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Madera deforestada de forma ilegal por una estructura ligada al Clan del Golfo, según investigadores de Policía, fue utilizada en un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd) para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el devastador paso del huracán Iota, en noviembre 2020. El Espectador revela este caso, que deja al descubierto conexiones entre crimen organizado, delitos ambientales y contratación estatal.
El 28 de octubre de 2021, a las afueras de Montería, Córdoba, la Policía detuvo un camión rojo, doble troque, que trasportaba 1.002 listones de madera que iban para la base naval de Cartagena. La detención no fue aleatoria.
El vehículo había salido de Maderas el Amparo, una empresa que comercializaba madera en la capital del departamento y que, según la Policía y la Fiscalía, deforestó el Parque Nacional Natural Paramillo, entre 2016 y 2023. Un área protegida de conservación ambiental, entre Antioquia y Córdoba, de 460.000 hectáreas, que, por su ubicación geográfica clave, ha tenido fuerte presencia de grupos al margen de la ley. Según fuentes de inteligencia policial, es uno de los corazones operacionales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, llamado también Clan del Golfo para las autoridades y que está al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, o Chiquito Malo.
Cuando los agentes de la Policía le pidieron al conductor del camión detenido información detallada sobre el cargamento, este aportó una factura de la mencionada empresa en la que figuraba un cliente que alertó aún más a los agentes: la Unrgd, encargada de atender y mitigar los desastres ambientales en el país como, por ejemplo, huracanes o inundaciones. Una entidad que se espera que actué rápido ante las calamidades y que, por lo mismo, tiene un régimen especial de contratación que, como hemos visto en los últimos meses, puede favorecer hechos corruptos o irregulares.
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Por ejemplo, en este Gobierno, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de esta entidad, ya confesaron haber participado en un enorme entramado de corrupción, que habría beneficiado con coimas a contratistas, congresistas y altos funcionarios del Gobierno, entre otros, y el caso está bajo la lupa de la Fiscalía. Pero apenas ahora se están conociendo otros posibles capítulos opacos de la Ungrd, esta vez en el gobierno pasado, mientas estaba Eduardo José González Angulo como director de la unidad y hoy en juicio disciplinario por un contrato de $93.000 millones asignado, aparentemente de manera irregular, durante la pandemia del Covid-19.
Ruta al mar de la madera del Clan del Golfo
No era la primera vez que Maderas El Amparo movilizaba madera extraída ilegalmente, para la reconstrucción de San Andrés y Providencia. En los folios de esta investigación, a los que accedió este diario, hay documentos que indican las empresas que sirvieron de intermediarios y compradores de los listones de esta cuestionada comercializadora que terminaron en la reconstrucción de las casas de esta región insular.
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La primera empresa que recibió esta madera fue Asglobal, representada legalmente por Víctor Marenco Betín, un empresario conocido en el mundo de la contratación en Córdoba y Sucre. De hecho, la compañía, en su página web, incluyó a la Ungrd como una de las entidades que “confía en sus servicios”. En diálogo con este diario, el mismo Marenco confirmó su relación comercial con Maderas el Amparo, a la cual le compró, según sus cálculos, cerca de 16.000 listones en 2021.
Además, Marenco señaló que, en ese entonces, la madera contaba con todos los papeles para ser comercializada y que no sabía que tenía un supuesto origen ilícito. “Era uno más de mis proveedores”, aseguró. Esa madera, de acuerdo con dos facturas a las que pudo acceder este diario, fue vendida a dos empresas. La primera de ellas, Inacon SAS, la firma con quien la Ungrd firmó en septiembre de 2021 uno de los contratos para reconstruir 22 viviendas en Providencia. En diálogo con este diario, el entonces representante legal de esta compañía, Juan Gabriel Portilla Colunge, también se desmarcó de cualquier relación con Maderas el Amparo y señaló que la obra fue finalizada con éxito en junio de 2022.
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Además, desde la compañía advirtieron que, para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tuvieron un primer contrato en enero de 2021 para aportar dicha madera, que iba a ser usada para la primera fase de la reconstrucción de viviendas. Un contrato que, por tratarse de un asunto “urgente, era difícil rastrear” que los listones provenían de Maderas El Amparo. Luego, dice la misma compañía, la madera que usaron para el contrato que suscribieron con la Unrgd y Findeter en septiembre de 2021 para la reconstrucción habría sido adquirida en una ferretería de San Andrés.
