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Secretario, tengo entendido que durante su gestión se han radicado más de 1.500 denuncias desde la Secretaría de Transparencia. Sin embargo, no se han visto avances significativos en la mayoría de estos casos por parte de los entes investigadores. ¿Cree que algunas de esas denuncias se están quedando como un saludo a la bandera?
Efectivamente, con corte al 1 de mayo, son 1.506 traslados y denuncias que hemos puesto ante la Fiscalía, las contralorías municipales, departamentales y la general de la Nación, así como la Procuraduría. Desafortunadamente, no tenemos conocimiento de avances sustanciales en este universo de un poco más de 1.500 denuncias que en la práctica hemos interpuesto.
¿En cuáles ha habido avances?
La opinión pública ya conoce del cartel de contratación detrás de carrotanques, del caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Sobre ese caso efectivamente sí hay avances. Tenemos varias personas, funcionarios públicos del gobierno en la cárcel hoy y al parecer seguirán. Las investigaciones esperamos que sigan avanzando de tal manera que sea contundente el resultado de lo que está detrás, no solamente del caso de carros tanques, sino de la corrupción en toda la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en este gobierno y en gobiernos anteriores. Otros casos de relevancia. María Isabel Urrutia, la exministra del Deporte, hoy también está imputada por las denuncias de la Secretaría de Transparencia. Ahí también ha habido avances. En casos de gobiernos regionales, donde se involucran contratistas, desafortunadamente no hemos encontrado sustanciales avances, pero seguimos confiando en que la justicia pronto nos dé resultados al respecto.
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Hablando del tema de la UNGRD, en los pasillos de la Casa de Nariño se comenta que este podría ser uno de los gobiernos con más funcionarios capturados. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Yo creo que puede ser así, pero creo que el asunto no se puede reducir a que este gobierno tiene la mayor cantidad de capturas. Este gobierno tiene capturas, entre otras cosas, por las denuncias del propio gobierno, de la propia Secretaría de Transparencia. La corrupción es un germen que está incrustado casi que en el ADN del Estado, pero la diferencia nuestra con los demás gobiernos es que no hemos escondido la mugre debajo del tapete. Hemos salido a denunciarlos sin excepción. Te puedo asegurar que no hay un caso que haya llegado a la Secretaría de Transparencia que no haya sido denunciado. En absolutamente todos los casos estamos dándole traslados a la justicia y seguimos haciéndolo. Nosotros no toleramos la corrupción y por eso hemos venido y continuaremos denunciando a absolutamente todas las personas, independientemente de dónde vengan.
Secretario, este miércoles se supo que se iban a imputar al exministro Ricardo Bonilla. ¿Cómo ve ese tema, por ejemplo, con el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco?
No hay que perder de vista que ese tipo de relaciones, de estar probadas en contra, de los exministros de ese gobierno, no son algo nuevo. Por eso le hemos dicho a la Fiscalía que ojalá pudiera seguir mirando qué ha pasado desde antes, desde antes del exministro Bonilla, si es que él tiene algún tipo de responsabilidad finalmente. Yo creo que hay una práctica que posiblemente se naturalizó. Por ejemplo, el enlace con el Congreso, la persona que está sirviendo como testigo en este caso, no llegó ahorita. La jefa de ella venía, por lo menos, desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos, o sea, lleva más de 10 años en el cargo y yo no creo que, si es que llega a haber algún tipo de irregularidad o ilegalidad en sus actuaciones, se las haya inventado en este gobierno. Hay muchas cosas que hay que seguir hablando y esperamos que absolutamente todos los funcionarios públicos involucrados respondan ante la gente.
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Usted ha tenido diferencias públicas con la Registraduría. Ya se publicaron los pliegos para las elecciones presidenciales de 2026. ¿Está tranquilo con ese proceso, especialmente después de las alertas sobre el contrato de pasaportes?
Desafortunadamente, han querido personalizar una discusión técnica. Esto no es ni contra la Registraduría, ni mucho menos contra el señor registrador. Nosotros como Secretaria de Transparencia en todos los casos que conocemos levantamos la mano y decimos aquí puede haber una posible irregularidad, por favor tengan en cuenta y evalúenla. Cuando las entidades no actúan ante las alertas y no toman ningún tipo de medidas y, por el contrario, reaccionan como si fuera esto personal, nosotros seguimos avanzando y hemos puesto, como ya la opinión pública lo sabe, en consideración de la Fiscalía, unas posibles irregularidades en un contrato de 41 mil millones de pesos, que fue el año pasado.
Actualmente, se nos viene una contratación por parte de la Registraduría de casi 2 billones de pesos entre las elecciones de Consejos de Juventud, elecciones legislativas, primera vuelta presidencial y si llega a haber una consulta popular. Esa cantidad, esa magnitud de recursos, digamos, no podemos dejarla pasar. Por eso esperamos y confiamos en el buen criterio del equipo del señor registrador para que garanticemos una pluralidad de oferentes, que está en nuestra discusión. No puede haber en Colombia, por regla, un único oferente en grandes licitaciones. Eso nos parece que no tiene sentido. Si Thomas Greg termina siendo el día de mañana el gran ganador en una licitación con pluralidad de oferentes, pues bienvenida, pero cuando llega a haber solamente un proponente, el principio de economía no se está materializando porque no hay competencia para bajar precios. Entonces, estamos alerta y esperamos que las cosas salgan lo mejor posible por el bien de lo público.
