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A sus 33 años, cuando lideraba un movimiento social sin precedentes a comienzos de los años 2000, un sicario le disparó a Yolanda Yamile Izquierdo. Ella murió al instante, mientras que su pareja resultó gravemente herido. El atentado ocurrió el 31 de enero de 2007, en el barrio Mi Ranchito en Montería, cuando la mujer ya era el rostro de la lucha por la restitución de tierras que empezaba a tomar forma en el país. Aunque en 2011 la justicia encontró que su crimen había sido ordenado por personas cercanas al clan Castaño, como Sor Teresa Gómez, en la noche del viernes 17 de marzo, la Fiscalía reactivó la investigación por el asesinato de Izquierdo, al capturar a Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche.
Según la investigación, el exjefe paramilitar, quien ahora se encuentra preso en el búnker de la Fiscalía, habría contactado a alias Jawi, un sicario que, por órdenes del exjefe paramilitar, siguió y atentó contra la líder campesina, ocasionándole la muerte. El expediente señala que Monoleche sería el determinador del crimen y ahora será procesado por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, pese a que ya había cumplido una sentencia de Justicia y Paz y salió libre en 2016. Pero más allá de esta vinculación al proceso, la captura de este hombre revive el nombre de una líder campesina que fue asesinada mientras representaba a más de 800 familias que fueron despojadas de sus tierras en Córdoba.
(En contexto: Recapturan a “Monoleche” en investigación por asesinato de reclamante de tierras)
Para 2007, Izquierdo era el rostro y voz de cientos de campesinos que empezaban a exigirle al gobierno que los protegiera y le ayudara a recuperar los bienes que, a la fuerza, tuvieron que venderles al clan Castaño. En cada aniversario de su muerte, personas que la conocieron y que recibieron su ayuda, recuerdan que Izquierdo fue de las primeras en liderar procesos masivos para recopilar las pruebas que dejaban en evidencia que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) despojaron a cientos de campesinos, especialmente en la zona de Las Tulapas (Córdoba). La propia familia de Izquierdo había sido víctima de esa estrategia de guerra de las autodefensas para controlar, físicamente, la zona del Urabá y Córdoba.
En su caso, como en el de muchos otros, la justicia logró evidenciar que en 1991, la supuesta oenegé creada por los hermanos Castaño, Funpazcor, supuestamente para la entrega justa de tierras a campesinos, le “donó” varios predios a su familia. Sin embargo, al cabo de unos años, los mismos paramilitares les pidieron de regreso la tierra y los obligaron a venderla a cambio de un precio muchísimo menor de lo que realmente valían. Si no vendía, han dicho varias víctimas, hombres como Monoleche, los amenazaban con matarlos. Las pruebas de ese despojo masivo fueron las que empezó a recopilar Izquierdo, con familias, especialmente de Montería y Valencia.
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La líder campesina, además, les advirtió a los campesinos que, si en algún momento llegaban a sus casas hombres que pedía que firmaran papeles, se negaran a hacerlo. Izquierdo logró evidenciar que hombres cercanos al clan Castaño estaban recopilando esas firmas en documentos que contenían la declaración jurada de que nadie había obligado a las familias a vender esas tierras y que nunca fueron amenazados si no cumplían con esa orden. Documentos que han sido recopilados en expedientes judiciales han demostrado que Izquierdo recibió amenazas cuando empezó a alertar a sus compañeros y a las familias que representaba.
Justo por la época del asesinato de Izquierdo, el país se escandalizaba por la avalancha de procesos por parapolítica y el enfrentamiento del expresidente Álvaro Uribe con los jefes paramilitares por el supuesto incumplimiento del proceso de paz con las AUC. Además de estos temas, para ese mismo momento ya se hablaba con seriedad de la reparación y la restitución de tierras. Los campesinos se organizaron y buscaron representantes para que los acompañaran en el proceso, al tiempo que paramilitares anunciaban los bienes que entregarían. Sin embargo, bajo cuerda operaban personas cercanas a ellos que querían impedir a toda costa que los campesinos recuperaran lo que les pertenecía.
