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El 26 de julio, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó a comentarios un borrador de la reforma a la Ley General de Cultura. Durante dos semanas el documento estuvo publicado en la web y fue el resultado de una metodología que llevó a la cartera a realizar encuentros regionales en 17 ciudades del país, como Leticia, Quibdó, Cali, Neiva, Bogotá, Medellín, Buenaventura, Sincelejo y Ocaña, entre otras. El borrador no se ha publicado y está siendo actualizado para evaluar las consideraciones expuestas.
Esta propuesta, que fue anunciada por el ministro Juan David Correa en abril de este año, ha estado en discusión desde los planes sectoriales. De acuerdo con Alberto Sanabria, viceministro de Cultura, un ejemplo de esas conversaciones se vio en 2019 en La Tebaida, Quindío, donde, durante una asamblea para el plan de teatro y circo, uno de los puntos del sector fue el establecimiento de una agenda legislativa. Hace cinco años se dieron varios encuentros en otros lugares del país, donde “los diferentes sectores solicitaron una reforma sectorial, pues incluso se hablaba de una nueva ley de teatro. Siempre hubo una necesidad expresa de una reforma legislativa. Este año confluyeron todas esas solicitudes y una de ellas era la modificación de la Ley General de Cultura, especialmente en lo que tiene que ver con el sistema de estímulos y la participación de los sectores culturales en el ámbito nacional”, dijo el funcionario para El Espectador.
En la cronología de cómo surgió esta reforma, Sanabria comentó que, con la llegada del actual ministro, se revisó un documento con insumos donde se recopilaron varias reflexiones y se decidió que las iniciativas sectoriales, como la ley del circo, se reunieran en un mismo proyecto “con el ánimo de ser mucho más eficientes en el trámite. No impulsar una pluralidad de leyes, sino una sola fijada en lo que necesitaba una reforma legislativa”.
Desde esta cartera han enfatizado que la reforma propuesta no eliminará artículos ni elementos de la ley, sino, en sus palabras, fortalecerá y reformará los aspectos necesarios de la legislación. Adicionalmente, Sanabria comentó que en la reforma se incluirá lo que consideren estrictamente necesario, “aquellos temas que pudiesen tramitarse mediante decretos se pueden dejar para hacerlos más adelante, incluso resoluciones, porque ahí ya no es necesario ir a debatir en el Legislativo”.
Aunque el proyecto ha sido discutido y aplaudido, algunas preguntas han surgido frente a lo que se promete, la forma en que se logrará, lo que cambiará en el sector y cómo esta reforma figurará dentro del legado de esta administración.
Para hablar de la reforma, es necesario regresar a 1997, cuando se radicó la ley original. Viviana Rangel, coordinadora de la línea de democratización y conocimiento de la cultura de la Fundación Karisma, opina que el texto de hace 27 años dio la pauta para las políticas culturales en Colombia. “Todo eso fue un trabajo organizado del sector cultural con tomadores de decisiones, representantes de gremios y demás. Con el nacimiento del Ministerio de Cultura, también llegó la ley que respondía al 100 % de las necesidades de ese momento y tenía el objetivo de dar un orden a las cosas, en mi opinión, muy concentrado en las industrias”.
La investigadora le dijo a este diario que, por ejemplo, la percepción del sector cultural durante el gobierno de Iván Duque y la economía naranja se dirigió hacia las industrias culturales desde el ámbito económico. Rangel consideró que este enfoque perdió de vista elementos que la reforma propuesta actualmente pone de protagonistas, como los derechos culturales. “El proyecto enuncia la importancia de empezar a fortalecer el acceso a la cultura y hasta ahí vemos que las intenciones están en el lugar correcto”, afirmó. Sin embargo, percibió que podía mejorar en cuanto a derechos de autor y aproximaciones a los entornos digitales.
Mientras que esta fue una de las necesidades del sector que identificaron desde la Fundación Karisma, el borrador de la reforma, según la página del Ministerio, “propone fortalecer los instrumentos y regulaciones para seguir avanzando en la dignificación de los artistas, creadores, trabajadores, sabedores y, en general, de todos los actores de los ecosistemas culturales en todos los sectores”.
A pesar del objetivo que trazó esta cartera para su propuesta, Rangel y el abogado especializado en Derecho de Autor Fredy Forero coincidieron en que cubrir todas las necesidades que demanda el sector cultural sería un objetivo ambicioso. La investigadora ve esta reforma como una oportunidad de abrir las puertas a nuevas conversaciones.
Para el abogado, este primer borrador y la consulta a la que fue sometido fueron un sondeo para determinar la unión y fortaleza de ciertos sectores culturales. En sus palabras, “ver quiénes están agremiados y empezar a identificar a los actores que pueden dar apoyo o estar en contra del proyecto”. Un ejemplo de esto fue la industria gráfica, la cual envió comentarios al Ministerio reclamando una mayor representación dentro del texto.
