Trancón en la ruta del Solio

Vivimos un momento particular con la firma de los acuerdos de paz y su implementación, la supervisión de la ONU y el apoyo de la comunidad internacional. Se abren las puertas a un nuevo país; los efectos de la paz se aprecian en la vida cotidiana en la ciudad y en el campo, a pesar de que no se han resuelto problemas estructurales que necesitan tiempo y consensos políticos. Ahora se ve mejor la necesidad de enfrentar la pobreza, el desempleo, la malnutrición, el deterioro de la naturaleza. Se ve la urgencia de hacerlo con la participación de la comunidad, programas ambientalmente sostenibles, el uso de energías limpias, asentamientos, emprendimientos industriales y agropecuarios de bajas emisiones y bajo impacto.

Algunos, por el contrario, ven en la paz la oportunidad para acelerar a fondo el modelo actual de desarrollo insostenible, impulsando la gran minería, la urbanización anacrónica, la infraestructura convencional, el transporte contaminante, la ampliación de la frontera con agroindustria y el libre comercio, sin considerar los impactos socioeconómicos y ambientales. Los últimos gobiernos han impulsado estas políticas con ímpetu y han eludido la responsabilidad de preguntarse sobre sus consecuencias para el país. Las grandes obras son factor clave de este modelo y cuentan con el apoyo de las entidades financieras internacionales para dinamizar el crecimiento y generar empleo. Se utilizan también como plataforma política pues coinciden con necesidades objetivas, aspiraciones sentidas, expectativas inmediatas y votos, pero su enfoque y manejo actual tienen serios problemas. Los efectos están a la vista en lo político, económico, social y ambiental. Se ve corrupción, deterioro institucional, debilitamiento de la democracia y de las finanzas públicas, fragilidad de la economía, inequidad, contaminación, destrucción de ecosistemas y desastres.

Ahora se necesitan los votos de Bogotá y la Sabana para las próximas elecciones. Con el fin de lograrlos “todos a una” lanzan una fuerte campaña y propuestas de intervención con vías, buses, trenes(?), metro, urbanizaciones en Mosquera y en zonas de reserva, peatonalización de los cerros, habilitación de 15.000 hectáreas para minería, canalización y malecones en el río Bogotá, El Dorado II, etcétera., que piensan amortiguar con la “protección” de páramos y la promesa de que las urbanizaciones tendrán parques y “corredores” verdes. El alcalde mayor, el gobernador y los alcaldes municipales impulsan planes y POT que, a pesar de las buenas intenciones, no se orientan a un desarrollo sostenible regional, sino a expandir las vías y la ocupación urbana. La consecuente destrucción de los suelos y el ecosistema de la Sabana, la afectación del clima y el ciclo del agua, serán algunos de los pasivos de largo plazo por tratar de subir la popularidad del alcalde mayor, para despejar el trancón en la ruta del Solio que representa Bogotá-región.

Se necesita examinar a fondo los problemas de Bogotá, su crecimiento, población, infraestructura y replantear política y administrativamente la región, pero debe hacerse con cuidado, amplia participación ciudadana y científica, una visión de largo plazo, planes flexibles y escenarios de cambio climático y global, para lograr la transición hacia un desarrollo ambientalmente sostenible, sin calendario electoral, ni esquemas urbanos y de transporte anacrónicos, que comprometen el futuro y profundizan el desarrollo insostenible, con un costo económico, energético y ambiental enorme, que convertirán a Bogotá y la Sabana en el hueco negro del país.