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Este diario publicó el domingo una primera entrega sobre cómo madera deforestada de forma ilegal por una estructura ligada al Clan del Golfo fue utilizada en un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd) para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota, en noviembre 2020. En esta segunda entrega, El Espectador revela que la empresa que entregó esa madera a la Unrgd, Inacon SAS, y se quedó con al menos dos contratos que pretendían restaurar la infraestructura del archipiélago, está relacionada con un viejo conocido de los expedientes judiciales.
Uno que todavía tiene un proceso penal pendiente por el escándalo más importante de los últimos años que tumbó a poderosos políticos y empresarios en Colombia y Latinoamérica: el caso de los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht.
Lea la primera entrega de este especial: Ungrd compró madera ilegal del Clan del Golfo para reconstruir Providencia
Se trata de empresario David Fernando Portilla Colunge, conocido contratista en el mundo de la construcción, quien apareció en el radar de la Fiscalía General en 2017, cuando estalló el escándalo en Colombia. De acuerdo con el ente investigador, este ingeniero civil de 42 años fue clave para blanquear un millonario pago que habría aportado Odebrecht a la campaña reeleccionista del entonces presidente Juan Manuel Santos, en 2014. Un pago que el exmandatario ha negado tajantemente en los últimos años.
Documentos y testimonios recogidos por este diario dan cuenta de que Portilla, quien afronta un juicio penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sería el poder a la sombra de Inacon SAS, la firma encargada de reconstruir 22 viviendas de madera en Providencia, tras el paso del huracán. Aunque ese convenio fue suscrito en septiembre de 2021 por su hermano, Juan Gabriel Portilla Colunge, El Espectador recogió varios testimonios, incluso de su círculo más cercano, que indican que, por los líos judiciales de David Portilla, este no volvió a figurar en los papeles como cabeza de los contratos, pero que sigue ejerciendo control sobre la empresa.
Cuando este diario contactó por primera vez a Juan Gabriel Portilla, este negó tajantemente que su hermano David trabajara en Inacon SAS, y aseguró que, a partir de que se hizo público el caso Odebrecht, cada uno tomó rumbos profesionales distintos. Sin embargo, las comunidades de Providencia en donde Inacon ejecutó las obras dicen todo lo contrario: “el ingeniero David Portilla fue el que estuvo a la cabeza durante la construcción de las viviendas”, aseguraron habitantes de la comunidad donde se reconstruyeron las casas. De hecho, un líder en San Andrés señaló que actualmente David Portilla participa en los comités de socialización de otro contrato que quedó en manos de Inacon para reconstruir la isla.
Ese segundo proyecto, que le adjudicó el Instituto Nacional de Vías (Invías), en abril de 2024, pretende reconstruir un tramo de una de las principales vías de San Andrés. Fue en medio de este intercambio con las comunidades que David Portilla, y no su hermano, también apareció como una de las caras de Inacon. Resulta que esta obra fue suspendida en junio de 2024, luego de que las los habitantes de la isla solicitaran mayor información sobre la obra de $6.475 millones que pretende rehabilitar 50 metros de la Circunvalar de San Andrés. “En julio de 2024, (David Portilla) estuvo presente y habló en los comités para llegar a nuevos acuerdos con la población aledaña al proyecto”, confirmó una fuente cercana a la obra.
Luego de que este diario recogió estos testimonios, que apuntan a que David Portilla todavía tiene un papel clave en Inacon y en la reconstrucción de San Andrés y Providencia, le preguntamos a su hermano Juan Gabriel por qué negó durante la primera entrevista cualquier relación de su hermano con la empresa. A lo que solo atinó a responder que su hermano no estaba inhabilitado para ejercer su profesión de ingeniero civil en Inacon y que no iba a contestar más preguntas de este diario. Otro elemento que da cuenta de la influencia de David Portilla en Inacon aparece en los registros públicos de Cámara y Comercio: su esposa, Erika Patricia Barajas Quiroz, funge como representante legal suplente.
