribunal. En el fallo de 136 páginas, el alto tribunal reconstruyó varias de las acciones corruptas que Córdoba echó a andar para intentar frenar varias procesos que tenía la Corte Suprema, entre ellas, reuniones con el exmagistrado Francisco Ricaurte, el expresidente de la Corte Suprema que fue condenado en doble instancia por su participación clave en estos hechos de corrupción.
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De acuerdo con el fallo de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, Moreno pactó reuniones entre Córdoba y Ricaurte, quien para ese momento de los hechos fungía como abogado y asesobara a grandes políticos. Esos encuentros ilegales, advierte el fallo, se hacía con el fin de pactar un pago de $800 millones para torcer cuatro expedientes en su contra, entre ellos, uno por parapolitica. Para estas labores, Gustavo Moreno contactó al magistrado auxiliar Camilo Ruiz, del despacho del entonces magistrado Gustavo Malo Fernández, quien también terminó condenado por estos hechos.
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El documento de la Corte Suprema señala que Camilo Ruiz, quien fungió como testigo estrella, recibió $200 millones de pesos para torcer el expediente en el que habría pruebas de que Córdoba recibió apoyo de los paramilitares durante una de sus campañas políticas al Congreso. “Con lo cual los gestores ganaban tiempo para reajustar el monto de los honorarios y, además, dilatar la práctica de pruebas y evitar el envío del caso al grupo de la parapolitica al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema, para finalmente asegurar el archivo del proceso por parte del magistrado Malo Fernández. A finales 2016 y comienzos de 2017, los dineros solicitados por Ruiz fueron entregados por Moreno en tres pagos, entre ellos, uno con destino a Ruiz, quien a su vez era conocido de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba que también usó la estructura del cartel de la Toga.
“Uno de los hechos que mejor conducen a afirmar que Córdoba entregó dinero al funcionario judicial (Ruiz), es el relacionado con la reunión que sostuvieron los protagonistas de esta trama corrupta, para actualizar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por cada uno de ellos. Moreno es contundente al afirmar que promovió, preparó, organizó, asistió y dirigió la reunión de mayo de 2017 en la oficina de posgrados de la Universidad Libre de Bogotá, encuentro en el cual se reconocieron Córdoba y Ruiz, luego de la diligencia de versión libre del aforado”, dice el fallo del pasado de 19 de enero pasado.
Pocos meses después de la corrupta negociación, Moreno ingresó a la Fiscalía General de la Nación como Director Anticorrupción, nombramiento que produjo la desconfianza del excongresista, porque temía que su caso iba a ser descuiado. Para garantizar “la seriedad” del acuerdo, Moreno citó al congresista a la Universidad Libre de Colombia, donde lo pone en contacto directo con el magistrado auxiliar de Malo, Camilo Ruiz, luego de lo cual retorna la “confianza” en Córdoba, por haber comprobado la efectiva entrega del dinero y obtener el compromiso de Moreno de continuar con las gestiones al interior del proceso.
Para la Corte, toda esta serie de reuniones subrepticias, “no admite discusión, en cuanto aparece reflejada en la manera como bajo la apariencia de ejercer legítimamente el derecho de defensa material y técnica, deliberadamente se contrataron los servicios de una oficina de abogados a la que pertenecía Luis Gustavo Moreno Rivera, para que por razón de sus contactos con magistrados y exmagistrados de la Corte, pudiera lograr acceso al funcionario corrupto encargado de tramitar los procesos penales adelantados en su contra, para, a través suyo, hacer el ofrecimiento de la coima, pactar el convenio ilícito y remitir el monto prometido al venal magistrado auxiliar”.
Además de Nilton Córdoba por estos hechos también fueron condenados el exsenador Musa Besaile, los excongresistas Julio Gallardo, Argenis Velásquez, entre otros. Además, en la Sala de Primera Instancia también está pendiente de fallar el caso contra el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien también habría usado los servicios ilegales de Moreno, Ricaurte y Malo. También hay otros dos hechos claves pendientes: el regreso de Alejandro Lyons, otro corrupto cliente del cartel de la toga, quien está detenido en Estados Unidos; y la captura de Jose Leonidas Bustos, el exmagistrado de la Corte Suprema que también lideró el grupo criminal. Es decir, todavía hay tela por cortar en este expediente que ya ajusta siete años de haber estallado.
Es una prueba más de cómo se movieron los hilos de la corrupción de la cúpula
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