La segunda empresa a la que Marenco betin le vendió madera (11.076 listones) fue Colgran SAS, representada legalmente por Yuliet Alexandra Álvarez. Una compañía que ya ha contratado con el Estado, pero para labores completamente diferentes. Han tenido contratos directos relacionados con la entrega de kits alimentarios para las Fuerzas Militares, la tercera edad y poblaciones vulnerables en Cundinamarca y Caldas. Incluso, durante la pandemia del Covid-19, la Ungrd suscribió un contrato por $1.800 millones con esta empresa para proveer alimentos a comunidades en la Sabana de Bogotá. El Espectador se intentó comunicar por varias vías con la compañía, pero al cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
Este diario también buscó a Ariel Enrique Zambrano Meza, quien era el subdirector para el Manejo de Desastres de la Unrgd durante el gobierno de Iván Duque, y quien suscribió el contrato con Inacon relacionado con los listones de madera. Aunque respondió en un inicio a nuestros mensajes, después dejó de hacerlo. Zambrano Meza fue recientemente llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría por un posible incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón Caregato en la zona de La Mojana, Bolívar. El daño de esa infraestructura provocó inundaciones que causaron millonarias pérdidas materiales y afectaciones a la infraestructura local.
Las fuentes judiciales que investigan este caso admiten que, en general, para las empresas constructoras es “muy complicado” identificar si la madera que compran fue extraída legal o ilegalmente. “No suele importarles de dónde viene. Sobre todo si la madera comprada cumple con los salvoconductos de comercialización, los cuales son expedidos por las corporaciones autónomas de cada región (…) Pero allí hay focos de corrupción. También, el control de los bosques en donde se permite deforestar comprenden terrenos tan extensos que es casi imposible hacerles seguimiento. Más aún en el Paramillo, donde el Clan del Golfo tiene un gran control”, dice un investigador de delitos ambientales, que pidió la reserva de su nombre para no entorpecer los procesos que adelanta.
Por eso, por lo pronto, los empresarios que judicialmente están más enredados son los hermanos Ruby y Germán Villalba Luna, representantes legales de Maderas El Amparo. La Fiscalía tiene en su contra chats, interceptaciones de llamadas y movimientos de dinero que darían cuenta de su relación comercial con la red ilegal del Clan del Golfo que extraía madera ilegal del Nudo de Paramillo. Un informe del CTI de la Fiscalía calcula que, por este tráfico ilegal, los hermanos Villalba se lucraron con más de $6.000 millones entre 2016 y 2023. Además, calculan que, durante ese mismo lapso, la estructura ilegal deforestó 400 hectáreas del parque natural, un terreno que equivale, aproximadamente, a 200 canchas de fútbol.
El Espectador se contactó con Oriana Zumaqué, la abogada de los hermanos Villalba, quien aseguró que aportó a la Fiscalía los documentos que darían cuenta de su inocencia. También detalló que ellos contaban con todos los salvoconductos para comercializar la madera. “Mis clientes siempre han estado haciendo negocios dentro del marco legal y no tienen vínculos con grupos criminales”, manifestó la abogada a este diario. Sin embargo, la Fiscalía, que los capturó en junio de 2023, y posteriormente les imputó cargos, no tiene dudas sobre su teoría del caso y los llamará a juicio el próximo 30 de septiembre por los delitos de concierto para delinquir y explotación ilícita de recursos naturales ante un juzgado especializado en Montería.
De hecho, este diario pudo establecer que los hermanos Villalba ya habían sido capturados en octubre de 2021, junto a otras siete personas más, por deforestar el parque natural. El ente investigador señaló que, casi de inmediato, los dos solicitaron suscribir un acuerdo de principio de oportunidad en el que se comprometían a confesar y colaborar con la justicia a cambio de una rebaja de pena. “Por esa razón, se solicitó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge como víctima en el proceso y autoridad ambiental, de avalar el proyecto de reforestación propuesto por los procesados y su defensa”. Casi dos años después, en mayo de 2023, fueron recapturados por seguir deforestando ilegalmente.
El “Viejo” en Puerto Frasquillo
La génesis de este expediente ocurrió a principios de 2021, por cuenta de las labores encubiertas de dos agentes infiltrados de la Policía en el municipio de Tierralta, Córdoba, territorio que, durante las últimas tres décadas, ha sido controlado por grupos de corte paramilitar como el Clan del Golfo o las AUC. La labor de los uniformados se centró en Puerto Frasquillo, un muelle flotante, a 40 minutos del pueblo, a orillas del embalse artificial Urrá I. Se trata del principal punto de comercio fluvial de las poblaciones cercanas a esta represa, considerada una megaobra a la que, dicho sea de paso, se opuso el líder indígena Kimmy Pernía, quien fue asesinado en 2001 por los paramilitares de Carlos Castaño. Es decir, esta es una zona en la que estos grupos criminales tuvieron (y mantienen) una gran presencia y poderío sobre las poblaciones campesinas e indígenas.