Una persona que trabajó en el pasado con los Portilla Colunge, y que pidió reserva de su nombre por seguridad, le contó a El Espectador que desde 2010 los hermanos trabajan juntos en proyectos de infraestructura pública. “Desde ese año los Portilla trabajaban en Fagar Servicios, una empresa de origen español que tuvo problemas en varias obras antes de que saliera involucrado en el caso Odebrecht”. Por ejemplo, en 2012, David Portilla tuvo un contrato de $10.000 millones con Findeter para la construcción de un acueducto de Popayán. Sin embargo, no cumplió con el plazo de construcción y Findeter terminó el contrato unilateralmente. Algo similar ocurrió ese mismo año en Cali con esa misma entidad financiera pública.
Findeter contrató por $11.200 millones a Fagar Servicios para que mejorara el sistema de alcantarillado de la capital vallecaucana. No obstante, de nuevo, la entidad tuvo que finiquitar el contrato tras los incumplimientos de Fagar Servicios. “Lo cuestionable de este asunto no es que Portilla esté ejerciendo su labor de ingeniero en Inacon, de algo tiene que vivir, sino que en el pasado tuvo varios y serios problemas en la ejecución de obras. Además, es una persona que, por lo último que se ha sabido, le ha pedido a la Fiscalía negociar beneficios judiciales con información relacionada con los hechos que hoy está siendo procesado”, dice la persona que trabajó durante varios años con la familia Portilla.
La versión de David Portilla
Desde finales de julio de 2024, El Espectador intentó contactar, a través de su hermano y por otras vías, a David Portilla, y solo hasta hace una semana pudimos obtener su versión. El ingeniero señaló que no se encuentra inhabilitado para ejercer su profesión, confirmó que realiza actividades administrativas en Inacon, pero negó ser la cabeza a la sombra. No obstante, admitió que a raíz del escándalo de Odebrecht sí tuvo que dejar de aparecer en papeles y que los bancos le bloquearon sus cuentas bancarias desde que se supo de su posible participación en la supuesta financiación ilegal de la campaña de Santos.
“Desde que estalló el escándalo se ha dicho mucho de mí, en los medios se han dicho muchas mentiras, pero por los problemas legales que he tenido no se me puede impedir seguir con mi vida, continuar trabajando. Es cierto que tengo un juicio penal pendiente y que, de allí, en los próximos años se decidirá si soy culpable o no. Es verdad que en algún punto intenté negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero hace un año desistí de la negociación al no poder concretar ningún arreglo judicial”, señaló el empresario caleño enjuiciado por el caso Odebrecht.
Portilla señaló que en enero de 2021, mientras avanzaba la primera fase de la reconstrucción de San Andrés, entregó madera que había recibido de Asglobal (y que a su vez provenía de Maderas El Amparo), pero que para él era “imposible” saber de su origen ilícito. Portilla dice que, en la fase dos, en la que fue contratada Inacon para reconstruir viviendas compró madera traída de los Estados Unidos y comprada en una ferretería de San Andrés.
El contrato de las viviendas
La entrada de los Portilla a la reconstrucción de 1.792 viviendas en San Andrés y Providencia se dio en septiembre de 2021, por un desfase en el cálculo de la Ungrd. El mismo contrato, al que accedió este diario, señala que, Portilla y otros 17 contratistas entraron al mega proyecto para suplir un déficit de reconstrucción de 524 viviendas que no pudieron cubrir los siete primeros contratos que se firmaron en febrero de 2021. Aunque el contrato de los Portilla empezó valiendo $4.218 millones, terminó costando $8.223, luego de la suscripción de un otrosí por $4.005 millones, que había sido avalado por un comité técnico de Findeter y la Ungrd, entidades del gobierno Duque que lideraron la reconstrucción.
Lo particular de este contrato, y de los otros 17 más conocidos por este diario, es que no se menciona desde un inicio el número de casas que se iban a reconstruir. En los cuatro otrosíes que se suscribieron en el contrato de los Portilla tampoco se menciona el número de casas por restaurar. Solo fue hasta el acta de entrega de la obra, en junio de 2022, que se conoció el número de viviendas en las que intervino Inacon: 22. Es decir, $373 millones cada casa. De acuerdo con los documentos del contrato, esas viviendas conservaban ciertas partes de su estructura tras el paso del huracán y, según la interventoría de la obra, no hubo sobrecostos.
