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La situación de derechos humanos (DD. HH.) ha sido debatida ampliamente en los últimos meses. Lo ocurrido en el paro nacional, así como los crímenes contra líderes sociales y desmovilizados en el marco del posconflicto, además de la reaparición de denuncias sobre desplazamientos y reclutamientos, ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer las rutas de atención a todas las poblaciones vulnerables. En el Día Nacional de los Derechos Humanos, la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez habla de los retos en tiempos de pandemia y los avances que han tenido en la protección de los colombianos.
¿Cuál es su balance de la situación de derechos humanos en el país?
Hay grandes desafíos. Desde que arrancó el gobierno de Iván Duque se generó el compromiso de proteger, respetar y promover los DD. HH. De lo más destacado es la política de migración con el estatuto temporal de protección a los migrantes venezolanos y ahora también con la situación de los afganos en el territorio. Pero, en general, tenemos los desafíos que nos dejó la pandemia y la contingencia social que se ha vivido en estos meses.¿Cuáles han sido los temas prioritarios en este año y medio de su gestión?
El año pasado se presentó la política publica de empresas y DD. HH., partiendo de la necesidad de la reactivación. Asimismo, acciones con enfoque de género y un capítulo especial para comunidades étnicas, con las rutas de protección a pueblos indígenas y comunidades afros, que es donde están los mayores desafíos, porque está documentado que la vulneración de DD. HH. es responsabilidad de los grupos armados organizados dedicados a la disputa por las economías ilícitas. Tenemos a cargo el sistema de prevención y protección de niños y adolescentes que son reclutados por los grupos armados y, por último, la política de juventud con enfoque de DD. HH.
¿Qué legado espera dejar este gobierno en materia de DD. HH.?
Venimos construyendo con las organizaciones sociales el Plan Nacional de Acción en DD. HH., que entrega el balance y los desafíos para lo que falta de mandato y las bases para que el próximo gobierno encuentre el cumplimiento de compromisos. Hoy entregaremos un balance con las acciones que se han hecho y se harán hasta el fin de nuestro período. Vamos a dejar también una revisión de la política del Plan de Educación en DD. HH., que es fundamental porque el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos, pero todos tenemos el deber de respetar los derechos de los demás.
Hace dos meses vino la CIDH, tras los hechos ocurridos durante el paro nacional. ¿Cómo van las respuestas a las observaciones y recomendaciones que hicieron?
Muchas de esas recomendaciones se venían implementando como programas de gobierno; por ejemplo, lo que tiene que ver con fortalecer la formación en DD. HH. de la fuerza pública, que coincide con la reestructuración que venía haciendo la Policía. El diálogo, en el que la CIDH insistió, quedó plasmado en la Política de Juventudes.
¿Y qué papel cumplió o viene cumpliendo la Consejería durante las movilizaciones?
Nos corresponde estar presentes en las mesas que se hacen para la revisión de DD. HH. Cuando se reclama el derecho a las manifestaciones, este está garantizado; sin embargo, la conflictividad que se presentó se deriva de causas que fueron plasmadas por nuestro Observatorio de DD. HH.
¿Cómo intervinieron en temas como bloqueos, vandalismo, abusos policiales y, en general, todos los hechos que atentaron contra los DD. HH.?
Desde enero se generaron mecanismos de revisión para el manejo de las manifestaciones. La condición que siempre se pone, a nivel nacional e internacional, es que sean pacíficas; entonces, se ha generado una capacitación para garantizar el derecho a la protesta social y el llamado a que se haga siempre de manera pacífica. Cuando se presentan hechos de violencia o posibles violaciones de DD. HH. le corresponde actuar a la justicia ordinaria o la justicia penal militar. El Estado debe hacer seguimiento para que se cumpla con la prevención y si algún agente del Estado cae en una violación de DD. HH., se debe garantizar el accionar de la justicia y que no haya impunidad.
¿Qué vigilancia se viene haciendo a los desplazamientos que siguen ocurriendo en varias regiones?
Hemos estado en el Pacífico nariñense y el Chocó, que son zonas donde se han presentado desplazamiento de comunidades indígenas. Allí los temas de protección se derivan del accionar de la fuerza pública con tareas como el desminado. Con las comunidades confinadas se activan los sistemas de protección, la Unidad de Víctimas brinda atención humanitaria y con apoyo de la comunidad internacional se hace una cadena de trabajo para restablecer los derechos de los afectados. Lo mismo pasa con el tema de reclutamiento.
También se han vuelto a reportar otras violaciones a DD. HH., como ataques contra líderes sociales y desmovilizados tras el Acuerdo de Paz. ¿Qué trabajo se ha hecho para evitarlos?
En ambos casos están definidos, por los esclarecimientos que hacen la Fiscalía y los organismos de inteligencia, que las causas están concentradas en los grupos armados ilegales y por eso el compromiso grande del Ministerio de Defensa en combatirlos. Los homicidios de líderes sociales han disminuido, pero es un desafío permanente.¿En qué punto está el anunciado diálogo con sectores sociales, instituciones y comunidad internacional para hacer una reconciliación enfocada en DD. HH.?
Se adelantó una estrategia para acompañar los diálogos territoriales en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad. El diálogo con los jóvenes llevó a la actualización de la política de protección de jóvenes, que incluye el acceso gratuito a la universidad pública y programas encaminados a brindarles oportunidades. Incluso en la construcción del Plan de Acción en DD. HH. hemos mantenido un diálogo permanente con las organizaciones sociales y hoy entregaremos los lineamientos para que se pueda seguir construyendo.
Hace unos meses comenzó el período de reactivación y usted mencionó que la Consejería velará para que en este proceso se garanticen los DD. HH. ¿Cómo lo hará?
Con énfasis en la reactivación y un enfoque humanista para una reactivación social y ambiental, que es el énfasis que ha hecho el presidente. La política de empresas y DD. HH. parte de la base de que las empresas son factores sociales y económicos importantes y se requiere que haya una relación de respeto con los trabajadores de las empresas, con la comunidad y con la cadena de proveedores y clientes.
Las elecciones están a la vuelta de la esquina y ya aparecen los primeros informes sobre violencia electoral. ¿Cuál es el papel que cumplirá la Consejería para garantizar los derechos, primero humanos y luego políticos, durante esta temporada?
El Ministerio del Interior tiene a cargo la estrategia de protección de las elecciones. Ese plan ya está en marcha, porque en noviembre hay elecciones para los Consejos Municipales de Juventud.
Por Felipe García Altamar
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