Más líos para el metro ligero

Este es el más reciente capítulo en la lista de reparos que el proyecto ha tenido desde hace cinco meses. La idea fue motivo de controversia en abril, cuando el alcalde solicitó al Concejo que le permitiera usar un cupo de $800 mil millones, aprobado en 2011, para financiar el proyecto y no el metro pesado, que era el destino original de los recursos. Los cabildantes le exigieron sustento técnico y el 25 de abril la Comisión de Hacienda negó al alcalde la posibilidad de cambiar el destino del cupo.

A las dudas sobre el sustento técnico y la financiación del corredor férreo se suman otros obstáculos. Por un lado, el contrato de construcción de Transmilenio por la carrera séptima, adjudicado en septiembre de 2010 a los consorcios Cóndor y Sainc por $84 mil millones y suspendido por un año en septiembre de 2011. Por el otro, la concesión firmada con Consorcio Express para la operación de buses en dos zonas del SITP por 24 años.

Los riesgos y obstáculos

La Ley 1508 de 2012, que determina el régimen jurídico de las APP, establece que no podrán presentarse iniciativas para proyectos en los cuales, en el momento de su presentación, modifiquen contratos o concesiones existentes o para los cuales una entidad estatal haya adelantado su estructuración.

Lo curioso es que fue el mismo Fernando Rey, el hombre que acompañó y defendió el proyecto de la red férrea, quien renunció la semana pasada luego de señalarle al alcalde las incompatibilidades de su proyecto con la recién aprobada ley de APP.

Según les dijo a varios medios de comunicación ayer, Rey también le señaló al alcalde que no es conveniente aceptar las ofertas de inversión privada hasta que se resuelva el futuro del contrato con Sainc, firma que forma parte de una de las propuestas de APP para el metro.

De hecho, recomendó liquidar el contrato, opción que hoy se perfila como la más posible, pues de lo contrario habrían tenido que notificar a Cóndor y Sainc hace tres meses, según lo estipulado en los contratos.

Lo que no se sabe es qué causales invocará la administración ni si lo hará de común acuerdo con los contratistas, como lo indica la concejal Angélica Lozano. Se sabe que el consorcio podría reclamar una indemnización por el 20% del valor total del contrato, es decir, $16.800 millones.

Pero aún con la liquidación queda otra duda por resolver en la concesión pactada con Consorcio Express. ¿Hay suficiente demanda de pasajeros que justifique la existencia de dos modos de transporte en el oriente de la capital: buses y Transmilenio por la carrera décima y el metro por la séptima? “Con la información disponible no parece que haya usuarios para los dos modos. Alguien pierde plata por no llevar pasajeros y alguien termina subsidiando por no llevarlos y, obviamente, será el Distrito”, resalta Lozano.

Los expertos en movilidad aseguran que el alcalde se apresuró al insistir en un proyecto con tantas piedras en el camino. Por ahora, las decisiones sobre los contratos vigentes están en manos del IDU, Transmilenio y la Secretaría de Movilidad, entidades que luego de nueve meses de gobierno aún no resuelven el limbo contractual que tendrá serias implicaciones jurídicas y económicas para la ciudad.