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La acusación contra María Isabel Urrutia
En la tarde del próximo 15 de febrero la exministra del Deporte y medallista de oro olímpica María Isabel Urrutia será acusada. La antigua integrante del gabinete de Gustavo Petro será llamada a juicio por graves irregularidades en la contratación mientras estuvo a la cabeza de esa cartera ministerial, hoy envuelta en un escándalo por perder la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, inicialmente adjudicados a Barranquilla. Urrutia, dice el expediente, firmó 106 contratos de manera irregular días antes de salir del cargo por órdenes del propio presidente.
La agenda con los elenos
Todo está listo para que la próxima semana comience, en La Habana (Cuba), el sexto ciclo de negociación entre el gobierno Petro y la guerrilla del ELN. No obstante, hay mucha expectativa por los ánimos entre las partes, ya que vienen de sortear duras tensiones por asuntos espinosos, como el secuestro y lo que esa guerrilla llama la necesidad de financiarse. El antecedente es que el comunicado del Gobierno tras los 13 días que estuvo plagiado Luis Manuel Díaz, papá de Lucho Díaz, no cayó nada bien entre los elenos y eso dejó asperezas en la mesa. Por eso, lo primero que harán las partes en esta nueva fase de conversaciones es definir una agenda por tratar y, de entrada, se sabe que el secuestro y las fuentes de ingresos lícitas para la tropa ilegal estarán en las temáticas. Pero víctimas y justicia transicional, entre otros asuntos de fondo, seguirán en el congelador.
Dos frentes frenados
En este 2024 el Gobierno también quiere destrabar los acercamientos con la disidencia de Iván Márquez, conocida como Segunda Marquetalia, y con el Clan del Golfo, que se autodenomina AGC, pero el asunto está muy frío. Fuentes enteradas aseguraron que si bien el ahora excomisionado de Paz Danilo Rueda logró avanzar en los contactos, desde hace algunas semanas ese relacionamiento se estancó. Con la disidencia de Márquez sigue el lío de si se les dará o no reconocimiento político pese a ser desertores del proceso de paz con las FARC, y con el Clan se mantiene el problema de que no hay una ley de sometimiento colectivo que permita darles gabelas que motiven su desmovilización. El Ejecutivo es aún muy escéptico, aunque no quiere desfallecer, con estas dos organizaciones criminales.
Hollman y el Ministerio de Trabajo
El Ministerio de Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez -militante del Partido Comunista-, ha sido objeto de críticas por lo que algunas voces llaman “silencio cómplice” por las denuncias de acoso, incluido el laboral, que se han conocido contra Hollman Morris, quien está al frente de los contenidos noticiosos de RTVC y es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Lo cierto es que las denuncias ya se radicaron ante la Procuraduría y, desde la cartera ministerial, han hecho saber en diversos escenarios que para este caso en concreto no tienen en un principio competencia jurídica y que, así hagan seguimiento al tema, no pueden violentar el debido proceso. La razón es que Morris es funcionario y, por eso, la primera parte del proceso investigativo recae sobre el Ministerio Público.
Se mueve el expediente Petro
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya definió la fecha para retomar las investigaciones por posible financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro. En efecto, el próximo jueves 25 de enero está citado a declarar el empresario Euclides Torres y será el primero de varios testigos que están siendo citados para definir ese expediente. Torres, de acuerdo con el acervo probatorio, ayudó a levantar dinero para la primera y segunda vueltas de la campaña presidencial de Gustavo Petro y tendría información sobre la ruta de la plata que entró y, en especial, sobre su origen. Lo que quieren dilucidar los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) -quienes tienen a su cargo el proceso- es si hubo o no ingreso de plata mal habida en la campaña. Habría decisión durante este primer trimestre.
Alarcón aún tiene mucho por contar
El actor Santiago Alarcón, quien por estos días coprotagoniza “Arelys Henao, aún queda mucho por cantar”, recuerda que durante el estallido social de 2019 y tras haber sido una de las figuras de la industria del entretenimiento que asumió como propias las banderas de las movilizaciones y salió a las calles, varios proyectos actorales que estaban cocinándose le fueron cancelados por cuenta de sus posturas políticas. No se arrepiente y dice que entiende a las marcas que tomaron esa decisión. “Si a uno le van a decir mamerto y eso afecta a una marca, entiendo que se quieran alejar, pero para mí hubiera sido peor callarme. Los contratos se van, también el dinero. Pero, ¿qué hubiera pasado conmigo? No podía callar”, dijo en una entrevista que próximamente se publicará en El Espectador.
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