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Falta menos de un mes para que el Congreso reanude oficialmente sus labores legislativas y desde ya hay un tema que tiene a los partidos políticos, y a la propia Casa de Nariño, haciendo cuentas por los ajustes que se darían en algunas curules y que podría impactar en las votaciones que se vienen en asuntos determinantes como las reformas a la salud, pensional, laboral y de educación.
La razón es que este semestre se puedan producir decisiones judiciales que desatarían una especie de reconfiguración en algunos escaños del Capitolio y que, de mantenerse la tendencia, terminaría golpeando principalmente a la oposición.
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El caso más reciente es el del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien hace pocas semanas fue capturado por su presunta participación en un saqueo al Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante la administración del expresidente Iván Duque y que tiene a varios legisladores más en la mira.
Cuando se trata de un caso con visos de corrupción, la autoridad competente —en este caso la Corte Suprema de Justicia— define la situación jurídica del implicado antes de ir a juicio para determinar si es o no responsable de un delito. En esos escenarios, lo normal es que se decrete la silla vacía en el Congreso y el partido pierda esa representación; no obstante, hay un debate jurídico en torno a si esto debería aplicar solo hasta que haya condena.
En todo caso, la colectividad del expresidente Álvaro Uribe pasó de tener 13 senadores elegidos en julio a contar con 12, pues la captura de Ramírez en el escándalo que se bautizó como el de “las marionetas”, que tuvo su origen en la captura del ahora fallecido senador liberal Mario Castaño, los dejó legalmente sin esa representación en el Capitolio.
Y ahí entra en juego precisamente Castaño, pues su captura, enjuiciamiento y condena por un entramado corrupto que, según las pesquisas de la Fiscalía, tuvo impacto en al menos siete departamentos, salpica a otros congresistas y llegó hasta los despachos del Gobierno de Duque, como el caso del DPS y el ahora prófugo Pierre García.
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Por ese expediente, el Partido Liberal perdió esa curul y pasó de 14 senadores elegidos a tener solo 13. Y aunque esta colectividad es afín a la Casa de Nariño, también es un voto que se perdió desde hace meses.
Pero, precisamente, por las investigaciones en torno a cómo se constituyó el entramado corrupto de Castaño, fue capturado Ramírez; y, en esa línea, ya hay otros legisladores que podrían correr la misma suerte si la Corte Suprema encuentra mérito para ordenar su captura y llevarlos a juicio; por ahora, todo está en preliminares.
Uno de ellos es el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien terminó supuestamente participando de una trama que desvió recursos públicos y que, de acuerdo con las pesquisas, salpicó a este legislador por acciones de García, Ramírez y del fallecido Castaño.
Motoa, oriundo del Valle, llegó al Senado con 70.672 votos y ha sido un duro crítico de las reformas del presidente Petro y, aunque siempre ha negado su participación en hechos ilícitos, será la Corte la que defina su situación jurídica. Si le pasa lo mismo de Ciro Ramírez, quien también se ha declarado inocente, su partido perdería esa curul y se le aplicaría la figura de silla vacía.
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En un escenario similar y que toca también a Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y que obtuvo 11 curules en el Senado, está el senador Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), quien se quedó en las elecciones del 2022 con 98.011 votos. Su nombre apareció en el organigrama corrupto de “las marionetas” y, al igual que Motoa, si llegaran a capturarlo por ese escándalo, sería otra curul que no puede reemplazarse. Él, por supuesto, ha defendido su inocencia.
En las toldas del Partido Conservador, que llegó en 2022 con 15 senadores, están los congresistas Samy Merheg y Miguel Ángel Barreto, también mencionados en este escándalo y que, si la Corte decide avanzar con sus expedientes, podría correr la misma suerte de Ciro Ramírez e ir presos. Eso se derivaría en otras dos sillas vacías que por corrupción se deberían decretar en el Congreso. Ahora bien, ellos también alegan su inocencia y estos escenarios son hipotéticos mientras no haya una decisión de fondo.
Y así mismo es el caso del senador Juan Felipe Lemus, quien ocupa una de las 10 curules que tiene el Partido de La U en el Senado. Su nombre salió como otro de los congresistas presuntamente beneficiado de la desviación irregular de recursos del Estado y que, aunque también alega su inocencia, perdería los 86.960 votos que obtuvo en 2022 y, de paso, su colectividad se quedaría sin esa curul.
Esta reconfiguración también impactaría otra curul de Cambio Radical. El caso es el del exsenador Arturo Char, acusado de corrupción electoral y quien hace poco recuperó su libertad por vencimiento de términos. Cuando renunció a su curul en el Senado, en febrero del año pasado, asumió Carlos Julio González, pero si la Corte decide formalmente llevarlo a juicio, la colectividad de Vargas Lleras y la casa Char perderían también ese asiento.
Ahora bien, toda esta discusión se revivió con el fallecimiento este fin de semana de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, pues hay expectativa sobre quién podría asumir su curul. Hace unas semanas, el Consejo de Estado le anuló la elección a Alexander López por doble militancia, por lo que debía quedarse con ese cupo Ferney Silva, quien seguía en la lista cerrada de la colectividad petrista.
Pero ese proceso no se ha surtido, por lo que tampoco es claro si entra o no. Además, podría impactar en la posibilidad de que Edwin Palma, actual viceministro de Trabajo y quien también estaba en la lista del Pacto, asuma la curul de Piedad Córdoba. Pero si él decide rechazar para seguir en el Ejecutivo, le tocaría entrar a Sonia Bernal, subdirectora de Gobierno del Ministerio del Interior y mencionada en el escándalo de financiación de la campaña presidencial de Petro en Casanare.
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Mientras todas estas acciones se desarrollan, los partidos y el Gobierno están haciendo cuentas y el Congreso se alista para regresar formalmente las sesiones desde el próximo 16 de febrero, en un ambiente que, por lo visto, sería de alta controversia entre las fuerzas que respaldan a la Casa de Nariño y las que están en la oposición. No es claro quién tendría las mayorías más fuertes.
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