La madera extraída ilegalmente del parque natural Paramillo también llega en embarcaciones a Puerto Frasquillo. De hecho, en labores de inteligencia, los agentes infiltrados lograron establecer que quien lideraba la red de deforestación era Robinsón Antonio Fernández Úsuga, un hombre conocido como el Viejo. “Por su estatus social y económico, no se mueve nada en el puerto sin su consentimiento”, dijeron. Además, identificaron que Fernández Úsuga, junto a otras tres personas, también se encargaba de ir hasta los puertos de Barranquilla y Cartagena para vender la madera que, en ocasiones, era exportada. “El Viejo tenía en Puerto Frasquillo una bomba de servicio, la cual usaba para proveer de gasolina a las embarcaciones y las motosierras”, detalló una fuente judicial.
Aunque un investigador policial le dijo a este diario que el Viejo es familiar en segundo grado de Dairo Antonio Úsuga, u Otoniel, líder del Clan del Golfo hasta que fue capturado y extraditado a Estados Unidos, este diario no pudo confirmar este vínculo. Lo que sí está claro es que no es la primera vez que Fernández Úsuga aparece en los archivos judiciales: en 2006 fue condenado por narcotráfico y quedó libre seis años después. Además, la Fiscalía sostuvo durante las audiencias que, desde 2015, este habría vuelto al crimen, cuando las autoridades lo identificaron como promotor de la deforestación en el Nudo de Paramillo. Incluso, en 2017, la justicia le abrió otro proceso por este delito. Fernández Úsuga nunca ha aceptado cargos y, al igual que los hermanos Villalba Luna, será acusado el próximo 30 de septiembre..
La ruta desde el Nudo hasta al archipiélago
El primer eslabón de la red de deforestación del Nudo de Paramillo son quienes cortan los árboles para sacar los bastones de madera que se venden después. Ellos son, en su gran mayoría, indígenas que integran alguno de los 14 asentamientos indígenas que hacen presencia en el parque natural. La madera se embarca en los ríos Sinú, Verde y Esmeralda, hasta Puerto Frasquillo en la represa de Urrá.
De acuerdo con la Fiscalía, esta población es “instrumentalizada” por la gente del Viejo para extraer el recurso natural. Incluso, dentro de los capturados están dos líderes indígenas de la comunidad que, advierte el ente investigador, fungían como intermediarios entre los integrantes del resguardo que deforestaban y la estructura de Fernández Úsuga. El que más habría sacado usufructo de estos hechos, según la Fiscalía, sería Efraín Chamarra Panesso, quien habría recibido $237 millones entre 2016 y 2023.
Los listones de madera son embarcados en tractomulas que emprenden un viaje de cerca de dos horas desde Tierralta hasta Montería (Córdoba), donde son aserrados en comercializadoras como Maderas el Amparo, de acuerdo con las especificaciones solicitadas por los clientes. En el caso de la reconstrucción de Providencia se necesitaban listones entre los dos y seis metros de largo, con un grosor que entre los dos y los ocho centímetros.
La Policía logró documentar, a través de un seguimiento con cámara dron, que después de salir de Montería, los camiones siguen una ruta de cerca de cinco horas hasta llegar a Cartagena, en la que pasan por municipios como Cereté, Coveñas, Tolú, San Onofre y Turbaco. Al llegar al puerto militar de la capital bolivarense, la madera cruzaba en barcos de la Armada cerca de 720 kilómetros hasta San Andrés, en un viaje que duraba, aproximadamente, tres días.
Allí, según los documentos de esta investigación, el delegado de la Ungrd en el archipiélago, Walden Downs, era el encargado de coordinar la llegada de los listones de madera a la isla. Este diario lo intentó contactar, vía correo y telefónicamente, para conocer su versión de estos hechos, pero nunca respondió.
Lo más grave de esta trama es que para la reconstrucción de San Andrés se utilizaron especies de árboles nativos “vulnerables” o “bajo especial protección”. Entre ellas están el Brasilete, Cedro, Abarco, Almendro, Algarrobo y Masabalo, según las autoridades. “Este es un crimen contra la humanidad, contra la casa común que es el planeta tierra. Esta tala ilegal atenta contra el acceso al aire y el agua; la vida humana (…) Son hechos que rompen con el equilibrio de los ecosistemas y que son aún más graves en un contexto de cambio climático”, expresó la fiscal del caso durante una audiencia.