Sanabria, por su parte, expresó que “una ley se convierte en una camisa de fuerza, porque luego, para cambiar algo, hay que volver al Congreso. Lo que estamos tratando de hacer es que las fortalezas se den en el ámbito financiero y de participación, dejando además un amplio espacio reglamentario para que el Gobierno nacional de turno pueda hacer modificaciones vía decreto, sin la necesidad de ir a cada ley”.
Según Forero, las políticas deberían ser de Estado y no de gobierno. “Para que una política pública tenga un verdadero impacto se necesita que tenga líneas de acción en el corto, mediano y largo plazo; por eso es ideal que sea una estrategia de Colombia y no de un gobierno o una presidencia en particular. Por supuesto que esto nunca pasa porque el relevo en el poder y la llegada de nuevas iniciativas son parte de las dinámicas de la democracia. Eso tiene cosas buenas, porque podemos innovar en políticas y no estar atados a ideas viejas, pero también cosas malas: usualmente, el gobernante de turno asume que todo lo que se venía haciendo se hacía mal, y tenemos muchos reprocesos. La mejor forma de blindar una política es que se apruebe mediante ley. Así no es decisión exclusiva del poder Ejecutivo si se cambia o no. Buenos ejemplos de esto son la Ley del libro y la Ley del Cine. Para cambiarlas se requiere mayorías en el Congreso, y aunque es usual que Presidencia tenga la bancada, el proceso siempre implica un desgaste político”, aseguró.
Para Rangel, la clave para blindar las políticas culturales está en los sectores: “Que el sector la acoja como propia, porque eso hace que haya mucha veeduría sobre la ley”. Sin embargo, la investigadora consideró que no existe una fórmula que asegure la protección de las políticas públicas.
Por su parte, el viceministro comentó que, en su experiencia, blindar una política o decisión convirtiéndola en política de Estado “no es posible”. “Lo que uno puede concluir es que cada gobierno tiene una decisión política y unos enfoques. Me he preguntado si las iniciativas de gobiernos anteriores no se perpetuaron porque no hubo suficiente tejido social. Es muy probable que solo hayan sido atendidas desde lo gubernamental y no se hayan generado fuerzas de carácter social que las mantuvieran”.
Es decir, las tres fuentes coincidieron en que la sociedad civil es fundamental al blindar estas iniciativas convertidas en políticas o leyes. Llegados a este punto, hubo una pregunta que comenzó a repetirse: ¿cuáles son las políticas culturales que se están impulsando?
Frente al interrogante, el viceministro mencionó que más allá de la reforma y de la iniciativa de Sonidos para la Paz, han trabajado en el diálogo social y la construcción de capítulos étnicos para el plan quinquenal, el plan decenal de lenguas, el fortalecimiento de comunidades productoras de viche y un plan nacional de las artes, entre otros. “El gran legado es que todo lo estamos conectando de manera conceptual, pero también con evidencias, con la paz. Es decir, con los proyectos estamos demostrando que pueden tener unos indicadores en términos de construcción de paz”. Sin embargo, Rangel plantea que la herencia de este Ministerio está en la reforma de la ley en cuestión. “Creo que Correa está intentando organizar las cosas bien, pero ya empiezo a sentir que no va a haber tiempo. Entonces su gran legado será lo que quedará en esta ley, pero no creo que se pueda implementar o desarrollar”, dijo.
Sanabria comentó que la forma en la que esta cartera se está aproximando a hacer política pública tiene que ver con un enfoque al que se refirió como bottom-up (desde las bases hacia arriba). Esto implica, en sus palabras, que se ha trabajado con “comunidades constituidas o expresiones organizativas fuertes que tienen claro lo que se debe construir en materia de política pública. Hoy estamos empleando una metodología que tal vez es más lenta, requiere más paciencia, pero que nos permite identificar e interpretar la voluntad de las organizaciones”, dijo. Desde su punto de vista, los procesos “quedan muy firmes porque son las mismas comunidades las que les exigen a los gobiernos locales y nacionales”.
Por su parte, Forero mencionó otro problema que no es exclusivo de la cartera cultural: la ejecución presupuestal. Esto, según el abogado, se debe a que “cambiaron a muchos mandos medios de los ministerios y siempre que llega alguien nuevo habrá una curva de aprendizaje que se refleja en la ejecución presupuestal. Además, desde cultura también se está planteando un cambio gigante en la forma de hacer política, pero para lograrlo tienen que dejar las bases. Después ejecutarán. Creo que lo están haciendo”.
Aunque la respuesta a lo que será el legado de este ministerio y su jefe de cartera actual está todavía en construcción, hay diferentes preguntas que sobresalen. Una de ellas es si la institución tiene la infraestructura administrativa necesaria para hacer frente a los cambios que se plantean, también la articulación de los territorios frente a los proyectos que hay en marcha y, con el reloj avanzando, cuál será la ventana temporal que tienen prevista para desarrollar las iniciativas pensadas. Mientras que el proyecto de reforma a la ley continúa gestándose, está por verse si su paso por el Congreso logra ser exitoso.
Por Andrea Jaramillo Caro
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