(En contexto: Yolanda Izquierdo, víctima de un “error burocrático”)
Los Wikileaks sobre Yolanda Izquierdo
En 2011, luego de que este diario tuviera acceso a los Wikileaks, El Espectador reveló que el asesinato de Izquierdo fue tema recurrente en cables de la Embajada de Estados Unidos, y que autoridades colombianas reconocieron que su muerte demostrada vacíos en el programa de protección a líderes. El primero en hacerlo fue el propio ministro del Interior y de Justicia del momento, Carlos Holguín, quien dijo que la falta de protección a Izquierdo había “sido un error burocrático”, como quedó consignado en un cable del 8 de febrero de 2007. Por su parte, Carlos Franco, jefe de Derechos Humanos de la Presidencia de Álvaro Uribe, indicó a la Embajada que la violencia los había llevado a revisar los métodos de protección.
El funcionario agregó que, para la fecha del asesinado de la líder campesina, los esquemas de protección los manejaban varias instituciones de seguridad, pero que existía desarticulación en el manejo de la información unificada y falta de recursos para atender a todos los que reportaban amenazas. “El sistema actual es muy burocrático y no prevé suficiente cobertura. Las agencias involucradas no comparten información de amenazas y el proceso se dilata con el tiempo”, explicó. Por otra parte, uno de los hechos que mostraron los Wikileaks es que, desde horas después del asesinato, quedó claro que detrás estaba el clan Castaño, en especial, la hermanastra de los líderes paramilitares, Sor Teresa Gómez.
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Para ese momento, el CTI de la Fiscalía ya tenía indicios de que Gómez amedrentaba a los que se aventuraban a reclamar tierras en Córdoba. Las sospechas sobre ella recayeron desde el primer día del crimen, como se lo expresó el general Óscar Naranjo al embajador de Estados Unidos, quien no dudaba que el crimen estaba relacionado con el esfuerzo de la líder campesina por la restitución. Al igual que el general Naranjo, el abogado que representaba a Yolanda Izquierdo señaló como responsables a Diego Sierra, hombre de confianza de Vicente Castaño, y a Sor Teresa Gómez. Las consideraciones del jurista las conoció de primera mano la Embajada de Estados Unidos.
“Fidel Castaño controlaba las tierras a través de Funpazcor para ganar empatía con las familias locales y crear una zona de protección en contra de las Farc. Entre 1995 y 1996, Gómez y Sierra ordenaron a las familias que dejaran las tierras. Con el comienzo de Justicia y Paz, Izquierdo Berrío y otros campesinos vieron la oportunidad de recuperar sus tierras y pedir reparación. En respuesta, Gómez empezó a presionar a las familias para que vendieran sus títulos a bajo precio. Izquierdo se opuso a esa venta e influenció a otras familias para hacer lo mismo, llevando a que Sierra y Gómez la silenciaran”, le dijo el abogado Diego Sierra a la Embajada estadounidense.
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La respuesta del expresidente Álvaro Uribe al asesinato de Izquierdo fue la orden de expropiar los bienes de los jefes paramilitares, que comenzó con los de Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo. En un cable del 16 de febrero de 2007 se anota que el general Naranjo presentó un informe a la Embajada sobre las incautaciones de bienes a los jefes paramilitares, que para ese momento sumaban recursos cercanos a los $7 millones de dólares, y que tenían identificadas cerca de 400 propiedades más de 25 jefes de las autodefensas, que estaban en trámite de ser embargadas para sumarlas al fondo para la reparación de víctimas.
Al sol de hoy, después de 16 años de los hechos, y de las promesas de restitución de tierras, hoy siguen llegando bienes al fondo que se encarga de repara a las víctimas. En el caso de Izquierdo, el Tribunal Superior de Antioquia resolvió, en 2014, regresarle los predios que le costaron su vida. Con esa orden judicial, sus hijos recibieron la parcela de cuatro hectáreas en Montería que el Clan Castaño le arrebató a finales de la década del 90. Otras 10 familias, que ella misma defendió, resultaron beneficiadas por ese fallo judicial que reivindicó la lucha de Yolanda Izquierdo, cuya familia logró regresar al terreno, ubicado en la hacienda Santa Paula, ubicada a 17 kilómetros de la zona urbana de Montería.
(En contexto: Un doloroso despojo en camino a la reparación de víctimas)
En cuando a la justicia, cuatro años después del asesinato, la justicia condenó a 40 años de cárcel a Sor Teresa Gómez. Y, ahora, la Fiscalía vinculó oficialmente al caso a Jesús Ignacio Roldan, alias Monoleche, como el presunto determinador del homicidio. Dieciséis años después de haber perpetrado el asesinato, la justicia sigue moviéndose para esclarecer el crimen y, con la captura del exjefe paramilitar, revive el caso de líder campesina, Yolanda Izquierdo.
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