El alarmante llamado de la Fiscalía tiene eco en las preocupantes cifras de deforestación en esta área protegida. De acuerdo con cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre 2015 y 2022, en el parque natural Paramillo se deforestaron unas 8.400 hectáreas de bosque. Es decir, aproximadamente 16.800 canchas de fútbol. Un panorama igual de complejo plantea Parques Nacionales. Solo en 2021, se perdieron 727 hectáreas de bosque en esta área protegida. En 2022, la cifra alcanzó un récord con 1.200 hectáreas deforestadas y, en 2023, se redujo a 269 hectáreas. “Pese a la disminución en la pérdida de bosque, esta área protegida sigue figurando como una de las más amenazadas por la deforestación en el país”, señaló un reciente informe de esta entidad gubernamental.
El rastro del caso carrotanques
El Espectador también conoció las facturas de otras ocho empresas que, además de Colgran e Inacon, aportaron madera para la reconstrucción. Esas facturas, aunque no dan indicios de que los listones tenga un origen ilícito, sí evidencian que en esos contratos participó una de las personas involucradas en el escándalo de la Ungrd de los carrotanques en La Guajira. Se trata de Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de Luis Eduardo López Rocero, conocido como el Pastuso. Según la Fiscalía, una de sus empresas, Brand SAS, participó en los sobrecostos injustificados de la compra de 80 carrotanques para combatir el desabastecimiento de agua durante el fenómeno de El Niño en La Guajira. Un escándalo que destapó el entramado de corrupción en decenas de contratos de la Ungrd, que después confesó Olmedo López y Sneider Pinilla.
Una de esas empresas, Brand SAS, aportó 1.052 listones de madera, para la reconstrucción de Providencia y otros insumos para la reconstrucción, como puntillas, tornillos, martillos, chazos y ganchos, en un contrato de $555 millones. Aunque la Fiscalía ya le imputó cargos a López Rocero, Brand Pantoja no ha sido vinculada al proceso formal. Sin embargo, fuentes del caso le contaron a este diario que ella sí está en la mira del ente investigador, pues Sandra Liliana Brand era la representante legal de Brand en el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Incluso, su nombre apareció durante la imputación de cargos contra su esposo, ocurrida el pasado 7 de agosto.
Capturas pendientes
En junio de 2023, durante las audiencias del caso contra el Viejo, surgió la identificación del “hombre del maletín”. Una persona que, según las labores de Policía en Puerto Frasquillo, estaba encargada de pagar “la nómina de los paracos” y era “cercano al Viejo”. La fiscal del caso relató ante el juez que estuvieron a punto de capturarlo y que tampoco ha sido posible identificarlo. “El hombre partía desde Frasquillo, río arriba, hasta el parque natural a pagar a los miembros de la red de deforestación, cuando intentamos agarrarlo, la información se filtró y no volvió a aparecer”, aseguró una fuente del caso.
Tanto la Fiscalía como la Policía tienen claro que en estas redes de deforestación hay dos boquetes pendientes por cerrar. El primero, los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales que expiden documentación falsa, que permite que organizaciones criminales, como la que lideraba el Viejo, pase de agache para las autoridades. “Encontramos en estas redes salvoconductos de extracción de madera que no correspondían a la zona de donde fue sacada. Además, tenemos pendiente la captura de policías que le recibieron sobornos al Viejo en Tierralta para permitir el paso de la madera. Si bien las últimas cifras señalan que la deforestación en Colombia se redujo en un 29% durante 2023, para nosotros es importante continuar con esa tendencia a la baja”, concluyó la fuente judicial.
Aunque la madera ilegal extraída por la red de alias el Viejo llegó a tiempo a Providencia y la obra adelantada por Inacon fue ejecutada sin aparentes contratiempos, distintas entidades del Estado colombiano han mostrado públicamente su descontento sobre las viviendas reconstruidas en este territorio insular. Por ejemplo, la Corte Constitucional señaló en 2022 que se violaron los derechos de las comunidades insulares, ya que en ningún momento fueron consultadas para determinar cómo iban a ser reconstruidas sus viviendas.
En un segundo reportaje, El Espectador revelará detalles sobre Inacon, la empresa que terminó usando la madera ilegal para reconstruir estas casas. Además de estar a cargo de otros proyectos con dinero público en San Andrés, este diario encontró cómo a la sombra estaría operando un conocido empresario procesado penalmente por su participación en el escándalo de corrupción más importante de los últimos años en Colombia y Latinoamérica: el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecht.
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Por David Escobar Moreno
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