En agosto de 2022, la Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por posibles sobrecostos en la fase 1 de la reconstrucción de San Andrés y Providencia, de la cual no hizo parte Inacon. Desde entonces, esta entidad no se ha vuelto a pronunciar sobre posible malversación de dineros públicos. Como contó este diario, en 2021, la firma de los Portilla terminó recibiendo para este contrato 17.200 listones de madera que habrían sido talados ilegalmente por el Clan del Golfo de un área protegida.
El Espectador reconstruyó la ruta de esa madera ilegal, la cual pasó por dos empresas antes de llegar a manos de los Portilla. La compañía Asglobal, ubicada en Montería, le vendió a Inacon la madera, luego de haberla adquirido de Maderas El Amparo. Esta última empresa, dice la Fiscalía General, blanqueó desde 2015 hasta 2023 la madera que era extraída ilegalmente del Parque Natural Paramillo, por una estructura ligada al Clan del Golfo, grupo de origen paramilitar y narcotraficante que opera en todo el país, pero tiene una fuerte presencia en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Tanto Inacon como Asglobal le dijeron a este diario que cuando recibieron la madera esta cumplía con todos los documentos que certificaban el presunto origen legal de la madera.
El caso Odebrecht y San Andrés
No es la primera vez que una importante obra de construcción en el archipiélago termina en manos de una persona involucrada en el caso de los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht. Como ha contado este diario, Andrés Sanmiguel Castaño, amigo de David Portilla Colunge y socios en la empresa que movió los dineros de Odebrecht, afronta un juicio penal por haberse apropiado, supuestamente, de dineros públicos ($12.241 millones) de la construcción de un parque deportivo en San Andrés, denominado Tropical Park. En este proyecto, en el que participaron dos empresas de Sanmiguel, la Fiscalía dijo que no hubo ninguna planeación del proyecto y que se violaron varios procesos previos a la adjudicación de las obras.
Sobre el empresario Sanmiguel, el fiscal del caso comentó que realizó préstamos con dineros de la obra a empresas que no tenían nada que ver con la construcción del parque y relacionadas con otras sociedades, consorcios y personas con construcciones en otras zonas del país. Pero los problemas de Sanmiguel no paran allí, el pasado 14 de agosto la Fiscalía le imputó cargos por, aparentemente, haberse apropiado de $7.302 millones para la construcción del Centro de la Cultura Hípica de San Andrés. La obra nunca arrancó: el avance de la construcción solo llegó al 0.31%, señaló el ente investigador.
En cuanto al caso de Odebrecht, según la Fiscalía, Sanmiguel y David Portilla están estrechamente relacionados en el blanqueo de un soborno que habría entrado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. De acuerdo con la investigación, Gistic Soluciones, otra de las empresas de Sanmiguel, firmó un contrato por $4.000 millones con la concesión de Odebrecht en la Ruta del Sol 2.
En 2018, Sanmiguel indicó en un interrogatorio ante la Fiscalía que ese contrato nunca se ejecutó, pero que sí recibió la plata a su cuenta, justo en la antesala de la campaña reeleccionista. Según él, la sacó del banco y le entregó el efectivo a Esteban Moreno, que trabajaba con el Partido Liberal, y a su socio David Portilla. En su declaración dijo que Esteban Moreno (amigo de Sanmiguel y Portilla) era en ese momento el gerente de la campaña legislativa de los liberales, y que esa plata iba para la campaña reeleccionista. En medio de las audiencias, Sanmiguel y sus abogados han dicho que demostrarán su inocencia en los dos juicios penales que afronta. Su defensa ha sido cautelosa, cuando el Consejo Nacional Electoral lo llamó a declarar en 2020, este se acogió a su derecho de guardar silencio.
De cualquier modo, mientras el ente investigador está ad portas de iniciar el juicio contra David Portilla, Inacon está a la cabeza de esta obra en San Andrés, que lleva 78 días paralizada por orden del Invías. Espere la tercera y última entrega de este especial, en la que El Espectador le contará quiénes son los contratistas cercanos al Centro Democrático que se quedaron con la reconstrucción de San Andrés, en la era Duque.
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Por David Escobar Moreno
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