Secretario, ¿la acción judicial por el contrato en la Registraduría seguirá avanzando? ¿Se mantiene la denuncia contra el registrador Hernán Penagos?
La acción judicial no fue contra el registrador Penagos, fue contra su equipo de contratación, entre otras cosas, porque encontramos un posible conflicto de interés con uno de los funcionarios que viene de trabajar con empresas asociadas a Thomas Greg y que hace parte de la estructuración de los pliegos. Entonces es la Fiscalía la que tiene que evaluar si efectivamente hay algún tipo de irregularidad en el momento de la fase precontractual de ese contrato que denunciamos y, por supuesto, en su ejecución y adjudicación.
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Es decir, sigue adelante…
Sigue adelante, claro que sí.
El presidente Gustavo Petro ha pedido adelantar acciones de investigación contra algunos de sus exministros, entre ellos, José Antonio Ocampo por el tema del Fondo de Estabilización. ¿Ha habido algún avance en ese sentido?
Nosotros no hemos encontrado mayores elementos hasta el momento y, aún así, seguimos recibiendo información. La Secretaría de Transparencia trabaja con fuentes humanas y con información pública, de tal manera que cualquier tipo de irregularidad hasta el momento no ha sido encontrada y cuando la hallemos, si es que llega a resultar, también será puesta en consideración de la justicia, que es la llamada a atender las alertas de la Secretaría.
Usted ha hablado del caso de “papá Pitufo” y posibles redes de funcionarios públicos involucrados con el zar del contrabando. ¿Qué avances hay en esa investigación?
El caso está, por supuesto, en manos de la Fiscalía y ya hay una imputación de cargos. Estamos esperando que se resuelva el último recurso del señor Diego Marín en Portugal para saber si regresa a Colombia o no a ponerle la cara a la justicia. Mientras tanto, seguimos llamando la atención de la Fiscalía en torno a las 15 denuncias penales que han existido desde 2005 a la fecha. Confiamos que la Fiscalía siga avanzando al respecto. Nos pareció muy desafortunado, por ejemplo, el tema de alias “El Bendecido”, un caso que se anunció con bombos y platillos y que terminó en nada, en este personaje suelto. Hay otros personajes de ese grande cartel de contrabando que están pasando de agache. Por ejemplo, el señor “Pacho Millos”, de los mayores contrabandistas de cigarrillos de Latinoamérica, y sobre él, pese a que está hoy en manos de la justicia, no sabemos más.
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Gran favor le harían a la justicia y al país que se conociera la verdad de quiénes son los que han movido los hilos durante casi cuatro décadas en el caso de “papá Pitufo”. ¿Quiénes fueron los políticos que los ayudaron a proteger, a generar y darle tanto blindaje? Esto no solamente fue poder económico, aquí hay poder político y una filtración muy importante al interior de las instituciones del Estado. Estamos hablando del Congreso, del poder Ejecutivo, la DIAN, la Fiscalía y la Policía.
También quisiera preguntarle por el caso de Nicolás Petro. ¿Han recibido información relacionada con este caso?
La Secretaria de Transparencia actúa en dos momentos. Primero, cuando las autoridades no tienen el caso, entonces generamos la alerta y lo ponemos en conocimiento de ellas. Segundo, cuando el caso está en las autoridades, por ejemplo en la Fiscalía, y no se mueve. Cuando casos como el de Nicolás Petro vienen avanzando en la justicia, nosotros somos respetuosos, tanto de la Fiscalía como de los jueces, para que sean ellos los que establezcan. Distinto a cuando los casos están denunciados y no se mueven y quedan impunes. Entonces en ese caso no tendría mayor opinión. La justicia es la que tiene que terminar definiendo si hay algún tipo de responsabilidad en ese caso o no.
Algunos colegas han estado señalando que usted debería declararse impedido en lo que tiene que ver con la investigación de Andrés Calle por una supuesta conexión que tendrían usted y su esposa Andrea Verdugo. ¿Qué nos puede decir de este tema?
Les puedo decir que es una historia que está mostrada de manera temporal. Yo creo que no se le puede olvidar a la opinión pública que quien denunció el caso de carrotanques fui yo. En segundo lugar, es un tema privado, pero por demás inexistente, entre una persona que ha querido presionar, esta vez a través de un medio de comunicación, para cobrar una plata sin justificación alguna, máxime cuando no hay un tipo de relación laboral o comercial, no con Andrés Calle, sino con el excandidato a la gobernación Gabriel Calle. De tal manera que eso es un asunto estrictamente privado, entre otras cosas, de mi esposa. No soy vocero de ella. Ella tiene sus argumentos para este caso. No hay conflicto de interés y reitero: aquí lo que hay es una persona que quiere aprovecharse de los cargos públicos en los que estamos para intentar sacar plata.
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Por Daniela Cristancho
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